La Legislatura de La Rioja aprobó este miércoles el proyecto que envió Ricardo Quintela para emitir el Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE), la cuasimoneda de la provincia que el gobernador usará “con el objetivo de cubrir una parte del salario de los trabajadores de la administración pública”.
El peronismo local tenía una mayoría de 32 bancas de 36 y este miércoles la Legislatura aprobó que la administración riojana emitiera BOCADE por $22.500 millones. El presiente Javier Milei había avalado la iniciativa porque considera que funcionarán como "una evaluación de mercado de la calidad del Gobierno que la emite", pero había advertido que "de ningún modo van a ser rescatadas por el gobierno nacional".
La ley aprobada establece que el Ejecutivo riojano debe acordar con el Banco Rioja “u otras entidades bancarias de plaza, la forma y modalidad de acreditación en cuenta corriente o caja de ahorro u otra forma de depósito bancario, de los importes depositados” en bonos, aunque no define si serán físicos o digitales. También establece que las tres funciones del Estado (municipalidades, empresas y entidades descentralizadas, autárquicas) están obligadas a aceptar la cuasimoneda “en cancelación total o parcial de sus créditos en dinero”.
“El gobierno nacional obliga a esto por la crueldad del ajuste que precipitó en 20 días. Esto generó que cuando la gente fue a cobrar el salario, ya no llegó a fin de mes”, había señalado Quintela en Radio 10 antes de la aprobación y había considerado que el Ejecutivo nacional pareciera tener "un plan para desestabilizar a los gobiernos" provinciales.
El mandatario también desmintió la versión de Milei de que en el pasado el Gobierno haya rescatado las cuasimonedas de La Rioja. “La rescatamos nosotros. El respaldo del bono está realizado con la provincia, no le pide a la Nación el rescate del bono, creo que se confunde. La provincia de Buenos Aires pudo haber pedido, pero nosotros nunca le pedimos a Nación el rescate de los bonos”, explicó Quintela.
La aprobación de la cuasimoneda se da en el marco de un enfrentamiento jurídico del mandatario riojano con el Presidente por una deuda por coparticipación de $9.300 millones.