Parte de la dirigencia empezó a mirar hacia el noroeste. El peronismo que busca desesperadamente la piedra fundacional de la reorganización después de la derrota se sorprendió con el intento del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, de plantarse como una voz opositora a la administración de Javier Milei. El riojano no tardó en recibir invitaciones y pedidos de reuniones.
Juan Grabois fue uno de los primeros en hacerlo público. A fines de la semana pasada, el dirigente social convocó a sus diputados a una reunión con Quintela, de la que participaron también los legisladores riojanos. Le dedicó elogios por su postura frente a la Casa Rosada y por el proceso de reforma constitucional que avanza en la provincia.
No fue el único interesado en ver al riojano. El exintendente de San Antonio de Areco y fundador del Movimiento Arraigo, Francisco Paco Durañona, hace tiempo que sigue de cerca el desempeño de algunas empresas públicas de La Rioja y encontró en los últimos movimientos de Quintela la excusa para el mensaje que le hizo llegar a través del exsenador Jorge Yoma.
Como Durañona, otro exintendente, el bonaerense Juanchi Zabaleta, derrotado por La Cámpora en la interna de Hurlingham, activó los contactos con Quintela. El espíritu de las conversaciones versa sobre la necesidad de generar un espacio de diálogo en el peronismo que tenga mirada federal y que no esté hegemonizado por el cristinismo.
“Debemos construir un nuevo movimiento con eje en el interior, el federalismo, los municipios y salir de la lógica conurbanesca. Ese encierro perjudicó mucho, además de ser un elemento de fragmentación nacional y fuente de inequidades. No se puede gobernar la Argentina dependiendo de la Tercera Sección Electoral”, dice Durañona, en diálogo con Letra P.
El riojano dio la primera sorpresa la última semana de diciembre, después de participar del encuentro que las bancadas legislativas de Unión por la Patria (UP) tuvieron con gobernadores en el Congreso para discutir el polémico decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 de Milei. Quintela, Axel Kicillof, Sergio Ziliotto y Gildo Insfrán encabezaron los discursos junto a los jefes de bloque, Germán Martínez, José Mayans y Juliana Di Tullio. Mientras estaban reunidos, el Ejecutivo envió a Diputados la ley ómnibus.
“El Gitano” no lo anunció en esa cumbre, pero dos días más tarde presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de certeza para pedir la declaración de inconstitucionalidad del DNU. Lo hizo con el patrocinio letrado del excortesano Raúl Eugenio Zaffaroni y de Raúl Ferreyra. El máximo tribunal lo tratará el tema en febrero, después de la feria judicial.
Para el riojano fue un golpe de efecto que generó la atención del peronismo. La jugada siguió el 2 de enero, cuando Quintela planteó que el peronismo debía hacer borrón y cuenta nueva para empezar a ordenarse. “Hay que dictar una suerte de amnistía para que todos los peronistas vuelvan y nos juntemos en una gran mesa con conducción horizontal”, dijo en diálogo con Futurock. El riojano le dedicó además, una frase a Alberto Fernández, titular del Partido Justicialista (PJ), instalado por un tiempo en Madrid. “No está ejerciendo esa presidencia, no está en el país, no creo que se ofenda si conformamos una mesa que conduzca”, dijo.
La propuesta de Quintela de armar una mesa federal y horizontal ya tiene eco en el resto del peronismo que busca consolidar una alternativa que no esté bajo el mando único de Cristina Fernández de Kirchner, aunque el cristinismo mantenga su porción de poder. “Ricardo también sacó el bastón de mariscal que cada peronista lleva en la mochila”, apuntan cerca del gobernador. Una jugada audaz en tiempos de pase de facturas tras la derrota y ahogo financiero de las provincias.
Quintela está en línea permanente con Kicillof, otro protagonista de la nueva etapa que también está llamado a liderar la oposición peronista por la sola dimensión e importancia de la provincia que gobierna y las dificultades económicas que le tocará atravesar en el desierto mileísta. Kicillof no sólo tiene que lidiar con las dificultades de la administración y la falta de diálogo con Milei, sino también con las internas del kirchnerismo en su propio distrito.
Como contó este portal, el peronismo se dirime entre el llamado a la acción o la espera hasta que la sociedad ingrese en un proceso de desencanto con el Gobierno. En La Rioja, Milei se alzó con el 53,72% de los votos en el ballotage. El libertario y el gobernador comparten electorado. El 7 de mayo, Quintela fue reelecto con el 50,63% de los votos, al derrotar -entre otros- al candidato de LLA, Martín Menem, que hoy está en la línea de sucesión como presidente de la Cámara de Diputados.
Después de la feria judicial, La Rioja presentará una nueva demanda ante la Corte Suprema. Esta vez, será para reclamarle a la Nación el pago de $ 9.300 millones actualizados que corresponden al Presupuesto 2023 y que no fueron transferidos a la provincia.
La deuda corresponde a una parte del punto de coparticipación que La Rioja perdió en 1988, cuando se sancionó la ley 23.548 que dispuso el reparto de los recursos entre las provincias. Desde tiempos de Fernando de la Rúa, La Rioja recibe ese monto vía Presupuesto. Cada año, el gobernador y los legisladores de la provincia peregrinan por el Congreso para lograr que las Cámaras incluyan el monto en la ley de leyes.
La ley de Presupuesto 2023 estableció una asignación de $ 47 mil millones a favor de La Rioja, que debían ser transferidos en 12 cuotas mensuales equivalentes. El 27 de diciembre, Quintela le reclamó al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, la deuda de 9.300 millones que dejó pendiente la administración de Fernández.
Ahora, la demanda que presentarán los abogados Yoma y Andrés Gil Domínguez también le pedirá a la Corte que establezca una modalidad definitiva para que la provincia deje de recibir la coparticipación de forma mixta, una parte por “goteo diario de fondos” y otra suma incluida en el Presupuesto.
En paralelo, Quintela avanza con la decisión de emitir cuasimoneda en su provincia para poder afrontar el pago de salarios de empleados públicos, que ya dieron inicio a protestas por la falta de pago. El proyecto ingresó este martes a la Legislatura provincial y propone designar los papeles con el nombre de BOCADE (bono de cancelación de deudas), que circularían mientras la provincia intenta cobrar los fondos que le adeuda la Nación.
Se trata de la misma denominación que la cuasimoneda riojana tuvo en 2001, durante el gobierno de De la Rúa. Seis años antes, en 1985, con Carlos Menem como gobernador, La Rioja también había tenido su propia moneda. Se trataba del CECADE (certificado de cancelación de deuda), que se utilizó para pagar parte de los sueldos del personal estatal y circulaba a la par del austral.
"Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia, las cuales, les quiero señalar, a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el gobierno nacional", afirmó Milei, en un posteo este martes por la noche, al comentar la noticia de la posible cuasimoneda riojana.
Este lunes, Quintela anunció el otorgamiento de un bono de $ 80 mil a todos los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública provincial, y de $ 50 mil para otros actores económicos vinculados con el Estado.