CONGRESO I DIPUTADOS

Ley ómnibus: emergencias y privatizaciones, los aspectos más polémicos que quedan

Milei quiere facultades delegadas y vender empresas públicas. Financiamiento electoral, reforma de los Códigos, biocombustibles y pesca prometen un largo debate.

Sin el capítulo económico y fiscal, el proyecto de ley ómnibus de Javier Milei perdió los artículos que mayor tensión generaron entre el Gobierno y la oposición dialoguista, pero quedan otros sin consenso que animarán el debate legislativo del próximo martes. Los principales son las declaraciones de emergencias, la habilitación para privatizar empresas públicas y el financiamiento electoral, temas en los que hay reparos de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal (partidos provinciales), las fuerzas que tienen la llave del cuórum. Además, los potenciales aliados insisten en revisar los capítulos de energía, pesca y biocombustibles; en corregir la reforma penal y en borrar del texto las modificaciones al Código Civil y a políticas ambientales, culturales, de salud y de educación.

Los dialoguistas festejaron como un éxito propio el anuncio del ministro de Economía, Toto Caputo, sobre la eliminación del proyecto de los artículos que serían rechazados en la votación en particular, como el aumento de las retenciones a las exportaciones, el blanqueo y la nueva movilidad previsional. Ninguno de ellos iba a ser aprobado y ocuparían buena parte del debate legislativo. “Es una decisión acertada. Todos coincidimos con la necesidad de equilibrio fiscal, pero los medios para alcanzarlos tienen que ser equitativos y razonables”, sostuvo el jefe del bloque UCR, Rodrigo De Loredo.

Por HCF habló el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. "Vamos a apoyar las herramientas que necesita el gobierno. Es indispensable que sigan convocando al diálogo", celebró. El anuncio de Caputo tiene un costado implícito que no es ignorado en el Congreso: con el retiro del capítulo económico, también se cancelan las negociaciones de las provincias para sumar fondos a sus distritos, que se habían acelerado la última semana con la visita de funcionarios al Congreso.

Emergencias, adentro

Segundos después del anuncio de Caputo, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió sobre una trampa. "Milei sólo quiere superpoderes (facultades delegadas). Es el corazón de la ley", denunció. El proyecto original contemplaba 11 declaraciones de emergencias por dos años, con la chance de prorrogarse por dos más. De esta manera, Milei quería gobernar sin pedirle ayuda al Congreso.

Como parte de la negociación con la oposición, Milei aceptó acotar las emergencias por un año y eliminar la de Defensa y la de materias sociales. La UCR no se conformó y en su disidencia parcial sostuvo que también debían borrarse las de salud y la previsional. Además, solicitaron que en la tarifaria, se sostenga el compromiso de respetar el marco regulatorio vigente; y la de seguridad tenga un alcance menor. Al menos hasta ahora, el Gobierno tendría asegurada por un año las emergencias en materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. No es poco.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgerpmartinez%2Fstatus%2F1751029601604632693%3Ft%3DmDgRRRqp3CEusWSUvlkaPw&s=19&partner=&hide_thread=false

El tema divide a la oposición dialoguista y es una moneda al aire. La Coalición Cívica, que tiene seis votos e integra HCF, firmó un dictamen en el que rechaza todas las emergencias. Sus compañeros de bloque, como Miguel Pichetto, son más propensos a hacer la vista gorda en este tema.

Privatizaciones también ocupará varias horas del debate legislativo. El Gobierno sólo aceptó quitar del listado de empresas públicas a vender a YPF y garantizar el control mayoritario del Estado en el Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica, que además conserva la mayoría de sus responsabilidades en manos del gobierno de turno. En total, Miliei pide autorización para vender acciones de 39 empresas públicas.

En el dictamen se propuso que cada caso se estudie en la Comisión Bicameral de Privatizaciones. La UCR quiere que, además, las privatizaciones deban aprobarse en los recintos. El radicalismo tampoco acepta que el Banco Nación venda una acción. En HCF exigen salvar otras empresas como Yacimientos Mineros Agua de Dionisio.

El Gobierno aceptó borrar los capítulos troncales de la reforma electoral (votación por sistema de circunscripción uninominal para elegir los miembros de la Cámara de Diputados y nueva composición del recinto), pero mantuvo uno que no pasa el filtro de la UCR: la eliminación del tope de financiamiento privado en las campañas políticas. Milei lo defiende.

Sorpresas y temas postergables

Hay otros fragmentos del proyecto que encenderán el debate legislativo como las reformas en las regulaciones de la energía, los biocombustibles y la pesca. El ministro del Interior, Guillermo Francos, le prometió a gobernadores que serían revisados, redactó textos alternativos pero no aparecieron en el dictamen. Quienes representan a las provincias afectadas deberán optar entre reescribir los artículos sobre estos asuntos o eliminarlos, para evitar sorpresas en una futura reglamentación.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdanyatavela77%2Fstatus%2F1751021764786725218&partner=&hide_thread=false

En la oposición dialoguista no están de acuerdo en sostener temas del proyecto que no consideran urgentes y resultan polémicos. Uno es la reforma del Código Civil, una obsesión de Federico Sturzenegger, el redactor del texto. Hay un consenso en eliminar este apartado y debatirlo en sesiones ordinarias, con formato de proyecto de ley. Posturas similares hay sobre los capítulos de ambiente (reforma de la ley de glaciares y de bosques), cultura (recortes al financiamiento del Incaa y el Instituto del Teatro, educación (habilitación de los sistemas a distancia).

El apartado de seguridad interior tampoco tiene pleno consenso. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insiste con penar a personas que se reúnan en espacio público. La única diferencia entre el dictamen y el proyecto es que elevó el límite de tres personas a 30.

La oposición dialoguista comparte su propuesta para aumentar penas por interrumpir el espacio público, pero hay reparos con la obligación de informar al Ministerio de Seguridad las manifestaciones y castigar a sus organizadores. Los juristas de la UCR entienden que, si protestar no es un delito, no puede ser penalizado. No llegaron a explicárselo a Bullrich.

El proyecto, que quedaría con poco más de 400 artículos, tiene otros aspectos polémicos que, sin el capítulo económico en el debate, cobrarán relevancia. Por caso, Danya Tavela, de la UCR, se preguntó porqué había que votar para desregular el precio y habilitar la reventa de entradas de fútbol, artículos que casi no se debatieron en la comisión. Se discutirán en el recinto.

Federico Sturzenegger
Toto Caputo

También te puede interesar