Se adelantó al nuevo protocolo, puenteó a la Justicia Federal y allanó un local de cannabis en Santa Rosa. Reto fiscal, recursos escasos, desinformación y show.
La ministra Patricia Bullrich le da más poder a la Policía Federal: en La Pampa, la fuerza ya "punteó" a la Justicia.
La Policía Federal (PFA) de Patricia Bullrich jugó al anticipo en La Pampa. Hizo por su cuenta un operativo sin precedentes salteando a la Justicia Federal antes de la vigencia de las nuevas facultades que le concedió el presidente Javier Milei y dejó en una posición incómoda hasta al polémico juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric.
Antes de que entrara en vigencia la nueva “Doctrina Bullrich” que anunció el gobierno nacional, la PFA secuestró, sin la autorización del magistrado ni de la Fiscalía, semillas y plantas de marihuana en un antiguo y prestigioso local comercial especializado en cannabis. Además, la Federal metió la pata, según el dictamen de la fiscala Iara Silvestre, que determinó la inexistencia de delito y pidió la devolución de todo lo secuestrado a sus dueños.
Baric quedó mal parado, sin tener siquiera información sobre el expediente. Él mismo reveló que nunca desde que es juez se había producido un operativo de este tipo sin intervención judicial. Sin lavarse las manos del todo, tomó distancia del asunto y confirmó que la responsabilidad del trámite es del Ministerio de Seguridad.
El Gobierno oficializó esta semana la resolución que autoriza a la PFA a hacer patrullajes digitales, requisas y detenciones sin intervención judicial, medidas cuestionadas por la oposición, especialistas y organismos de Derechos Humanos.
La movida se produjo durante el último fin de semana largo, en horario comercial. Fue visible y aparatosa, en pleno centro de la capital provincial y con intervención de varios móviles y uniformados. Según Baric, no fue técnicamente un “allanamiento”, justamente porque no contó con aval judicial.
Sin embargo, como se secuestró material por un valor estimado en dos millones de pesos, los propietarios del local Pampa Fértil hicieron su propia presentación judicial e interpretaron que “si no hubo un allanamiento, lo que hubo fue un robo”.
La PFA esgrimió como argumento que ingresó al grow shop casi de casualidad y observó los registros habilitantes del material de cultivo y para la venta. Consideró que había plazos vencidos, pero la fuerza a cargo de Bullrich actuó con desconocimiento de que el propio gobierno había prorrogado la vigencia de ese tipo de licencias.
Así lo determinó el dictamen de la Fiscalía, que tampoco disimuló el disgusto por el modo en que la PFA “puenteó” a la Justicia.
Baric prefiere no chocar con la Federal, desde hace años. Es un juez de relativo alto perfil, que tuvo cargos políticos y causas de visibilidad pública, con protagonistas pesados.
Con todo, en esta ocasión, la PFA de Bullrich lo dejó pagando. Cuando el primer día hábil de la semana tuvo que dar explicaciones a los medios sobre el repentino e inconsulto operativo de la Federal durante el fin de semana, tuvo que admitir que la fuerza lo tenía desinformado.
Confirmó plenamente que la Federal actuó por su cuenta, en zona que consideró liberada. “Juro que lo único que tenemos son conversaciones telefónicas, no hemos tenido la posibilidad de agarrar el expediente", dijo.
Durante el operativo, la PFA contó que estaba en comunicación telefónica con el juez y que el magistrado ordenaba el secuestro. En realidad, el contacto había sido con una secretaria.
Baric fue más allá. “No sé qué decir, no estuve ahí para ver cómo fue el procedimiento… no estuve presente en el lugar, no lo ordenamos nosotros, no sé si fue un show o no”, dudó y advirtió: “Ahora tenemos que chequear si esto es verdad o no". El rol de la fiscal también fue ninguneado, aunque en ese caso no es la primera vez.
La contracara de la Federal en La Pampa es que, pese a las bajadas de línea ministeriales, las autoridades locales advierten la escasez de recursos humanos, de equipamiento y presupuestario.
El operativo fue literalmente extraordinario. Pampa Fértil funciona hace 13 años en el mismo lugar y jamás tuvo algún tipo de observación. La persecución es leída en los propios estrados judiciales como una consecuencia directa del clima de envalentonamiento que el ministerio le facilita a la PFA.
Los propietarios del local son docentes universitarios, reconocidos profesionales y divulgadores de información sobre cannabis. Daniel Oliveto escribió un libro sobre el tema, Abordaje interdisciplinario del Cannabis, y es convocado de manera recurrente para exposiciones pedagógicas sobre la temática. Ayelén Vitale recibió el premio como Joven Empresaria Pampeana, justamente en reconocimiento al emprendimiento cannábico.
Desde hace años impulsan la regulación de la venta, pero además aportan en la investigación y proponen incentivar la producción para generar trabajo, a la luz de los proyectos que durante el gobierno de Alberto Fernández se trataron en el Congreso y derramaron de modo concreto en algunas provincias.
La Federal les llevó 40 paquetes de semillas y 26 plantines que -casualmente- les habían llegado el día anterior al operativo. Les labraron una infracción a la Ley de Drogas, pese a que el responsable del lugar tiene el Reprocann en las condiciones establecidas por las normativas, para la tenencia de plantas. El comercio a su vez tiene la categoría F del Instituto Nacional de Semillas (INASE).
Esos registros se renovaron en marzo. Luego se prorrogaron hasta el 31 de mayo y el 2 de junio el gobierno resolvió otra prórroga hasta el 31 de julio. La PFA actuó como si desconociera ese último trámite.
Además, según explicó la Fiscalía, si hubiera existido una demora por parte del Estado en aprobar una habilitación que se registra año tras año, eso no significa incurrir en un delito. La Ley de Drogas tiene que demostrar el dolo de tráfico, y eso no se vincula a un negocio habilitado, sino a otra serie de circunstancias ilícitas.
Como parte de su actividad profesional, Oliveto y Vitale llegaron a presentar ante el INASE la primera variedad de semilla local, la “Lemmon Pamp”, adaptada a la región semiárida de la provincia.
“Tenemos todos los papeles en regla, legalidad absoluta”, dice Oliveto a Letra P. Completa Vitale: "Lo que queremos es seguir trabajando. Los registros no son gratuitos y el laburo genético también implica un gasto, de tiempo e intelectual. Pedimos reglas claras, el cannabis es una industria como cualquier otra y genera empleo”.
Advierten además sobre la consecuencia directa del accionar persecutorio. El grow shop es uno de los únicos puntos de acceso al cannabis legal que hay en Santa Rosa y en gran parte de La Pampa. Los usuarios medicinales quedan ahora a merced del mercado ilegal, de semillas ilegales y de plantas sin control.