El STJ archivó la idea que proponía una mayor "eficiencia" en la Justicia provincial. Rechazo corporativo y sindical, internas y pase de facturas.
El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa: Verónica Campo, Eduardo Fernández Mendía, José Sappa, Hugo Díaz y Fabricio Losi.
El Poder Judicial de La Pampa intentó una patriada y le falló la muñeca política. La propuesta de eliminar la feria en búsqueda de “eficiencia”, para “garantizar el servicio de justicia todo el año”, naufragó a poco de haber zarpado, con una mochila en la que se cargan costos de distinto tipo.
El Superior Tribunal de Justicia quedó recalculando y tuvo que dar marcha atrás con su idea de eliminar la feria judicial, que ni bien nació fue torpedeada por las corporaciones y por el sindicato que representa a trabajadores y trabajadoras del sector.
Aunque se trataba de un proyecto de ley, la política no asomó. Ni el Ejecutivo ni la Legislatura tuvieron intervención alguna, por lo que los reproches de la fallida iniciativa se reparten en una justicia agrietada, en la que desde ya no faltan ni internas ni pases de facturas.
La propuesta de una discusión no cerrada la presentó el STJ en pleno, aunque uno de los cinco ministros manifestó internamente su disidencia. El tema se charlaba desde hace años, pero siempre al paso, sin verdaderas intenciones de aplicarlo. Hubo un par de experiencias fallidas en otras provincias, como San Juan y San Luis, en este último caso a instancias de un proyecto del Ejecutivo.
En La Pampa, la que dio la cara en defensa de la propuesta fue la más nueva del organismo, Verónica Campo, única integrante designada por el gobernador Sergio Ziliotto, ya que el resto del STJ viene de antes.
Campo llegó a plantear que la feria judicial “es un privilegio” y le salieron con los tapones de punta desde varios flancos. Sus pares la mandaron al frente y no aparecieron públicamente, y cuando sí lo hizo el presidente Eduardo Fernández Mendía fue para que se entendiera que quedaba desactivada la idea.
Fernández Mendía lamentó la "mucha desconfianza" que se generó. Los ministros Hugo Díaz, José Sappa y Fabricio Losi sólo tuvieron participación interna, no visible.
Tanto en los palacios judiciales como políticos, actores centrales de la historia juran que no hubo intenciones ocultas ni roscas bajo la mesa, aunque sí la pretensión de mejorar la imagen del Poder Judicial con el relato de un “servicio todo el año”. Esa inquietud le quita el sueño a más de una de las referencias centrales del sistema judicial. Y el STJ reconoce la existencia de una mora de justicia en el área Civil.
La búsqueda de “eficiencia” contempló la abolición de la feria como uno de los puntos posibles, pero el contexto no ayudó a que se aceitara la propuesta.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) rechazó la avanzada y la consideró un ataque a derechos conquistados. Logró además el respaldo de la Federación Judicial Argentina.
El gremio judicial viene protagonizando altos conflictos, derivados del achatamiento salarial y por otras demandas laborales. En un contexto donde además las políticas nacionales avanzan sobre derechos y vacían el bolsillo, ese horno no estaba para bollos, aún cuando la iniciativa iba a atada a otros puntos que podían ser favorables para el sector, como algunos cambios de horarios.
Pero la ofensiva, más que ir sobre el personal, fue sobre autoridades y jerarquías. En el marco de esa grieta judicial, las corporaciones se pararon de manos enseguida, sobre todo el área Civil. El Colegio de Abogados lo hizo público, el Colegio de Magistrados envió una nota en tono severo acusando al STJ por su “demagogia”.
Esos mismos sectores habían pataleado cuando el año anterior el STJ los quiso sumar a un "aporte obligatorio" con el que el gobierno provincial nutrió las partidas para comedores cuando desaparecieron los fondos nacionales. Esta vez, ante la amenaza de abolir la feria, hubo otra rebelión en la casta.
Sólo la Asociación de Fiscales dio un guiño positivo, mientras que el sector que agrupa a las Defensorías hizo una tibia aparición señalando los pro y los contra de la hipotética medida.
Un argumento que se escuchó es que las ferias judiciales generan en ocasiones una distorsión con los días de descanso, porque los funcionarios que trabajan durante ese período de enero y julio luego acumulan días para sus vacaciones y a veces se genera una acumulación de jornadas de descanso que traban la rueda judicial diaria.
Se escuchó el ejemplo de jueces que tienen unos 300 días a tomar, o el del encargado de un área que tiene el récord de 430 días acopiados. Son excepciones y no la regla, pero después las ausencias afectan al sistema, generan retardos u obligan a la designación de sustitutos.
Este jueves, el presidente del STJ definitivamente le bajó el pulgar al proyecto. "Por ahora vamos a estudiar otras alternativas frente a la mora judicial, no vamos a insistir. Ha quedado desactivada y además, tampoco creemos que sea una solución unilateral”, admitió Fernández Mendía.
Dejó a la luz las diferencias entre el ámbito penal (“la provincia es una de las más rápidas en todo el país”) y el civil (“hay gran cantidad y complejidad de litigios”).
Reconoció la falta de muñeca política en el proceso, porque además después había que sortear a la Legislatura: “no era sencillo, y tiene que haber consenso. Creo que se habló mucho de la palabra ‘eliminación’, cuando la idea era pensar en otras alternativas también. Por ahora eso es un tema que dejamos en el frezzer", completó.
“Admitimos que los intentos que hubo antes en el país no han sido buenos”, añadió. “Nos pasó como a (Juan Carlos) Pugliese hace muchos años: 'les hablamos con el corazón y nos contestaron con el bolsillo'”, redondeó en broma y en referencia al ministro de Economía de Raúl Alfonsín.
La cuestión salarial no es menor, porque sumada a otros factores propios de la época y del sector, como el desgaste laboral o episodios de stress, ha provocado renuncias o pasos al costado de los operadores que afectan el funcionamiento del sistema.
Este año están en trámite alrededor de 70 retiros, un número muy superior a los años previos. Hay renuncias de médicos forenses que provocan serios huecos en el funcionamiento.
También empieza a notarse cierto desinterés por cargos altos: los concursos convocados para integrar Cámaras, por ejemplo, ya no seducen a personas de trayectoria aquilatada.
