Las pymes del sector buscan resistir contra la alianza que timonean Santa Fe y Córdoba. Sergio Ziliotto banca a las empresas locales. El aval del PRO.
En La Pampa hay dos importantes plantas de biocombustible, en las localidades de General Pico y Catriló. Producen unas 100 mil toneladas anuales.
En La Pampa,el gobernador, Sergio Ziliotto, y las firmas del sector de los biocombustibles están en la misma vereda: sostienen que la ley que pretende modificar de raíz el negocio privilegiará a las grandes empresas de Santa Fe y Córdoba. Hasta se produce el milagro de una coincidencia entre el PJ y el PRO en el Congreso.
En el gobierno y en el conglomerado de pymes del sector creen que la nueva ley de biodiesel que empuja la denominada Liga Bioenergética tiene nombre y apellido: Maximiliano Pullaro. Afirman que el gobernador santafesino busca que su provincia se quede con todo el mercado interno del agrocombustible. De hecho, dicen que ya lo había intentado cuando se trató la Ley Bases, aunque el proyecto actual logra concentrar los intereses de las grandes aceiteras, las pymes o pseudo pymes situadas alrededor del puerto rosarino.
Una alianza con Martín Llaryora les permitiría a las dos provincias de la zona núcleo repartir el negocio de la “bioeconomía”: Córdoba se quedaría con la producción de bioetanol y el liderazgo de la región Centro en torno a la industrialización de la biomasa, entienden en La Pampa.
Como contó este medio en julio pasado, cámaras de biodiesel y bioetanol armaron una foto para escenificar el apoyo a los cambios en la normativa. Participaron la Cámara de Bioetanol de Maíz, el Centro Azucarero Argentino de la región norte, la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) y la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer).
La Cámara de Empresas PyME Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) que nuclea a las pymes de La Pampa, San Luis, Buenos Aires y Entre Ríos, rechaza cualquier modificación al régimen actual.
En La Pampa, entre enero y julio de 2024, Enresa produjo 22.119 toneladas de biodiesel y Pampa Bio, 21.184 toneladas. Las empresas ubicadas en Catriló, frontera con la provincia de Buenos Aires, y la norteña General Pico, respectivamente, tienen entre ambas una capacidad anual de 100 mil toneladas.
Tomás Lorda, presidente de la cámara y titular de Enresa, asegura que mantienen conversaciones con varios sectores. Por su parte, Ziliotto le adelantó a Letra P que su gobierno comparte el rechazo a la ley y que las autoridades de la Secretaría de Energía provincial se reunirán con la cámara en los próximos días.
“Si esta ley llega al recinto, esperamos que sea rechazada. Es un retroceso de la política y del sector, sobre todo porque perjudica a provincias que tienen mucha potencia”, dice Federico Martelli, empresario bonaerense y director Ejecutivo de Cepreb.
En la línea de los rechazos, el diputado por el PRO Martín Maquieyra afirma que “esta misma Liga quiso poner en la Ley Bases el proyecto y nosotros nos opusimos. Estamos en contra porque no tiene en cuenta a La Pampa. Es una modificación para los que están cerca del puerto que perjudica a los del interior en biodiesel. En bioetanol suele haber más consenso”.
Su par peronista Ariel Rauschenberger cuenta que durante la reunión en la Comisión de Agricultura, “la Liga” impidió que la Cepreb hablara. “A Martelli no lo dejaron hablar. Vino Llaryora a decir que apoyaba la ley y a pedir que saliera rápido. Yo planteé que hablaban de federalismo, pero que ahí faltaban La Pampa, San Luis, Buenos Aires y Entre Ríos, que representan al 65% de todas las pymes de Argentina”, denuncia el diputado pampeano de Unión por la Patria ante la consulta de este medio.
Esta cuestión es una de las pocas, sino la única, en la que coinciden los dirigentes del PJ y el PRO pampeanos en el Congreso. Aún falta conocer la opinión del otro diputado PRO, Martín Ardohain, que cada vez está más cerca de las Fuerzas del Cielo y en esta oportunidad eligió no contestar.
En la Cepreb aseguran que la letra del proyecto santafesino fue escrita a varias manos. Citan a Explora, una compañía grande que juega dentro del régimen de las pymes; Patagonia Bioenergía, del Grupo Pérez Companc; Unitec Bio, de Eduardo Eurnekian y a Carbio, que es la cámara de aceiteras.
Martelli explica que “la ley de la liga es altamente regulatoria, corre los cupos y genera condiciones para beneficiar a Santa Fe”. Uno de los puntos nodales es que permite el ingreso de las compañías integradas, que son las que compran la soja, extraen el aceite y fabrican el biodisel.
Con la ley vigente, el agrocombustible de las firmas integradas se produce exclusivamente para la exportación. El caso es que la exportación es muy limitada, porque los países compradores tienen barreras arancelarias y paraarancelarias. La realidad es que tienen millones de toneladas de producción potencial ociosa.
“Se está exportando muy poco, entonces presionan para vender en el mercado local. Su proyecto aumenta el corte para la exportación, pero también entran al corte local y a las pymes las empuja a un sistema de supuesta libre competencia entre ellas. Es difícil explicarlo, porque la ley está planteada para que no se entienda”, afirma el empresario y exdirigente del Movimiento de Unidad Popular (MUP).
Según Martelli, la regulación actual no fomenta la libre competencia, sino el desarrollo productivo de las regiones porque las pymes ubicadas en torno al puerto de Rosario tienen ventajas logísticas sobre el resto. “El flete hasta la planta para esas empresas es prácticamente nulo, pero para una compañía de La Pampa, de San Luis o Buenos Aires es de 30, 40 o 50 dólares por tonelada. En 3.000 toneladas de aceite, que es lo que se compra en un mes, son 120 mil dólares de sobrecosto”.
En la Cepreb hacen números. “Para estar dentro del régimen actual se deben producir hasta 50 mil toneladas por año, pero hoy tenés plantas que pueden producir hasta 120 mil toneladas, que adhieren bajo el compromiso de producir hasta 50 mil. En el sistema que ellos proponen, el tope ya no es 50 mil, sino 120 mil”, explica Martelli.
“La ley asegura un pequeño porcentaje para todas, pero es un porcentaje que no justifica prender las máquinas. La consecuencia de esto es que las pymes santafesinas ganen todas las licitaciones y que las grandes aceiteras tengan su segmento", afirma en Cepreb y vaticinan que si la ley se modifica Santa Fe, que produce el 30% del biodiesel para el corte, pasará a producir el 80%.
La batalla por el mercado interno de los biocombustibles recién comienza.