El campo mastica bronca por la suba de la recaudación proyectada por retenciones. Preocupación por el rumbo de la micro. El pedido de un plan productivo.
Javier Milei proyecta recaudar el doble en 2025 con derechos de exportación.
Javier Milei presentó el Presupuesto en el Congreso.
Las entidades rurales de Córdoba no ocultan su desazón por la decisión de Javier Milei de continuar aplicando los derechos de exportación sobre sus productos para el año próximo, tal como se desprende del proyecto de Presupuesto presentado este domingo.
Aunque concuerdan con las consignas generales del gobierno, particularmente las que apuntan al déficit cero, desde la Mesa de Enlace destacan que la eliminación de retenciones es una de las promesas más repetidas desde la campaña electoral del pasado año.
Además del incumplimiento, en la misma línea anotan dudas sobre el texto que comenzó a discutirse este lunes y prevé duplicar los ingresos por derechos de exportación. La proyección no sólo indicaría que la eventual eliminación del impuesto podría posponerse sin fecha precisa; también alienta inferencias sobre una suba de las alícuotas.
Por encima de lo sectorial, aún compartiendo los ejes rectores de la macroeconomía, plantean dudas sobre la tolerancia de vastos sectores de la sociedad a un ajuste que se profundiza sin reactivación y sin un plan productivo a la vista, carencia cada vez más denunciada en tierras cordobesas.
Finalmente, esperan precisiones sobre la eliminación de otros tributos, que siguen percibiendo como una carga pesada sobre sus espaldas.
A las patronales rurales no las sorprendió el tono marcadamente fiscalista del discurso presidencial. “Sigue con su objetivo inalterable del déficit cero, achicando el Estado, algo con lo que coincidimos”, dicen desde la Federación Agraria.
Sin embargo, las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace local destacan la ausencia de medidas específicas para el sector durante la alocución en el Congreso. Siquiera una mención sobre las retenciones, cuya eliminación promete en cada acto con interlocutores del sector.
“Nos hubiese gustado que se incluya un cronograma de reducción de ese nefasto tributo, que hace una transferencia directa desde el interior al gobierno central y pone a los productores en una situación compleja para encarar la próxima campaña, en un escenario pos sequía, con precios internacionales a la baja, desdoblamiento del tipo de cambio e insumos a valor dólar”, analiza Javier Rotondo, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
“El presidente está muy ensimismado. A casi un año de gestión, aunque en lo discursivo se pondera a la actividad agropecuaria, en los hechos necesitamos una señal más clara de reducción de ese nefasto impuesto. Siempre vamos a condenarlas, no hay retenciones buenas o malas según qué gobierno esté de turno”, añade el también referente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez).
Desde la Sociedad Rural de Río Cuarto también manifiestan acuerdo con el rumbo hacia un Estado “más chico, eficiente, equilibrado, donde no se gaste más de lo que ingrese”.
Sin embargo, coinciden en barajar dudas y expectativas sobre el futuro. “No prometió nada para ningún sector. Pocos beneficios. Sigue la presión impositiva al privado. Será que quiere llegar al superávit, para luego comenzar a bajar impuestos”, barrunta Heraldo Moyetta, titular de la SRRC.
El mismo análisis indica que las retenciones podrían no tener un final cercano. “Mientras acomode la macro, no va a tocar los derechos de exportación, que son un recurso clave. La economía del país parece acomodada en base a ese impuesto de fácil recaudación”, amplía el representante rural.
La continuidad del tributo también parece garantizada por proyecciones presentes en el propio proyecto. Según un cuadro que acompaña la letra, el Ejecutivo prevé duplicar los ingresos por derechos de exportación, llevándolos de $5.3 billones a $10.7 billones.
Además de confirmar la vigencia de las retenciones, el dato arroja dudas sobre una eventual suba de las alícuotas. Sobre todo, considerando el valor del dólar proyectado para el año próximo, en orden a los $1.200, con un incremento de “sólo” el 20%.
“Esperamos que se refiera al incremento de productividad de otros sectores, como minería y energía, no por seguir recargando al sector agropecuario. Mucho menos por un incremento de las alícuotas vigentes. En todo caso, que haya un incremento de los volúmenes exportados, por el aumento del dólar y el achicamiento de la brecha”, concede Vanesa Padulés, de Coninagro.
“Salvo que aumenten las alícuotas no dan los números. Ojalá apunten al sector minero o a la energía. O al desarrollo de sectores hoy parados. Hay que darle oxígeno al agro”, añade Moyetta.
Esta especulaciones, matiza una economista cordobesa, redundarían en la vieja dinámica de tira y afloje entre los productores y el gobierno. “A los valores del dólar que prevé el presupuesto es difícil que haya mayor liquidación porque difícilmente los conforme”, apunta Graciela Treber.
Voces del Gobierno también justifican la posible duplicación de ingresos del sector exportador a partir de una recomposición de los precios internacionales de las commodities, hoy en el valor más bajo de las últimas dos décadas.
Las voces consultadas no mostraron el mismo optimismo. “Somos mucho más cautelosos. Apostar a un incremento en el valor de los commodities es una lejanía. Lo que necesitamos es certidumbre para que cambie la ecuación de costos y la rentabilidad del productor ahora, porque tenemos que recuperarnos de una pésima anterior campaña”, explica Rotondo.
La recuperación, remarca Padules, debe incluir una menor presión impositiva de un Estado “que impide mejorar las metas de volúmenes de producción del sector”. La misma vocera ubica, entre lo positivo, la desaparición del denominado “Impuesto País”.
La preocupación de las entidades del agro por la presión fiscal se extiende sobre un contexto social que reconocen como complejo. “Son tiempos difíciles. Tenemos esperanzas, pero también incógnitas. Mucha gente la está pasando mal y no se ve una reactivación en el corto plazo. Se han sincerado los roles del Estado, que debe ser eficiente. El cambio es grande, pero no sé si la gente tiene tiempo para seguir esperando una mejoría”, señala Moyetta.
“Un ajuste de este tipo no tiene medias tintas. Si no, volvemos a lo anterior. Hay convalidación social aún. Cómo será que habíamos tocado fondo que hay sectores que no la pasan bien pero todavía tienen capacidad de soportar este ajuste. Esa capacidad de aguante es la variable y hay que ver hasta cuándo llega”, coincide Rotondo.
La descripción deriva en un pedido coincidente, repetido ya en la Región Centro: “la manera de salir de la crisis es con un plan de desarrollo productivo, con hincapié en la mano de obra, que ponga el eje del interior a andar”.