Las organizaciones de productores del norte de Córdoba pegaron el portazo en la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) y expusieron la grieta que divide al campo en la provincia. El hecho político expuso las asimetrías en el sector que buscarán resolverse en el despacho de Martín Llaryora.
Después de tres años dominados por una sequía que golpeó duro, la llegada del fenómeno El Niño, y su lluvia en abundancia, fue recibida por el campo con gran expectativa. El clima contribuyó a una mejora en la producción de la campaña gruesa e inyectó un fuerte entusiasmo a los productores de trigo que están aprovechando la buena humedad en los perfiles para sembrar.
A eso se suma los buenos precios internacionales del cereal y la caída en el valor de un insumo clave como la urea. No es todo. Las precipitaciones también permitieron que productores ganaderos tengan forraje para sus animales y así evitaran reducir sus rodeos enviándolos a faena.
La otra cara del campo en Córdoba
Pero hay sectores que están lejos de pensar cuánto dinero tendrán cuando levanten la soja o cómo estará el precio del ganado en pie cuando sus novillos estén listos para la venta.
Se trata de productores que vienen sufriendo no sólo por la sequía y la llegada de los grandes pools de siembra. Se sienten postergados, también, por las políticas públicas de dirigentes que prestan atención y ponen su energía en los problemas de los sectores más pujantes.
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Martín Llaryora busca que las políticas nacionales no empañen su relación con el campo.
Aquellos productores se encuentran en la franja que abarca el norte y noroeste de Córdoba, donde la realidad es muy diferente a la del este, sudeste o sur, donde están las zonas más productivas.
Hay que indagar en aquella “grieta” para observar las razones por las que una serie de entidades rurales del norte cordobés, incluida la influyente Sociedad Rural de Jesús María, decidió alejarse de Cartez.
Quiénes pegaron el portazo en Cartez
Se trata de las rurales de Jesús María, Pampa de Pocho, Cruz del Eje, Villa Dolores, Asociación Civil De Productores Departamento Río Primero (Acipro) y Arroyito. Incluso, hay más entidades, aunque en lo formal, todavía no firmaron el acta de salida cuatro de las seis rurales.
No es poco. En total, abarcan 14 de los 26 departamentos de Córdoba y en territorio representan cinco millones de hectáreas.
Se habla de diferencias en la conducción de Cartez, de pedidos que nunca fueron escuchados y de negociaciones que demoraron hasta cinco meses sin llegar a puntos de acuerdo.
“Al final ya casi no había diálogo. El tema es que ellos nunca creyeron que nos íbamos a ir”, dijo un influyente productor de una de las rurales díscolas.
Es el mismo productor que pugna porque este grupo de rurales tenga más relevancia en la escena nacional bajo el paraguas de la poderosa Sociedad Rural Argentina.
Diferencias por sector
A diferencia del sur y del sudeste, zonas pujantes y ricas, donde la innovación tecnológica es una guía constante, al norte y noroeste de Córdoba hay productores que llevan adelante una actividad económica casi de subsistencia.
A los avatares climáticos, se suma una lamentable infraestructura que conspira contra cualquier actividad económico productiva. También, se vive del turismo rural.
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Además de caminos rurales intransitables, escasea el agua. Servicios como la electricidad son una utopía y la inseguridad comienza a preocupar. Pero la situación es más grave si se tiene en cuenta que han cerrado escuelas y muchas familias emigraron en busca de un futuro mejor cerca de las grandes ciudades.
“Hay productores que se instalaron en Córdoba capital, pero en zonas marginales, barrios humildes. Trabajan o atienden su pequeño negocio, pero sus hijos pueden caer en la droga y la delincuencia”, advierte un dirigente rural.
Hay otro tema que preocupa y son los incendios forestales. Sólo en 2020 se quemaron 350 mil hectáreas. Desde el norte y noroeste cordobés sostienen que la ley de Ordenamiento Territorial, que restringe el uso de suelo como método de conservación de bosques nativos, impide a los productores realizar acciones para evitar el fuego.
“Se pide que hagamos picadas perimetrales y limpiemos campos que están cerrados y no producen nada. Es muy caro hacerlo. Y encima la ley no permite que tengamos animales que son los que se comen todos los elementos combustibles. Hace unos 15 años, cuando nuestros animalitos estaban en esos campos, no había incendios”, contó a Letra P el presidente de la Sociedad Rural del Oeste, con asiento en Villa Dolores, Gaspar Larghi.
Si uno observa el mapa donde rige la referida ley 9.814, todo el noroeste de Córdoba es zona roja, es decir, son mayoría los bosques que no pueden tocarse.
El rol de Martín Llaryora en el conflicto
Aunque la dirigencia política está de acuerdo en que la ley debería modificarse, la presión y el miedo a los ambientalistas la mantiene inmóvil.
La ruidosa salida de las rurales cordobesas de Cartez no hizo más que poner sobre la mesa un tema del que ya se venía hablando tiempo atrás.
¿Cómo sigue esto? Por lo pronto, los dirigentes del norte y noroeste informaron que es inminente una reunión con el gobierno cordobés, con el que tienen buen diálogo a través del ministro Sergio Busso, y con Nicolás Pino, el titular de la Sociedad Rural Argentina, que los recibirá con los brazos abiertos.