Reclama diálogo y traga saliva ante la suba inminente de los derechos de exportación, pese al compromiso de campaña de LLA. Tractorazos, moda del pasado.
Asamblea de productores de la Sociedad Rural de Río Cuarto.
Foto: prensa SR. Martín Llaryora, Sergio Busso y los integrantes de la Mesa de Enlace Córdoba.
Foto: PrensaEl pedido a voces por la baja de las retenciones al campo sigue siendo uno de los reclamos más duros del gobierno de Córdoba a la gestión de Javier Milei. El gobernador Martín Llaryora y el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, fueron los primeros. La Mesa de Enlace adoptó una postura de abierta resignación, pero sostendrá el reclamo.
El cordobesismo no dudó en cuestionar en duros términos la decisión antifederalista del Presidente y del ministro de Economía, Luis Toto Caputo de suspender la baja anunciada en enero y restablecer desde julio las alícuotas que regían para soja, maíz, girasol y sorgo. Desde el campo, el sector más productivo y afectado de la región -en equivalentes proporciones-, avalan la queja, reprochan falsas promesas y apuestan al diálogo.
Cuando el Gobierno nacional anunció la rebaja de los derechos de exportación, los productores agropecuarios creyeron que era el inicio de un camino de baja paulatina de la retención. Con vasta desilusión no fue así.
Desde la Sociedad Rural de Jesús María, con Eduardo Riera a la cabeza, indicaron que, junto a la Sociedad Rural Argentina, refrendaron un amparo pidiendo la “inconstitucionalidad” de las retenciones “reafirmando que deben ser cero”.
Por su parte, Patricio Kilmurray presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), de La Carlota, dijo a Letra P que la extensión de la rebaja de los derechos de exportación al trigo y la cebada hasta el 31 de diciembre, “es una mejora, pero no la solución que necesitamos”.
Aún ilusionado, el productor señaló que el mensaje de Nación “no es de lo más alentador”. Con esperanzas, aguardan a que antes del 30 de junio se pueda dar alguna posición con la intervención de la Mesa de Enlace, ente encargado del diálogo con el Ministerio de Economía y con la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
“Necesitamos en forma urgente que los derechos de exportación se saquen, que se eliminen definitivamente y del todo. Vamos a seguir ofreciéndonos al diálogo y apostando a que esto llegue de la mejor manera para los productores agropecuarios”, señaló.
Sobre la extensión de baja de retenciones al trigo y la cebada, Heraldo Moyetta, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, consideró que no es la medida ideal pero alienta a la siembra. En el caso de los impuestos a la soja, maíz, girasol y sorgo, indicó que “preocupa la rentabilidad de esos cultivos ante la planificación de la cosecha para el año que viene”.
“Necesitamos una rebaja inmediata en las retenciones y que el Presidente cumpla con su promesa de campaña que las retenciones eran un robo y atentan contra la producción y contra los pueblos y ciudades del interior, porque ese dinero que se va no vuelve”, dijo, convencido de que “de esta crisis se sale sin retenciones y con más producción”.
Con firmeza, cree que “hay que dar la discusión para eliminar en su totalidad a las retenciones que atentan contra el productor agropecuario y contra la persistencia en el sistema”.
En una posición más dura, Vanesa Padullés Igoillo, de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), apuntó al Gobierno nacional. “Creemos que somos utilizados para acceder al poder y después nos fallan en lo que nos prometen. Quizás porque somos presa fácil”, manifestó en radio Mitre.
Indicó que al estar dispersos en el país, no pueden concentrarse tan fácilmente para hacer escuchar su voz. Consideró que, en muchos casos, los productores terminan siendo “el pato de la boda”. “Hace más de 23 años, los productores sostenemos la balanza comercial”, declaró.
Para Padullés las retenciones son un impuesto fácil de cobrar y difícil de sostener para el pequeño y mediano productor. “Ese tipo de medidas, de idas y vueltas, es lo que nos lleva a la desconfianza. No podemos tener entornos tan cambiantes para las decisiones que tenemos que tomar. Nuestro ciclo biológico es a largo plazo y nuestra planificación también”, apuntó.
Lejos de barajar la posibilidad de realizar movilizaciones o “tractorazos”, como medida de fuerza que se ha aplicado durante otros gobierno, los representantes manifestaron que “esas son metodologías ya pasadas, que no surten ningún efecto, así que no hay propuestas de esas características, ni tampoco me parece que haya intenciones”, señaló Kilmurray .
Mientras que Moyetta piensa que “no hay un panorama donde haya que generar un enfrentamiento de ese tipo, menos en un contexto donde ese tipo de protestas van en decadencia”.
Ambos apuestan a seguir apelando al diálogo permanente y que se cumpla con la palabra. La clave está en seguir “mostrando, gestionando y proponiendo”.
Queda claro que el campo todavía confía en el modelo macroeconómico que nuevamente posterga una promesa de campaña del propio Milei.
Con la bandera del federalismo al hombro, los gobiernos de Córdoba, de Santa Fe (Maximiliano Pullaro) y de Entre Ríos (Rogelio Frigerio) no solo no sacan el pie del freno sino que ponen quinta y continúan pujando por los derechos del interior.
Desde la ciudad de Villa María, Busso, el funcionario provincial más ligado al sector, dijo: “Estamos absolutamente en desacuerdo de que haya un impuesto tan distorsivo que no existe en ningún lugar del mundo”.
Explícito, el ministro consideró que aplicar un impuesto a los productores “es una gran injusticia" y reforzó que, desde Córdoba, continuarán con el reclamo. “Este no es un problema del gobierno, es un problema de todos los cordobeses”, agregó.
Milei y Caputo, siguen estando en la mira de las críticas. Busso les pidió que cumplan con los compromisos de bajar las retenciones y que no tengan “discursos ambiguos". Finalmente, Busso recordó que en Córdoba el único impuesto que paga el campo es el Inmobiliario Rural, “que vuelve en un 98% en obras para el sector”.
El gobernador de Córdoba no pierde oportunidad, evento, ni micrófono para seguir reclamando por los intereses de los cordobeses. La baja definitiva de los derechos de exportación (DEX) que aplica el Gobierno nacional sobre el sector agropecuario, es uno de ellos.
El evento más reciente fue en la séptima edición del AmCham Summit (Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina) donde disparó: “Cuando hablan de hacer patria, empiecen a hacer patria bajando las retenciones”.
“A Córdoba le toca todo eso -el ajuste desde Nación- pero además las malditas retenciones”, dijo en parte de su disertación en el panel que compartió con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Días antes había hecho lo propio en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y en la Jornada Nacional del Agro (Jonagro 2025) donde, además, reclamó una nueva ley de Biocombustibles y defendió la Agenda 2030.
Fue la unión de la Región Centro, con Pullaro de Santa Fe, Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Llaryora por Córdoba la que intensificó y tensó el reclamo que provocó, aunque temporariamente, la celebrada baja de las retenciones.