El máximo tribunal provincial falló a favor de la norma en tres expedientes distintos. Los argumentos de la resolución. La re-re, lo que queda por definir.
Gustavo Sáenz con la Corte de Salta.
La Corte de Justicia de Salta respaldó la reforma electoral impulsada por Gustavo Sáenz. La resolución, firmada en la tarde del martes, aborda los cuestionamientos a la norma y sirve como precedente para otros dos planteos similares, reafirmando la validez del texto. De ese modo, quedó confirmada la ley de lemas tal como propiciaba el oficialismo salteño.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas en tres expedientes. Los autores fueron Carlos Zapata y Lourdes Ríos Ayllón, de La Libertad Avanza; Claudio Del Plá, referente del Partido Obrero; y Alejandro Patrón Costas, del Partido de la Reconquista. Dado el carácter análogo de los planteos, la respuesta judicial en los otros dos casos remite al fallo emitido en el expediente de Zapata.
El punto más controvertido de la ley es el mecanismo de acumulación de votos, que permite sumar los sufragios obtenidos por distintos candidatos de una misma fuerza para favorecer al postulante más votado de ese espacio. Sus detractores señalan que se asemeja a la Ley de Lemas, un sistema que permite sumar los votos de diversas candidaturas de un mismo partido o agrupación para definir al ganador.
Además, la norma de esa provincia del Norte Grande establece que las fuerzas políticas que aspiren a competir por la gobernación y la vicegobernación deben presentar listas en al menos 15 departamentos de la provincia. También dispone que las agrupaciones municipales que busquen integrar frentes electorales deben estar constituidas por un mínimo de dos partidos políticos.
En la resolución, el tribunal sostuvo que las provincias tienen potestad para establecer sus propios sistemas electorales, en el marco de sus atribuciones constitucionales. Consideró que el mecanismo de acumulación de votos no transforma la elección en indirecta, ya que la ciudadanía sigue eligiendo directamente a los candidatos sin una instancia electoral intermediaria posterior.
Sobre el requisito territorial de los 15 departamentos, la Corte entendió que se trata de una condición de participación para las fuerzas políticas y no de una exigencia personal para quienes se postulan a la gobernación. Asimismo, descartó que la obligación de reunir al menos dos partidos para conformar agrupaciones municipales que integren frentes sea arbitraria.
Además, el fallo remarcó que el diseño del sistema electoral corresponde al Poder Legislativo. La Justicia, según el tribunal que preside Teresa Ovejero, no debe sustituir las decisiones políticas de ese poder, salvo que se demuestre una vulneración constitucional o una arbitrariedad manifiesta.
La resolución llega en la antesala de una definición clave para el calendario político salteño. Sáenz espera publicar en los próximos días el decreto de convocatoria a elecciones provinciales, ya que el plazo para formalizar el llamado vence el 16 de noviembre. La fecha prevista para la votación es el 16 de mayo de 2027.
Con la discusión judicial sobre la constitucionalidad de la ley encaminada, el oficialismo llega a esa instancia con un cuestionamiento central despejado. La publicación del decreto pondrá en marcha formalmente la cuenta regresiva hacia una elección en la que se pondrán en juego la continuidad del proyecto político de Sáenz, las alianzas opositoras y los efectos concretos del sistema de acumulación de votos.
Aún queda una incógnita por despejar: qué hará Sáenz. El gobernador ya dijo que tiene intenciones de ir por un tercer mandato, a pesar de que la reforma constitucional que él mismo impulsó solo permite dos periodos consecutivos. El mandatario sostiene que su primer mandato no cuenta y ya tiene a los intendentes pidiendo por él.
La reforma había generado cuestionamientos por el sistema de acumulación de sufragios y por las condiciones que impone a las fuerzas que quieran competir en todo el territorio provincial. En ese contexto, sus detractores la asociaron con la Ley de Lemas, mientras que el oficialismo defendió la potestad de la Legislatura para definir las reglas de juego.
Durante el debate legislativo, el titular de la Cámara de Diputados, Germán Rallé, había remarcado que se trataba de una ley de la Legislatura y no de una iniciativa personal del gobernador. La discusión, de todos modos, quedó atravesada por las especulaciones sobre el escenario político de 2027 y las posibilidades de continuidad de Sáenz.
Con el rechazo de la acción y la remisión a ese pronunciamiento para los planteos análogos, la Ley 8535 obtiene un respaldo judicial relevante en la antesala electoral. Sin embargo, la disputa por el sistema electoral salteño sigue teniendo una dimensión política, pues resta saber quiénes pueden competir, cómo se cuentan sus votos y qué efectos tendrá esa arquitectura sobre la elección del 16 de mayo de 2027.
