El gobernador volvió a dejar abierta la puerta a una postulación y se adelantó a la discusión legal. La estratégica reforma constitucional que lo ampara.
Salta: Sáenz se ataja y le avisa a la Justicia que si no lo dejan ser candidato se considerará "proscripto".
"Si no me dejan ser candidato, me estarían proscribiendo", dijo el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en una semana atravesada por discusiones sobre una supuesta postulación para una segunda reelección. La frase no pasó inadvertida y rápidamente alteró el tablero político salteño.
Entre el jueves y el viernes, Sáenz lanzó esa afirmación en una entrevista y para luego afirmar, en una recorrida junto al intendente capitalino Emiliano Durand, que la Constitución lo "habilita". "Que lo haga o no lo haga es una decisión que tomaré en su momento”, respondió cuando le preguntaron específicamente por una eventual candidatura.
Sáenz no lanzó esa advertencia en medio de una discusión jurídica cualquiera. Lo hizo después de haber impulsado, durante los últimos años, una profunda reconfiguración de las estructuras institucionales que organizan el poder en Salta.
Por iniciativa del gobernador, la Constitución provincial fue modificada, el sistema electoral fue reformado y la Corte de Justicia atraviesa un proceso de renovación. Y ahora el propio gobernador instala públicamente el concepto de "proscripción" frente a una eventual interpretación que limite su participación electoral.
Con todo, la palabra elegida tampoco parece inocente. En la política argentina contemporánea, el término remite inevitablemente al debate abierto tras la condena de Cristina Fernández de Kirchner. A horas del banderazo que La Cámpora convocó en Parque Lezama para exigir su libertad, que un gobernador que construyó su perfil desde posiciones alejadas del kirchnerismo utilice la misma categoría política para referirse a sí mismo no deja de tener una dosis de ironía.
Desde que llegó a la gobernación en diciembre de 2019, Sáenz fue avanzando sobre distintos pilares institucionales construidos durante las gestiones anteriores. El primero fue la reforma constitucional de 2021, presentada como una modernización institucional. Allí, la modificación redujo mandatos, limitó reelecciones y reordenó distintos aspectos del funcionamiento político provincial. Sin embargo, también dejó una discusión abierta que hoy vuelve a ocupar el centro de la escena.
La nueva Constitución estableció que gobernador y vice pueden ser reelegidos una sola vez de manera consecutiva. Pero la redacción generó interpretaciones contrapuestas sobre cómo debe computarse el actual mandato de Sáenz. Mientras algunos constitucionalistas sostienen que la reforma le impide competir nuevamente en 2027, otros entienden que el texto deja una ventana jurídica que podría habilitar una nueva candidatura.
Esa discusión, que parecía lejana, comenzó a adquirir otra dimensión después de las recientes declaraciones del mandatario.
La segunda transformación fue judicial. A comienzos de este año juraron Martín Ignacio Plaza y Jorge Martín Diez Villa como nuevos integrantes de la Corte de Justicia de Salta. Ambos llegaron al máximo tribunal impulsados por el Ejecutivo y completaron una renovación que el oficialismo considera estratégica.
Cuando se conocieron las postulaciones, la discusión giró alrededor de un interrogante evidente: quién terminaría resolviendo una eventual controversia sobre la interpretación constitucional vinculada a una nueva candidatura del gobernador.
Hoy esa pregunta sigue vigente, pero la diferencia es que ya no se trata de un proceso en construcción, ya que la Corte fue renovada. Y el máximo tribunal quedó plenamente integrado bajo una composición distinta a la que existía cuando Sáenz asumió en 2019. Por eso, cualquier debate futuro sobre la habilitación electoral del gobernador tendrá lugar en un escenario institucional profundamente modificado.
La tercera pieza llegó este año. A fines de abril, la Legislatura aprobó la Ley de Participación Democrática, una reforma electoral que el oficialismo presentó como una herramienta para ampliar la competencia interna, pero que la oposición bautizó rápidamente como una "Ley de Lemas con otro nombre".
La nueva normativa permite que los frentes presenten múltiples listas para cargos legislativos y municipales y que luego esos votos se acumulen dentro de cada espacio político. En la práctica, el sistema fortalece a las coaliciones más amplias y favorece especialmente al frente provincial que lidera Sáenz, cuya principal fortaleza radica justamente en la capacidad de contener sectores diversos bajo una misma estructura.
La reforma también eliminó tensiones que podrían surgir de eventuales internas abiertas y consolidó un esquema donde las disputas se procesan dentro del oficialismo sin necesidad de fragmentar el espacio electoral. Leída en perspectiva, la modificación aparece como otro movimiento destinado a ordenar el escenario hacia 2027.
Las reformas también tienen otra lectura. Durante dos décadas, buena parte de la arquitectura política salteña estuvo asociada a los gobiernos de Juan Carlos Romero (1995-2007) y Juan Manuel Urtubey (2007-2019). En ambos períodos se consolidaron las principales instituciones del sistema político. Sáenz hace lo propio y deja el terreno listo para continuar proyectando su agenda de cambios.
Por eso, cuando el gobernador habla de "proscripción", probablemente esté haciendo algo más que una reflexión jurídica. Si finalmente decide competir en 2027, el gobernador se adelanta al instalar la idea de que cualquier obstáculo judicial no sería parte de una interpretación constitucional sino una decisión política destinada a impedir su participación. Lo que la convierte en una estrategia preventiva, ya que primero construye el relato y después se libra la discusión.
Mientras tanto, Sáenz insiste en que hoy está concentrado en la gestión y no en las elecciones. Sin embargo, cada una de sus respuestas vuelve a colocar el mismo tema en el centro de la escena.