La Agencia de Publicidad del Estado le adjudicó el servicio de limpieza a una empresa señalada por la SIGEN que pasó un presupuesto $130 millones más caro.
Javier Milei, Adorni y Lanari.
La trama de presuntos sobreprecios en la contratación de servicios que ya impactó en distintos organismos nacionales también alcanza a la Agencia de Publicidad del Estado (APESAU), creada tras el cierre de Télam y bajo la órbita de la Secretaría de Medios que conduce Javier Lanari, y al Ministerio de Economía, que conduce Toto Caputo.
El organismo adjudicó el servicio integral de limpieza de sus sedes a la firma Grub S.A. por un monto de 695 millones de pesos, tras un proceso licitatorio que ahora quedó bajo cuestionamiento administrativo por parte de otro oferente, que denunció arbitrariedades en la evaluación y que la empresa ganadora -integrante del mismo grupo económico- que ofertó casi 130 millones de pesos más por el mismo trabajo.
La contratación se originó a partir de la Licitación Pública N.º 001/2025, destinada a cubrir el servicio de limpieza de los edificios ubicados en Bolívar 372 y Belgrano 347, históricos inmuebles de la exagencia de noticias estatal.
El dictamen de la comisión evaluadora ubicó a Grub en el primer lugar del orden de mérito técnico-económico entre cinco oferentes, recomendando su adjudicación por considerar su propuesta como la “más conveniente”.
Sin embargo, la decisión fue impugnada mediante un recurso de reconsideración presentado por la Cooperativa de Trabajo Lara Ltda., que solicitó la nulidad del acto administrativo al sostener que su oferta era económicamente más favorable para el Estado y que no fue ponderada conforme los criterios previstos en el pliego.
En su presentación, la cooperativa denunció inconsistencias en la evaluación técnica y administrativa, falta de igualdad entre oferentes y un supuesto favorecimiento hacia empresas con fuerte presencia en contrataciones públicas, entre ellas Grub y firmas vinculadas dentro del mismo entramado societario.
Pero, sobre todo, insistió sobre la razonabilidad del monto adjudicado y la transparencia del proceso licitatorio. En los reiterados pedidos que hizo la Cooperativa Lara ante Pablo Ciorccini, por entonces presidente de APESAU y hoy número dos del organismo, destacaron que Grub ofertó $695.548.036,99, casi 130 millones de pesos más que los ofertados por la empresa que ya venía prestando servicios.
La adjudicación se produce en paralelo a las alertas emitidas por la Sindicatura General de la Nación en su Informe de Resultados N.º 6/2024 sobre contratación de servicios de limpieza en el sector público.
Ese relevamiento —realizado sobre 144 organismos y casi 3.000 contratos— concluyó que, hacia el final de la gestión de Alberto Fernández, diez empresas concentraron el 61,78% del monto total adjudicado para esas tareas, señalando posibles distorsiones en la competencia del sector.
Entre las firmas con mayor volumen de contratación aparecen La Mantovana de Servicios Generales S.A. y Grub S.A., ambas dentro del núcleo de proveedores con facturaciones millonarias.
Según consta en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia firmado el 27 de septiembre de 2024, ambas compañías integran un mismo grupo económico.
El organismo determinó que la relación surge de su estructura societaria y financiera común, particularmente a partir de la transferencia del paquete accionario de Grub a la sociedad Grupo Buena Vista S.A., vinculada a su vez con La Mantovana. Bajo ese encuadre, concluyó que no actúan como competidoras independientes sino como unidades empresariales dentro de una misma estrategia corporativa.
La réplica en el Ministerio de Economía
Pese a las advertencias de la SIGEN, APESAU inclinó la balanza a favor de Grub. No fue la única: a través de la Resolución 1885/2025, el Ministerio de Economía, a cargo de Toto Caputo, adjudicó el servicio integral de limpieza de sus edificios a La Mantovana de Servicios Generales S.A.
La contratación —por casi $3.000 millones y con cobertura sobre múltiples sedes administrativas— volvió a colocar bajo la órbita estatal a una de las compañías que integran el núcleo de proveedores concentrados del sector.
Con estos antecedentes, la adjudicación en la ex-Télam y su réplica en Economía reactivaron cuestionamientos sobre los criterios de contratación, los montos asignados y la recurrencia de un mismo entramado empresario en servicios tercerizados del Estado.