El fallo del juez Esteban Hansen corrió a Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez y designó al salteño Ricardo Villada. El factor Carolina Moises.
El peronismo del norte argentino vuelve a ser escenario de la pelea nacional por la conducción del PJ. El juez federal Esteban Eduardo Hansen declaró la nulidad de resoluciones del partido en Jujuy y lo descabezó la intervención a cargo de Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez. El responsable designado es el salteño Ricardo Villada, exfuncionario clave del gobernador Gustavo Sáenz.
La decisión, que formalmente busca “normalizar” la vida interna del partido, encendió alarmas en el PJ nacional que comanda Cristina Fernández de Kirchner y en los distritos intervenidos, donde ya se preparan impugnaciones por lo que consideran una intromisión judicial sin competencia.
El núcleo de la resolución es contundente, dado que Hansen declara la nulidad de las resoluciones dictadas este año por la intervención partidaria, y dispone una intervención judicial por 180 días, designando a Villada como interventor .
El argumento central del magistrado se apoya en las irregularidades del proceso interno: suspensión de afiliados sin debido proceso, postergaciones sucesivas de elecciones y una intervención nacional que, según su criterio, fracasó en ordenar el partido. En el expediente se detalla que el PJ jujeño está intervenido desde el 25 de julio de 2023 y que, desde entonces, el cronograma electoral fue modificado reiteradamente sin concretarse .
Para Hansen, ese cuadro configura una “anormalidad institucional” que habilita una medida excepcional: la intervención judicial.
Ahí es donde aparece el principal frente de conflicto. Fuentes del PJ consultadas por Letra P plantean que el fallo de Hansen desconoce la autoridad de la jueza federal con competencia electoral nacional, María Servini. Es más, recoradron que el proceso de intervención en el Partido Justicialista lo dicta el Consejo Nacional del PJ y es el propio partido el que notifica a Servini, que es la autoridad competente en el tema. En esa línea, sostienen que la decisión del juez jujeño implica “desestimar una resolución ya convalidada por la justicia federal electoral”.
El choque de jurisdicciones no es menor porque en el esquema legal del PJ, las intervenciones partidarias tienen un circuito institucional que pasa por el Consejo Nacional y la justicia electoral de Capital Federal. Que un juez de distrito declare la nulidad y designe un interventor propio abre un conflicto de competencias que promete escalar.
La estrategia ya está definida. Desde el PJ nacional, cuya defensa legal encabeza Patricia Blanco, ya anticipan impugnaciones basadas en la “incompetencia” de Hansen para tomar esa decisión.
La designación de Villada agrega un condimento político que tensiona aún más el fallo. No se trata de un perfil técnico ni neutral, pues se trata de un dirigente estrechamente vinculado a Sáenz, con pasado reciente como ministro de Gobierno en Salta.
“Un interventor judicial tiene que garantizar neutralidad, y acá se designa a alguien con alineamiento político claro”, señalaron fuentes partidarias de Salta en donde vuelven a denunciar acuerdos entre el gobernador, la senadora jujeña Carolina Moises y el gobierno nacional. “Evidentemente hay operaciones políticas con Villada”, afirmaron.
La sospecha no es aislada. Hace rato que en el PJ miran con demasaida desconfianza la alianza que el saencismo viene tejiendo con la senadora jujeña, una de las principales figuras enfrentadas a la conducción nacional del partido y protagonista de los cuestionamientos a las expulsiones de afiliados.
El fallo, de hecho, recoge parte de esos planteos, ya que cuestiona las sanciones a dirigentes y afiliados, incluida la propia Moisés, por considerar que violaron garantías básicas como el derecho a defensa.
Tras conocerse la resolución, la pregunta inmediata indaga sobre las posibles replicas de ese escenario en otros distritos intervenidos. La respuesta, al menos por ahora, es negativa.
El PJ salteño también está intervenido desde febrero de 2025, cuando la conducción nacional encabezada por Cristina Fernández de Kirchner dispuso la medida, pero con una diferencia clave: la situación fue convalidada por Servini.
De hecho, recientemente la jueza ratificó a Pablo Kosiner y Nora Cannuni como autoridades del distrito tras la salida de Sergio Berni y María Luz Alonso. Y, según fuentes locales, ya comenzaron las acciones administrativas para normalizar el partido.
“En Salta no puede pasar lo mismo, salvo que lo disponga la propia Servini”, explicaron, marcando la diferencia central: la competencia judicial.
El fallo de Hansen no sólo reconfigura el mapa del PJ jujeño sino que también expone una tendencia más profunda: la judicialización creciente de las internas partidarias. En Jujuy, la intervención lleva casi tres años sin lograr ordenar el partido.
La pelea local escaló hasta el punto tal que terminó empujando la ruptura del bloque del peronismo en el Senado y abriendo un camino para la construcción antikirchnerista en la que Sáenz aprovechó para sumar soldados en su guerra declarada contra CFK. Subida a la pelea sin cuartel con La Cámpora en su provincia, Moises se convirtió en una pieza calve de ese armado.
La hoy vicepresidenta del Senado celebró el fallo de Hanses al asegurar que “la conduccion del PJ Nacional hoy debe reconsiderar sus decisiones políticas, porque con Jujuy quisieron dar un mensaje claro: si pensás distinto, te castigan". "Mi mensaje tambien es claro: no son dueños del peronismo y mucho menos de pensar que pueden pisotearnos, vamos a seguir defendiendo lo que pensamos en todos los ámbitos”, dijo a poco de conocerse la decisión judicial.
