El juez Budassof dispuso este jueves el enjuiciamiento, que el exgobernador peronista deberá enfrentar en 2027 junto al empresario paraguayo Cardona Herreros.
Juicio a Urribarri en Entre Ríos: viajes, Rolex y gastos exóticos en la acusación por enriquecimiento ilícito.
El peronismo de Entre Ríos deberá a encarar el proceso electoral de 2027 con un exgobernador deambulando por los tribunales, luego de que se remitiera a juicio una causa que tiene a Sergio Urribarri (2007-2015) como acusado por un presunto enriquecimiento ilícito superior a los siete millones de dólares.
El detalle de consumos que habrían realizado el exgobernador y su familia incluye viajes a París, Venecia, Cerdeña, Atenas, Madrid, Londres, Río de Janeiro, Natal, Cancún, Miami, New York; la adquisición de vehículos, un departamento en Puerto Madero, un reloj Rolex para su esposa, una escultura de 45 kilos que se hizo traer desde Italia, consumos con tarjetas de crédito y varios etcéteras.
Urribarri, que se encuentra detenido en la unidad penal de Gualeguaychú cumpliendo una condena por delitos de corrupción, enfrenta un pedido de pena de cinco años y seis meses de prisión y el pago de una multa millonaria.
No estará solo en el banquillo. Lo acompañará Diego Armando Cardona Herreros, de nacionalidad paraguaya y titular de Relevamientos Catastrales SA, una empresa que fue proveedora de software durante la administración de Urribarri, acusado de haberle prestado su infraestructura para disimular su crecimiento patrimonial y gestionar sus fondos y sus bienes.
El juez Mariano Budasoff dispuso el pasado jueves la remisión de la causa a juicio. Corresponde ahora que la Oficina de Gestión de Audiencias, que depende del Superior Tribunal de Justicia (STJ) fije la fecha y se sortee el tribunal que llevará adelante un debate oral y público que, seguramente, caerá en pleno proceso electoral en 2027.
Urribarri, además, está acusado en otra causa por haber favorecido la contratación de Relevamientos Catastrales, la empresa de Cardona Herreros, para desarrollar e implementar un software en distintas reparticiones de la administración pública, donde enfrenta un pedido de condena de diez años de prisión.
Esa causa también avanzó hasta la etapa de remisión a juicio, por lo que ambas terminarán unificadas y se realizará un solo debate, en una fecha a determinar.
La acusación dice que, mientras fue gobernador de Entre Ríos, Urribarri habría registrado un crecimiento desproporcionado e injustificado de su patrimonio que los fiscales estimaron en 11.546.772,05 pesos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros.
Los números se desprenden del informe pericial contable elaborado por los profesionales Romina Stepanic Pouey, técnica del Poder Judicial; y Cristian Dumé, perito del Ministerio Público Fiscal.
La imputación sostiene además que el exgobernador habría utilizado a Cardona Herreros y Rubén Ángel Martínez –que resolvió su situación en un juicio abreviado, admitió su responsabilidad y acordó una pena de prisión condicional– para enmascarar la adquisición de bienes y servicios y disimular su real patrimonio.
El fiscal Badano detalló en la audiencia que “hubo numerosas operaciones vinculadas a la compra de productos y servicios usando como intermediario a Cardona Herreros” y agregó que “los beneficiarios fueron Urribarri y sus familiares: viajes, relojes, inmuebles, vehículos. Por ejemplo, en las oficinas de Relevamientos Catastrales hubo cajas fuertes destinadas a Urribarri, y personal de esa empresa hizo operaciones para él y su familia”.
Los datos fueron recolectados en allanamientos en las oficinas de la empresa y tras el análisis de correos electrónicos, a través de la cuenta “ayolas09”, e intercambios de WhatsApp donde quedaron plasmadas cotizaciones, consumos, compras y todo tipo de gestiones acerca de los gastos de Urribarri y su familia. En todas se repite, como un patrón, el uso de siglas, tales como SDU (Sergio Daniel Urribarri), DAC (Diego Armando Cardona) o PU (Pato Urribarri), para identificarlos.
En los registros de Relevamientos Catastrales quedaron asentados todos los gastos, incluso consumos cotidianos de la familia, como la compra de cables HDMI, celulares o el pago por servicios de limpieza.
El abogado Miguel Ángel Cullen, que representa a Urribarri, fue crítico de la investigación y reclama que se realice una pericia contable independiente con profesionales del STJ.
También fue crítico José Velázquez, defensor de Cardona Herreros, quien solicitó la intervención de peritos oficiales que analicen los dispositivos electrónicos secuestrados en las oficinas del empresario paraguayo y que constituyen una pieza clave de la acusación.
Las pericias constituyen un aspecto central en la defensa de Urribarri. Según dicen sus defensores, la acusación mezcla los patrimonios de todos los integrantes de la familia, pero solo computa los ingresos del exgobernador y, por todo ello, le piden que rinda cuentas.
En virtud de ello, vienen planteando insistentemente que se deslinden los gastos específicos que hizo Urribarri entre 2007 y 2015 y se descarten los consumos que hicieron otros miembros del grupo familiar.
En esa línea argumental, plantean que buena parte de los ingresos que el Ministerio Público Fiscal considera injustificados, se corresponden con la carrera deportiva del hijo del exgobernador: “Bruno Urribarri es un jugador de fútbol profesional, con ingresos superiores a la media, ingresos más abultados que el común de la gente; jugó en Europa y en los dos clubes más grandes del país”, apuntó Cullen. Por eso fueron citados a declarar como testigos dirigentes de River Plate, Boca Juniors, Argentinos Juniors y otros jugadores que compartieron equipos con Bruno Urribarri en Grecia.
“Lo único que se hizo acá fue sumar y sumar montos que no se condicen con la prueba de la investigación penal preparatoria, sino que responden a una idea y voluntad del Ministerio Público Fiscal de sostener una acusación contra Urribarri”, agregó Cullen.
Con las cartas echadas, Urribarri volverá a sentarse en el banquillo de los acusados, una vez más, en 2027; en un proceso que marcará la agenda electoral en Entre Ríos.
