En el PJ creen que el impacto de la condena al exgobernador ya se amortizó, pero la sombra de Kueider planta dudas. Varisco y el espejo de la UCR.
El peronismo de Entre Ríos, Urribarri y la amenaza de la corrupción en la campaña electoral.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena sobre Sergio Urribarri y reabrió heridas que el peronismo de Entre Ríos trataba de cerrar. El máximo tribunal ratificó este jueves los ocho años de prisión para el exgobernador del PJ en una causa por peculado.
Al cierre de esta nota, en la madrugada del sábado, Urribarri fue detenido y trasladado por efectivos policiales desde su domicilio en Concordia a la Alcaidía de Paraná, para luego ser derivado a la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial. La Justicia desestimó el pedido de prisión domiciliaria que ensayó como último recurso la defensa del exgobernador de 67 años.
La noticia reactivó la memoria del caso que involucró al exsenador Edgardo Kueider, preso en Paraguay tras ser pescado in fraganti con 200.000 dólares en la frontera y, sobre todo, vuelve a instalar a la corrupción como un fantasma que acecha al peronismo cuando la campaña electoral rumbo a las elecciones de 2027 empieza a calentar motores en la provincia.
Para la dirigencia entrerriana del peronismo el costo de la condena y detención de Urribarri ya se amortizó. Entienden que la confirmación de la condena en la Corte es solo el último capítulo, esperado, de un proceso que ya pasó por su pico máximo de impacto.
Algunas voces consultadas por Letra P hicieron énfasis en reivindicar su gestión de ocho años al frente de la provincia entre 2007 y 2015. “Fue muy exitosa en términos reales, en números”, dijo un dirigente de Concordia que pidió separar la paja del trigo. “Una cosa es su gestión y otra la cuestión personal. Todos estamos sujetos a tener que someternos a la Justicia”, apuntó.
¿Podrá el electorado discriminar ambas dimensiones cuando la campaña entre la fase del golpe por golpe con Juntos y La Libertad Avanza? La reacción de dirigentes como el intendente de Concordia, Francisco Azcué, hace pensar que será todo un desafío.
Como contrapartida, el mismo dirigente peronista considera que las causas judiciales de Kueider y Urribarri perjudican más a la ciudadanía que al peronismo y rebate la crítica. “Es el argumento que usa el oficialismo para hacer las cosas que hace: deroga pensiones de gobernadores y vice, pero al mismo tiempo mete la reforma previsional, el escándalo de los comedores y elimina una obra social. Nada de eso se traduce en un mejor bienestar del pueblo. Al contrario, la situación está cada vez peor”, reflexionó.
La causa que terminó con la condena a ocho años de prisión para Urribarri tuvo un capítulo de impacto en noviembre de 2024, cuando la Cámara de Casación de Paraná hizo efectiva la prisión preventiva del exgobernador. Urribarri fue trasladado desde su residencia en Concordia hacia la Unidad Penal 1 de Paraná, donde cumplió dos meses de detención. Luego, recuperó su libertad con restricciones, como la de no poder cruzar los límites de la ciudad.
El exmandatario había sido condenado en 2022 a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en las cinco causas que se tramitaron en los Tribunales provinciales. El jueves pasado, la Corte confirmó esa condena que derivó en la detención producida en la madrugada de este sábado.
El PJ apuesta a que el tema se diluya en las próximas semanas y que llegue neutralizado a la campaña. Otro dirigente valoró que la decisión haya surgido ahora y no dentro de tres meses, en pleno contexto electoral. Aun así, entendió que provocará algún coletazo para el PJ, que busca rearmarse para dar la pelea y recuperar la gobernación en 2027.
Se entiende la precaución de quienes aguardan nuevos cimbronazos. De hecho, la detención de Urribarri añade un nuevo título a la saga que el peronismo entrerriano arrastra tras la detención de Kueider en Paraguay y de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito que recae sobre el diputado Gustavo Bordet, quien sucedió a Urribarri en la Casa Gris entre 2015 y 2023.
Mientras en el oficialismo entrerriano algunas voces buscaron capitalizar la mala noticia que puso en la picota al exmandatario, en otros casos se llamaron a silencio. El radicalismo tienen en su historial reciente la causa por narcotráfico que condenó a seis años y medio de cárcel al intendente de Paraná Sergio Varisco, quien falleció en 2021 cumpliendo prisión domiciliaria.
El procesamiento, condena y posterior detención de Varisco provocaron una fuerte crisis interna dentro de la UCR entrerriana y de Cambiemos, la coalición que gobernaba en la capital. El exintendente de Paraná, una figura histórica del radicalismo provincial, fue condenado en diciembre de 2019 a seis años y medio de prisión como partícipe necesario en la comercialización de estupefacientes.
El caso profundizó las diferencias internas del radicalismo. Mientras sectores institucionales y dirigentes vinculados a Cambiemos tomaron distancia de Varisco y reclamaron aceptar el fallo judicial, el Comité Capital de la UCR en Paraná cerró filas en su defensa y sostuvo su inocencia. Al mismo tiempo, la situación tensó la relación entre la UCR y el PRO, que buscó despegarse del escándalo, mientras dirigentes radicales cuestionaron ese posicionamiento.
El impacto también fue electoral: pese a conservar peso territorial y ganar la interna de 2019, Varisco perdió la intendencia frente al peronismo, lo que significó para la UCR la caída de su principal bastión provincial y debilitó la proyección de su sector interno.
En una época en la que la política no puede lanzar la primera piedra sin pensarlo tres veces, el peronismo de Entre Ríos sabe que los próximos días pueden ser amargos y prende velas para que los nubarrones de hoy no se transformen en una tormenta en los meses que vienen.
