Los tres dirigentes peronistas fueron citados para designar defensores en la investigación por irregularidades millonarias en la Legislatura entre 2008 y 2018.
José Lauritto, Adán Bahl y Sergio Urribarri, entre otros, deberán pasar por tribunales de Entre Ríos.
Vicegobernadores y presidentes de las cámaras legislativas de Entre Ríos deberán comparecer en tribunales para responder como imputados en la causa conocida como contratos truchos de la Legislatura, en la que se investiga un desvío de fondos públicos por más de $1000 millones. La sospecha alcanza a Adán Bahl, José Eduardo Lauritto, José Cáceres, José Ángel Allende y Sergio Urribarri.
A fines de noviembre, y en absoluta reserva, los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro iniciaron una investigación penal preparatoria que pone bajo la lupa la responsabilidad que les cabría a los vicegobernadores y presidentes de las cámaras en la contratación irregular de personas entre 2008 y 2018.
La investigación está en un momento crucial. Lo que se presume en la causa de los contratos truchos es que, según una pericia oficial, se sustrajeron $1.111.871.715 a través de una asociación ilícita creada para financiar a la política.
Desde hace varios meses se debate en tribunales la remisión a juicio de una primera etapa de esta investigación, que tiene en el banquillo a los eslabones más bajos de la supuesta asociación ilícita creada para financiar a la política a través de contrataciones irregulares en la Legislatura. En algunos casos, las personas contratadas ni siquiera tenían asignada una contraprestación y en otros (la mayoría) no percibían el dinero o se les asignaba un porcentaje ínfimo de sus contratos.
Sin embargo, entre los enjuiciados no hay un solo legislador ni autoridad política imputada, sino que en el banquillo estarán los responsables de las áreas contables de la Legislatura, integrantes de los estudios contables donde se manejaba la contabilidad paralela de la supuesta asociación ilícita, y los reclutadores.
Esto ha generado intensos debates y cuestionamientos de los abogados defensores, quienes aseguran que ninguno de ellos tenía capacidad para contratar personal, una facultad reservada a los diputados, senadores y autoridades legislativas.
La apertura de una causa contra las autoridades legislativas, como una segunda parte de la causa madre, coincide con la reasunción de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, que había sido destituida por un Jurado de Enjuiciamiento, precisamente por su actuación en esta investigación.
El inicio de la causa que apunta hacia arriba en la cadena de responsabilidades tiene fecha del 26 de noviembre de 2025. Pero la novedad se mantuvo guardada bajo siete llaves y la difusión coincidió con la reasunción de Goyeneche.
Lo que se conoce, por ahora, es que la nueva causa pretende investigar a las autoridades parlamentarias y, eventualmente, a los diputados y senadores por las contrataciones irregulares que se hubieran hecho entre 2008 y 2018 en el Senado y entre 2011 y 2018 en Diputados, excluyendo la gestión de Jorge Busti, años de los que no se registra documentación.
En principio, Adán Bahl, José Eduardo Lauritto, José Cáceres, como exvicegobernadores; José Allende y Sergio Urribarri, como expresidentes de la Cámara de Diputados, fueron convocados a designar abogados defensores.
Eventualmente podrían ser imputados por el delito de peculado imprudente, que sanciona a un funcionario público por negligencia, descuido o inobservancia de las leyes y, de esa forma, permite que otra persona sustraiga fondos públicos. En términos coloquiales: no se apropiaron del dinero, sino que no cuidaron los fondos públicos. Y la pena por este delito, en caso de que alguno fuera encontrado culpable, es una multa que podría oscilar del 20 al 60 por ciento de lo sustraído.
La reacción de los funcionarios involucrados fue disímil. Allende afirmó que la nueva causa le provocaba “risa”: “Tengo 20 años de diputado y no me encontraron ni un contrato trucho, ni uno. Me río porque esto es una multa”, declaró.
Bahl dijo que, al tomar conocimiento de que podría haber contrataciones irregulares en el Senado, consultó en el Ministerio Público Fiscal. “Me respondieron que la interpretación que hacían los fiscales era que esos contratos eran falaces; por lo tanto, tome la decisión de interrumpirlos inmediatamente. Después dispuse un sumario que se llevó adelante durante varios meses, tuvo un dictamen fundado y fue puesto en conocimiento de los fiscales”, explicó el exvicegobernador.
Como cualquier imputación, la que alcanza a las autoridades legislativas es provisoria. Podría variar. Es un llamado de atención, sobre todo considerando que, ya desde la apertura de la causa, los fiscales introducen la prueba del legajo de la causa madre y lo que pueda surgir en un juicio que ya se anuncia para ver con pochoclos.