El exgobernador de Tucumán ya está en Ezeiza. Sentencia reparadora para la denunciante. El feminismo que la acompañó y el veredicto en tiempos de Milei.
José Alperovich rumbo a la cárcel
“Ustedes no se imaginan. No se imaginan quién es este tipo, lo que fue para Tucumán. Entre él y Bussi fueron los dueños de la provincia”. El textual es de una periodista tucumana que, como muchas, vivió la sentencia a 16 años de prisión para el exgobernador José Alperovich como una reparación colectiva.
Los ecos del veredicto del juez Juan María Ramos Padilla –que dio por probados todos los delitos de abuso sexual simple y agravado, lo inhabilitó para ejercer cargos públicos de por vida, pidió que sea incluido en el registro de agresores sexuales y abrió el camino para una reparación integral a la denunciante- resonaron dentro y fuera de los Tribunales.
En un contexto hostil para el movimiento de mujeres, la sentencia fue leída como un triunfo de la lucha feminista. El camino de la denunciante, sobrina y exsecretaria del exsenador fue acompañado desde que decidió iniciar la causa por activistas feministas locales que inclusive oficiaron de voceras para evitar que se revelara su identidad.
Las periodistas Celina de la Rosa y Milagro Mariona dieron la cara y hablaron por ella en cada instancia. En una crónica publicada en el medio La Nota, luego de la sentencia, sostienen que “la decisión de no exponer el rostro, de evitar la revictimización y contar con el acompañamiento de periodistas fue parte también de un trabajo feminista que persiste”. Este martes, a la salida del tribunal y frente a la pregunta sobre qué significaba para el movimiento feminista este resultado del juicio, Mariona respondió: “Cuando preguntás dónde están las feministas… acá estamos, acompañando a las víctimas”.
La sentencia llega luego de cuatro años de la primera denuncia, cuatro meses de juicio oral y público con más de 70 testimonios y es histórica porque nunca antes en la Argentina había sido condenado por delitos de abuso sexual un personaje tan poderoso: tres veces gobernador, senador nacional y, hasta 2021, el legislador más rico del Congreso. De acuerdo con la declaración jurada que había presentado en la Oficina Anticorrupción, aun con licencia sin goce de sueldo –fue suspendido en 2019 cuando se inició la causa por abuso sexual- su patrimonio había crecido en un 65% y superaba los 2.154 millones de pesos.
Además de la condena a Alperovich, el tribunal ordenó investigar por falso testimonio a Manuel Frías, que trabajó como mozo para el dirigente; Víctor Hugo Decataldo, empresario de transportes y David Cayatta, exchofer y excustodio del exmandatario provincial. Frías había contactado por WhatsApp a la denunciante la semana anterior al juicio. La versión de Decataldo fue que “para ganar su empatía" le dijo "cosas que no eran ciertas. Se rumoreaba la denuncia podía ser por una cuestión política o económica”. La fiscalía lo acusó de mentirle en la cara al juez. Cayatta fue para la fiscalía un testigo reticente.
El primer caso de un político con proyección nacional condenado por abuso sexual fue el de el exdiputado nacional José Orellana. En diciembre de 2022 fue condenado a tres años de prisión e inhabilitado para ejercer cargos públicos por el delito de abuso sexual simple contra una empleada del Congreso en su despacho en 2016. Orellana, tucumano como Alperovich, era intendente de Famaillá cuando fue sentenciado. Sin embargo, durante su gestión con legislador nacional, no fue suspendido y la denunciante tuvo que convivir con su abusador hasta que logró cambiar su lugar de trabajo a otro edificio.
Al contrario de lo ocurrido con Alperovich, que ya pasó una noche en el hospital penitenciario de Ezeiza, Orellana es legislador provincial y su hermano mellizo, Enrique, lo reemplazó en la intendencia de Famaillá. Un dato más actual: José es el marido de la actual senadora de UxP Sandra Mendoza, quien se opuso a la Ley Bases en general, pero votó a favor del artículo del RIGI.
Claro que no sólo Tucumán tiene acusados y condenados por violencia sexual. Héctor “Chabay” Ruiz, exintendente de La Banda en Santiago del Estero; Enrique Aybar, intendente de Puerta de Corral Quemado en Catamarca, o Ángel Fabian Constantino, el exintendente de Gibert, Entre Ríos son ejemplos de que la geografía no es un dato especial en el caso de la violencia sexual por parte de varones que ejercen cargos públicos.
Como en el caso de Orellana, varios de los políticos acusados de delitos sexuales, o no cumplen la condena o luego de cumplirla vuelven a la arena política. María Florencia Alcaraz lo cuenta en una nota de Volcánicas: “En 2021, en la provincia de Chaco, César Falcón fue condenado por abuso de sus hijastras (una de ellas con discapacidad) 15 años después de la primera denuncia. Aun así, fue candidato a intendente de Colonia Benítez en las últimas elecciones. El ex intendente de El Bordo, Salta, Juan Rosario Mazzone, fue destituido en 2015 y condenado por corrupción de menores en 2017. Sin embargo, insistió: en 2023 quiso volver a la intendencia pero no le alcanzaron los votos".
El femicidio de María Soledad Morales en 1990 fue un punto de inflexión, porque mostró por primera vez públicamente, los lazos entre la política y la violencia de género. La movilización que provocó terminó con la intervención de la provincia y destitución del entonces gobernador Ramón Saadi. Y el entramado criminal de Tucumán permite que Marita Verón siga desaparecida y que el crimen de Paulina Lebbos siga impune.
Mientras tanto, el abogado defensor de Alperovich Augusto Garrido –del estudio del Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona- ya presentó el pedido de excarcelación. Y el ex gobernador tres veces y ex senador que usó su poder y autoridad para abusar de su sobrina y ex secretaria, permanecerá, por lo menos una semana, en el hospital penitenciario. Allí sólo puede recibir visitas de familiares directos y en horarios restringidos. Un cambio de época para "el Zar", como lo apodaban en Tucumán.