La catástrofe en la Comarca Andina pone el foco sobre la imagen de Presidente y los jefes locales. Responsabilidades, desfinanciamiento, crisis y grieta.
Incendios en la Patagonia, una tragedia que pone el foco en Javier Milei y los gobernadores.
Una inevitable pregunta comienza a dar vueltas en el sistema político frente a la catástrofe de los incendios en la Patagonia: ¿A quién se mira primero a la hora de señalar responsabilidades? ¿A Javier Milei o a los gobernadores? La duda vuelve a esfumarse por la necesidad de resolver el siniestro que vuelve a dejar tierra arrasada, pero se mantiene latente.
Como suele suceder, las discusiones políticas afloran mientras las cuadrillas de diferentes cuerpos batallan en la montaña. Se afianza el repaso sobre el reparto de los fondos nacionales, se pone el ojo sobre el rol de los jefes provinciales Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) y la oposición al tridente se planta en el rol crítico sobre la gestión.
Mientras las imágenes reflejan el desastre en la Comarca Andina, la política juega su papel con el debate vinculado al presupuesto que el gobierno nacional destina a este tipo de contingencias o a lo que cada ejecutivo patagónico decide conformar para estar preparado. Todo en debate, con los ojos del país sobre la región.
Los incendios forestales que consumen extensas áreas de la cordillera no son una tragedia puramente climática. El avance de las llamas volvió a poner en el centro de la escena una discusión de fondo sobre políticas públicas, cómo se financian, y quién se queda con el relato de la gestión cuando el fuego obliga a tomar decisiones que, hasta hace poco, parecían circunstanciales.
Mientras las hectáreas arden en el sur argentino, y brigadistas y comunidades combaten sin descanso, una pregunta se cuela en cada declaración oficial y en cada análisis técnico: ¿por qué el Estado nacional dejó a su suerte a un sistema que debería ser el corazón del combate contra los incendios? El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) aparece debilitado y con dificultades para ejecutar los recursos asignados, lo que alimenta tensiones entre la Casa Rosada y las provincias patagónicas, sobre todo con la oposición que se concentra en el peronismo.
El Presupuesto 2026 asigna al SNMF $20.131 millones, una cifra que implica una caída real del 69% respecto a 2023 y 78,5% con respecto a 2025 en términos de recursos disponibles para enfrentar incendios, advierte la oposición nacional. La motosierra sobre la asignación presupuestaria no es solo un dato de fondos, impacta en la logística, la compra de equipamiento, horas de vuelo de aeronaves, capacitación de brigadistas y hasta en el mantenimiento de vehículos y herramientas para atacar los focos activos.
Sólo en 2025 se contabilizan más de $20.000 millones no ejecutados y desde organizaciones ambientalistas se denuncia que la subejecución persistente refleja no solo un tema de prioridades sino una debilidad para transformar asignaciones en acciones concretas.
A pesar de la visita del ministro del Interior, Diego Santilli, la suerte está echada. La ayuda nacional no alcanza y la ayuda que llegan desde otras provincias para frenar el avance de las llamas en un área que arde sin parar, parece ser la alternativa al retroceso de los aportes federales.
En ese contexto, los ejecutivos de Chubut, Río Negro y Neuquén firmaron en septiembre de 2025 un convenio para conformar un Comando Unificado Regional de Manejo del Fuego, destinado específicamente a solventar recursos, brigadistas y acciones preventivas y de combate en la cordillera.
Sucedió luego de un incendio que dejó en jaque a la localidad rionegrina de El Bolsón, que generó perdidas millonarias y un necesario refuerzo del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, el equipo especializado de Río Negro.
El acuerdo implica la movilización conjunta de más de 600 brigadistas, medios aéreos coordinados y la posibilidad de utilizar recursos de una provincia en otra frente a la urgencia. Weretilneck destacó que los recursos combinados dan mayor margen de acción ante focos que, hasta hace pocos años, hubieran sido exclusivamente nacionales.
En Chubut, Nacho Torres puso en valor la presencia del gobierno provincial en los operativos, articulando con bomberos voluntarios, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego y la participación de brigadistas de otras jurisdicciones. Sus explicaciones se vieron reforzadas por anuncios de una investigación judicial, que apuntaba una vez más a grupos radicalizados que actúan, siempre según el gobernador, en este tipo de episodios.
En el caso de Neuquén, Figueroa cerró en 2025 la conformación de un cuerpo especializado y se destinaron fondos a su Sistema Provincial del Manejo del Fuego y Recuperación Ambiental, que fue avalado en la Legislatura. Establecer y robustecer las acciones de “prevención, supresión y sanción”, vinculadas a los incendios forestales y rurales en todo el territorio provincial, es el objetivo específico.
Ese desplome presupuestario es uno de los elementos que alimenta la lectura de Alejo Pasetto, representante de Epyca Consultores, para quien la responsabilidad del gobierno nacional es directa: “Milei desfinanció a las provincias y, por ende, las competencias en desastres naturales son del Ejecutivo nacional”, afirma. Para Pasetto, la reducción de recursos nacionales termina trasladando a las provincias tareas que, por magnitud, exceden su capacidad operativa.
La crítica de fondo radica en que la ausencia de recursos no solo reduce la capacidad de respuesta operativa, sino que remodela el federalismo argentino sobre la marcha, sin consenso ni planificación.
Esta visión es compartida a la del bloque de diputados y senadores de Unión por la Patria, que emitieron un comunicado esperablemente crítico y en el que recordaron la compra de aviones F-16, una erogación que podría haberse utilizado para reforzar los fondos del SMNF, y pidieron declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la región.
Lasse Paniceres, titular de PAR Consultores, ofrece un ángulo complementario. En la visión pública, existe un choque entre la ejecución efectiva de política y la percepción que tiene cada sector político. “¿Los mileístas van a creer que es responsabilidad del Presidente? No. ¿Los anti-Milei, creerán que es responsabilidad de él? Sí. Pero los independientes, piensan que es responsabilidad de los gobiernos provinciales”, plantea, poniendo en evidencia cómo la opinión pública se fragmenta según su mapa ideológico.
Paniceres va más lejos al ubicar el debate en la definición misma del federalismo: “En el fondo, está el federalismo en discusión. En gobiernos anteriores, en los que existían partidas presupuestarias, no había una asociación a las mejoras. En el éxito no hay un traslado de los fondos, sino de quién ejecuta la política pública”.
Sin importar el origen de los fondos, la narrativa sobre quién hace qué pesa en la construcción del problema. Y ahí es donde las tensiones entre Nación y provincias se vuelven un conflicto de relato y de legitimidad.
Frente a este escenario, especialistas como José Luis Mozzoni, de la consultora Dos Zetas, advierten sobre el riesgo de politizar en exceso una catástrofe que, en la experiencia de campo, afecta de manera transversal a la sociedad. “La experiencia indica que este tipo de desastres, cuando se politizan, entran en un terreno pantanoso que no favorece a nadie”, plantea, y destaca que la sociedad tiende a ver el problema como protección ambiental y comunitaria antes que como discusión partidaria.
Mozzoni observa que la respuesta coordinada que se expresa en fotos de gobernadores con funcionarios nacionales, brigadistas trabajando codo a codo y apoyo comunitario, indican que, en la percepción de muchos ciudadanos, el desafío no es ideológico sino práctico y social.
“Las comunicaciones en crisis, son un paso más que la comunicación de riesgo que por lo general se hace previamente o en lugares como en los que vivimos de manera permanente. No se politizan, se unifican los canales y se prioriza la certidumbre, la coherencia y el mensaje centrado en llevar tranquilidad a la población e información precisa y clara”, suma el consultor, residente del sur neuquino.
Los incendios en la Patagonia se convirtieron en un punto de inflexión. La reducción y subejecución del presupuesto del SNMF no solo limita la operatividad técnica del combate al fuego, sino que reconfigura relaciones de poder y narrativas públicas, con los gobiernos provinciales casi librados a su suerte.
Los gobernadores patagónicos, con acuerdos regionales y operativos, se posicionan como actores centrales frente a un Estado nacional que, según sus críticos, delega responsabilidades sin proveer los recursos suficientes.
Más allá de las batallas discursivas, lo que queda claro es que el federalismo está siendo reescrito por la manera en que el combate y la prevención se financian, gestionan y narran desde la órbita nacional.