GOBIERNO | EL AJUSTE

Javier Milei empuja la pelea con los movimientos sociales: les sacó un fondo de $10 mil millones

En paralelo al enfrentamiento con gobernadores, el Presidente pasó la motosierra por el Fondo de Infraestructura Social Urbana que cobraban las organizaciones.

En su denuncia por la supuesta malversación de esos fondos, desde la Casa Rosada se había apuntado específicamente contra Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una de las organizaciones que ejecutaba obras con esos fondos.

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Apunten contra Juan Grabois

La motosierra se aplicó a través de un decreto publicado este lunes por el cual se modificó el destino de ese fondo que se había creado en 2020, en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, y que se financiaba con parte de la recuadación del Impuesto País. Según esa ley, de lo recaudado el 70% se dirigía a programas de la Anses y el PAMI, mientras que el 30% restante en obras, turismo y vivienda. Precisamente, de ese último porcentaje, el 30% se asignaba directamente al FISU, 65% a obras de infraestructura económica y 5% al fomento del turismo nacional.

Ahora, con la firma de Milei,, el ministro de Economía Toto Caputo y el Jefe de Gabinete Nicolás Posse se estableció que ese porcentaje pase del 30 por ciento al 1 por ciento, incrementando a 94% el monto destinado a obras de infraestructura. En los hechos, deja sin fondos al fideicomiso que el año pasado significó un flujo de 10.700 millones de pesos, que administraron movimientos sociales pero también organizaciones como Cáritas y Techo.

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Este fondo se destinaba al financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Eran obras como mejorado de calles, conexiones de agua y cloacas y conexiones eléctricas, entre otras, que se ejecutaban en los barrios con mano de obra de cooperativas.

Críticas de movimientos sociales

Desde las organizaciones sociales que integran la Mesa Nacional de Barrios Populares salieron este lunes a criticar la decisón y a advertir que el desfinanciamiento del FISU paralizará obras que se estaban ejecutando en barrios de todo el país, básicamente de infraestructura social básica, ejecutadas por cooperativas de los propios barrios.

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Javier Milei Noticias Argentinas

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"La integración urbana es una política pública, no es un curro ni una caja", dice un comunicado difundido en el marco de las denuncias por supuestos manejos irregulares de fondos, que apuntaron contra Grabois. "Gracias al FISU se han desarrollado más de 1250 obras en 1164 barrios populares en todas las provincias de nuestro país. No queremos que una política pública que ha demostrado ser eficaz sea blanco de tergiversaciones y difamaciones orientadas a objetivos políticos poco claros. Queremos que la ley se cumpla, que las obras se terminen y que esta política continue. Nuestros barrios lo necesitan", agregaron.

Las organizaciones sociales de la Mesa de Barrios Populares, la UTEP, Barrios de Pie, el MTE, el Movimiento Evita, entre otros, analizaban por estas horas medidas en respuesta al recorte en los fondos para obras sociales. En un comunicado dirigido "a todos los vecinos y vecinas de barrios populares", la UTEP avisó que con esta decisión "las obras vigentes están en peligro y no habrá fondos para obras nuevas del programa Mi Pieza ni nuevos terrenos para los vecinos. "Vamos a seguir organizándonos y luchando contra las injusticias de este gobierno", dicen desde la organización que lidera Juan Grabois.

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