El reciente anuncio de Mark Zuckerberg sobre el fin de las políticas de moderación en Instagram y Facebook marca un nuevo hito en la convergencia entre tecnología y política. En enero de 2025, el CEO de Meta declaró que eliminaría los fact-checkers y relajaría las restricciones de contenido en nombre de la "libertad de expresión" y el fin de la censura. Esta decisión, que ha generado un intenso debate público, se complementa con dos movimientos significativos: la mudanza de Meta de San Francisco a Texas y su alineamiento con la filosofía de "libertad total" promovida por Elon Musk en la red social X. Además, Zuckerberg no ha ocultado su cercanía con la campaña de Donald Trump y su posible participación en el próximo gobierno republicano.
Estos hechos no solo redibujan el mapa de poder tecnológico y político en Estados Unidos, sino que también exponen los peligros de un totalitarismo de plataformas en el que las grandes tecnológicas actúan como actores políticos directos, desdibujando los límites entre mercado, política y sociedad en todo el mundo.
Resulta pertinente conectar esta evolución con el concepto de "totalitarismo de plataformas", que se refiere a la capacidad de las grandes tecnológicas para centralizar y controlar la esfera pública bajo el pretexto de ofrecer un espacio abierto y accesible. Este fenómeno no solo erosiona la diversidad de voces, sino que además redefine los límites del debate público según las reglas de empresas privadas que responden, en última instancia, a intereses comerciales y políticos específicos.
El fin de la moderación: una "libertad" sin responsabilidad
La eliminación de los fact-checkers plantea serias preocupaciones sobre la proliferación de desinformación en redes sociales. Zuckerberg ha defendido la medida como un paso hacia "el reestablecimiento de la libertad de expresión", pero ¿qué significa realmente libertad en un contexto dominado por algoritmos que priorizan el contenido más polarizador y sensacionalista?
La desinformación, especialmente en formatos hiperrealistas como los deepfakes y los datos sintéticos, ha demostrado ser una herramienta eficaz para manipular narrativas políticas y sociales. Al eliminar los mecanismos de verificación, Meta abre la puerta a un flujo incontrolado de información falsa que podría debilitar aún más la confianza en las instituciones democráticas.
En este escenario, el discurso de "libertad" promovido por Zuckerberg y Musk parece menos un esfuerzo por proteger derechos individuales y más una estrategia para consolidar un monopolio discursivo que priorice sus intereses económicos y políticos.
El traslado a Texas: el éxodo ideológico de Silicon Valley
El cambio de sede de Meta a Texas es más que una decisión logística. Representa un giro ideológico hacia un modelo menos regulado, más cercano al laissez-faire que caracteriza a estados republicanos como Texas. Este movimiento también refleja un rechazo a las críticas y regulaciones que Silicon Valley, con su cultura progresista, ha impulsado en los últimos años.
En Texas, Meta encuentra un entorno más favorable para implementar políticas de "libertad total", una narrativa que también es instrumental para alinearse con la agenda de Elon Musk y su modelo de "absolutismo de la libertad de expresión" en X. Esta alianza estratégica amplifica la influencia de las plataformas tecnológicas en el discurso público, erosionando las barreras que antes separaban a las corporaciones privadas de los procesos democráticos.
Zuckerberg, Musk y Trump: el triángulo del poder digital
La relación entre Zuckerberg, Musk y Trump pone de manifiesto cómo las plataformas digitales pueden convertirse en instrumentos de poder político. Durante la campaña de Trump, estas redes jugaron un papel clave en la difusión de narrativas polarizantes y en la movilización de votantes. Ahora, con Zuckerberg y Musk eliminando controles como los fact-checkers, se allana el camino para una mayor instrumentalización política de las redes.
El peligro radica en que este modelo no solo permite la desinformación, sino que también refuerza las lógicas de "cámaras de eco" y polarización que han fragmentado el tejido social. Si estas plataformas se alinean abiertamente con gobiernos, como parece ser el caso con Trump, el equilibrio de poder se desplaza de las instituciones democráticas hacia un "totalitarismo de plataformas", donde las decisiones que afectan a millones de personas son determinadas por un puñado de ejecutivos tecnológicos.
La conexión entre las grandes tecnológicas y la política, evidenciada en el apoyo explícito de Zuckerberg y Musk a la administración Trump, plantea una amenaza real al equilibrio de poder y la independencia de las instituciones democráticas. Sin embargo, este contexto también brinda una oportunidad única para reflexionar y actuar. Es momento de que los representantes políticos, legislativos y gubernamentales trabajen en conjunto con la ciudadanía para establecer límites claros al poder de las plataformas digitales, asegurando que el progreso tecnológico no se convierta en un instrumento de regresión autoritaria.
Un llamado a la acción conjunta y reflexiones para Argentina 2025
El anuncio de Zuckerberg no es solo una decisión empresarial; es un síntoma de un problema más profundo: la creciente concentración de poder en las plataformas digitales y su impacto en la democracia. Frente a esta realidad, es urgente que las instituciones democráticas, actúen para proteger los valores que sustentan nuestras sociedades.
La "libertad de expresión" no puede ser un escudo para la irresponsabilidad corporativa ni un pretexto para socavar el debate informado. La democracia depende de un ecosistema de información saludable, y garantizarlo es un deber compartido por todos los actores sociales.
La conexión entre las grandes tecnológicas y el gobierno de Trump, evidenciada en el alineamiento de Zuckerberg y Musk, subraya la necesidad de un esfuerzo coordinado para limitar el poder de estas plataformas.
En este nuevo escenario, la ciudadanía enfrenta el desafío de adoptar un rol activo en la defensa de la democracia digital. Es imperativo que políticos, representantes legislativos y de gobierno promuevan un marco normativo que garantice la transparencia algorítmica y fomente el desarrollo de iniciativas que protejan la calidad del debate público. Además, resulta crucial que estos actores impulsen estrategias de alfabetización digital que permitan a las personas identificar y cuestionar los intentos de manipulación informativa, fortaleciendo su capacidad para participar de manera crítica y constructiva en los procesos democráticos.
En el contexto argentino, de cara a las elecciones de medio término de 2025 vale la pena preguntarnos ¿Están los partidos políticos preparados para afrontar la influencia de redes sociales dominadas por algoritmos opacos? La cercanía de Milei con Musk, Trump y Zuckerberg sumada a la experiencia de La Libertad Avanza y su notable uso de estrategias digitales para consolidar su posición plantea interrogantes cruciales: ¿Cómo garantizar la equidad en las campañas frente a las asimetrías tecnológicas? ¿Se pueden evitar dinámicas desinformativas que erosionen el debate público? ¿Qué rol cumplirán la transparencia algorítmica y la verificación de contenidos para asegurar una contienda justa?
Es imperativo que todas las fuerzas políticas reflexionen sobre estas preguntas y actúen con responsabilidad. La democracia argentina merece un proceso electoral donde el acceso a información confiable y la igualdad de condiciones sean prioridades ineludibles.
