El Presidente avanza en su estrategia judicial en la provincia. El rol de Romina Diez y los acuerdos con el gobernador, con la estrategia para 2027 de fondo.
El presidente Javier Milei acelera nombramientos en tribunales estratégicos en Santa Fe. La Casa Rosada avanza, con la diputada Romina Diez como articuladora libertaria, pero necesitará puntos de encuentro con el gobernador Maximiliano Pullaro para garantizar los votos en el Senado.
La llegada de Juan Bautista Mahiques al centro de la estrategia judicial del Gobierno abrió una nueva etapa en la cobertura de vacantes federales en todo el país. La gestión libertaria se propuso avanzar, en tiempo récord, con la designación de unos 300 jueces antes de fin de año y Santa Fe aparece entre las prioridades: hay al menos diez cargos estratégicos en juego en una provincia atravesada por la agenda de seguridad y el combate al narcotráfico.
La discusión es incipiente, pero ya tiene protagonistas definidos. En Santa Fe, Diez se puso al frente de las conversaciones y busca consolidarse, también desde el fuero judicial, como la principal referencia política de La Libertad Avanza en el territorio. Sin embargo, la magnitud de los nombramientos obliga a mirar más allá de las fronteras partidarias: ningún pliego llegará a destino sin acuerdos políticos y, en ese tablero, Pullaro conserva fichas decisivas.
La señal más clara llegó en los últimos días. Diez publicó una foto junto al ministro de Justicia de la Nación y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con un mensaje que no pasó inadvertido: "Analizando el fortalecimiento de la Justicia Federal de Santa Fe". Más que una reunión técnica, en los despachos judiciales y políticos la imagen fue leída como una declaración de autoridad.
La diputada busca mostrar que la lapicera libertaria en Santa Fe pasa por su escritorio, pero también deja expuesta una tensión inevitable: su intento por conservar capacidad de ordenar relaciones políticas de largo plazo en la Bota contrasta con nuevas estrategias que buscan los hermanos Milei para sostener gobernabilidad y la posibilidad de reelección del Presidente.
La discusión por los cargos llega en un momento político particular. Después de casi dos años de confrontación permanente con los gobernadores, en la Casa Rosada empiezan a imponerse señales de pragmatismo. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, el Gobierno necesita preservar alianzas y evitar conflictos innecesarios con mandatarios que pueden resultar determinantes en el Congreso.
La cobertura de vacantes judiciales es uno de esos terrenos donde la política impone sus reglas. La Libertad Avanza no tiene mayoría en el Senado y ningún pliego puede atravesar esa instancia sin acuerdos previos. Por eso, aunque Diez aspire a liderar el proceso, las negociaciones difícilmente puedan avanzar sin conversaciones con el gobierno provincial.
En Santa Fe nadie desconoce ese dato. Pullaro viene reclamando desde hace meses una mayor presencia de la Justicia Federal para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. La provincia sostiene que la falta de jueces ralentiza investigaciones y afecta el funcionamiento del nuevo sistema acusatorio federal.
Cerca de Diez reconocen que el trabajo técnico está siendo monitoreado por dos abogados de su confianza, Marcos Peyrano y Froilán Ravena, que siguen de cerca los concursos y evalúan perfiles. La diputada, en cambio, se reserva el rol político: ordenar conversaciones, construir consensos y evitar que lleguen a Buenos Aires candidatos sin viabilidad parlamentaria.
Como contó Letra P, en las últimas semanas se cubrieron vacantes muy sensibles en Santa Fe. Entre otros, fue designado Emilio Rosatti, hijo del cortesano nacional, en el Tribunal Oral Federal de la capital provincial. Ahora, la atención está puesta en una nueva tanda de nombramientos.
Un puesto al que se mira con detenimiento es el del Juzgado Federal N°1 de Santa Fe, que además de las competencias ordinarias tiene jurisdicción electoral. Se trata de una silla estratégica de cara a las elecciones de 2027. El concurso todavía se encuentra en trámite dentro del Consejo de la Magistratura y aún no hay terna definida, aunque en los tribunales estiman que el proceso podría concluir antes de fin de año.
También están en juego dos vacantes en la Cámara Federal de Rosario, uno de los tribunales más influyentes de la región. Los camaristas federales no sólo revisan causas penales, sino que intervienen en expedientes de competencia amplia, por lo que sus decisiones suelen tener impacto político e institucional.
La negociación más avanzada, y también la más delicada, es la de los seis jueces de garantías que deberán desempeñarse entre Rosario y Santa Fe. Las ternas ya están definidas y el proceso se encuentra más cerca de la etapa política que de la técnica. Los pliegos todavía no fueron enviados al Senado y es allí donde se concentra la principal disputa.
Entre los nombres que circulan aparece el de Franco Carbone, una figura con peso propio dentro del Ministerio Público de la Acusación santafesino.
Carbone está al frente de la Unidad de Microtráfico, una de las herramientas más visibles de la estrategia de seguridad impulsada por Pullaro. A la lista se suma además la vacante que dejó la jueza civil federal Silvia Aramberri tras su jubilación. El Consejo de la Magistratura habilitó, con mucha velocidad, el concurso para cubrir ese cargo.
Con la diputada Romina Diez como articuladora libertaria, el presidente Javier Milei acelera nombramientos en tribunales estratégicos en Santa Fe. La Casa Rosada avanza, pero necesitará puntos de encuentro con el gobernador Maximiliano Pullaro para garantizar los votos en el Senado.
