La motosierra atraviesa a todo el Estado. En Buenos Aires, los municipios resienten servicios y salarios. El deterioro en la antesala de la campaña 2027.
Axel Kicillof en un acto con intendentes bonaerenses.
La disputa de ideas entre Javier Milei y Axel Kicillof se sintetiza en el rol del Estado, el modelo económico y los recursos públicos. En clave de gestión, ese forcejeo se traduce desde hace meses en reclamos por transferencias discrecionales, obras paralizadas y programas que la Nación dejó de financiar. Pero el conflicto ya se desplazó hacia otro terreno: ahora gobierna la agenda de los intendentes.
La caída de la actividad económica -en junio registró una baja de 0,5% respecto del mes anterior- comenzó a golpear la recaudación tributaria nacional y, con efecto cascada, se trasladó a toda la cadena de financiamiento público. La primera consecuencia fue la reducción de los recursos coparticipables que llegan a las provincias. Y la última estación son los municipios, donde el ajuste deja de ser una discusión macroeconómica para convertirse en problemas cotidianos de gestión.
Buenos Aires es una de las provincias donde ese fenómeno se expresa con mayor intensidad. Durante el primer semestre de 2026, las transferencias automáticas enviadas por la Nación cayeron 2,2% en términos reales respecto del mismo período del año pasado. El componente más importante, la coparticipación federal de impuestos, retrocedió 10,5%, producto del menor nivel de recaudación nacional.
Para el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, la caída de la coparticipación "es la consecuencia de un modelo que deprime el mercado interno y el financiamiento de las provincias". Se expresa en la merma de los principales impuestos, como Sellos y el IVA, vinculados al consumo.
Así las cosas, entre enero y mayo de 2026, el Estado bonaerense transfirió a los 135 municipios $2,31 billones, frente a los $1,77 billones girados en igual período de 2025. Aunque los envíos crecieron casi 30% en términos nominales, el incremento quedó por debajo de la inflación acumulada.
En definitiva, con menos recursos nacionales y una recaudación propia estancada, el margen financiero del gobierno bonaerense empezó a estrecharse. La decisión de reforzar con $4.200 millones el presupuesto de ARBA fue una señal de esa tensión.
Donde el deterioro se vuelve más visible es en los municipios. El desplome en cadena de la masa coparticipable empieza a sentirse sobre las prestaciones más básicas. Ya no se trata solamente de obras públicas demoradas, en su mayoría comprometidas por el gobierno de Milei. Ahora aparecen dificultades para afrontar aguinaldos, sostener la recolección de residuos, participar en los Torneos Bonaerenses o financiar servicios cotidianos.
Los ejemplos se multiplican.
En San Pedro, el intendente Cecilio Salazar todavía busca recursos para cancelar el aguinaldo de más de 1.200 trabajadores y debió solicitar asistencia financiera a la Provincia.
En Azul, Nelson Sombra pagó el medio aguinaldo en cuotas hasta recibir un auxilio de La Plata.
En Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño volvió a congelar los salarios de la planta política para generar un ahorro de 183 millones de pesos.
En un distrito de la Séptima sección la preocupación ya alcanza incluso a los Torneos Bonaerenses. "Está todo muy fino", admiten desde el municipio. La posibilidad de suspender la participación en esa competencia de jóvenes, algo impensado hace pocos años, refleja hasta qué punto la crisis empezó a modificar prioridades de gestión.
La falta de recursos también alteró otro equilibrio. Frente al retiro de la inversión nacional en infraestructura, algunos municipios comenzaron a asumir funciones que históricamente correspondían a la Casa Rosada.
Bahía Blanca decidió financiar con recursos propios la reparación de un tramo de la ruta nacional 3. Roque Pérez hizo lo mismo sobre la ruta 205. En Pehuajó y Coronel Rosales los reclamos siguen abiertos.
No son casos aislados. Expresan una tendencia: intendentes que ya no esperan respuestas de Vialidad Nacional y optan por intervenir con los pocos recursos municipales para resolver problemas que repercuten en la vida cotidiana de los habitantes y también, por qué no, inclinan la balanza a la hora de votar.
La situación financiera empezó a convertirse en un problema político transversal. El próximo 30 de julio, más de 80 intendentes del peronismo, la UCR y el PRO de municipios del interior bonaerense volverán a reunirse en Lobos para discutir un diagnóstico que atraviesa a todas las fuerzas: la caída de la recaudación, la reducción de los recursos coparticipables y la dificultad para sostener servicios esenciales.
No es casual. En pocos meses comenzará la campaña para renovar las autoridades de las intendencias y las cámaras de la Legislatura, definir la sucesión de Kicillof y ratificar o reemplazar al Presidente, aunque resta tiempo y muñeca política para decidir si las elecciones en Buenos Aires serán desdobladas o concurrentes. Más allá de la resolución de la estrategia electoral, los candidatos llegarán con un problema que trasciende las diferencias partidarias: administrar municipios con menos recursos y mayores demandas.
Para Kicillof, que ya se mueve como un presidenciable del peronismo, el desafío es todavía mayor: sostener la gestión provincial mientras intenta contener financieramente a los municipios y, al mismo tiempo, disputar liderazgo dentro de su espacio.
La campaña por la discusión 2027 empezará con discursos anclados entre el riesgo kuka y el cambio de rumbo para bajar la inflación sin destruir la producción y el empleo, pero debajo de esa discusión habrá otra, menos visible y más determinante: la de una caja pública que ya no alcanza para sostener al mismo Estado. Un problema que ningún intendente puede resolver solo.
