La Iglesia y los movimientos sociales, juntos. Batería de reclamos ante la “insensibilidad”. Funcionarios que no funcionan y un juez cercano al papa Francisco.
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.
Sandra Pettovello frente a "la fila del hambre"
Ministerio de Capital HumanoLa denuncia del hallazgo de toneladas de alimentos retenidos en galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo (Tucumán) por disposición del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, hizo que la funcionaria perdiera fuerzas aliadas en su intención de borrar definitivamente a los movimientos sociales de su distribución en los comedores populares.
La onda expansiva también forzó a Pettovello -a quien el presidente Javier Milei considera “la mejor ministra”- a echar a Pablo de la Torre, el funcionario encargado del control permanente de stock y de vencimiento de la comida que debía ser distribuida para la contención social en los sectores más vulnerables.
Fuentes gubernamentales consultadas por Letra P dijeron que “continuará la sangría” en la antigua cartera de Desarrollo Social, mientras en los pasillos ministeriales crecen las versiones de que De la Torre sería reemplazado por Leila Gianni, subsecretaria Legal de la cartera. La abogada, una libertaria conversa del massismo, ya salió a defender a su jefa con un retuit de un posteo de la cuenta Escuela Austríaca de Economía en la red social X.
Paralelamente a ordenar la entrega “inmediata” de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para “garantizar una logística rápida y eficiente”, Pettovello dio parte a la Oficina Anticorrupción para que investigue si funcionarios del área incurrieron en irregularidades en el cumplimiento de su tarea.
Tal como viene contando Letra P, Pettovello tercerizó la entrega de alimentos a través de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), Cáritas Argentina y la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (Conin), del médico Abel Albino. La estrategia, además de cambiar de interlocutores, buscaba sacarse de encima a las organizaciones sociales a las que consideraba “gerenciadoras de la pobreza”.
La Iglesia fue la primera en tomar distancia de las autoridades de la cartera social libertaria. Fue apenas se conocieron las denuncias del dirigente Juan Grabois en cuanto a que había cinco millones de kilos de alimentos retenidos, algunos con fecha de vencimiento próxima, en galpones ministeriales. También por la demora en la llegada de la comida a los comedores y merenderos de las barriadas populares.
Ese fue el punto de quiebre. El escándalo político - judicial y social hizo que el titular de Cáritas Argentina ratificara su respaldo a la labor de las organizaciones sociales. “No es justo que cuando hay hambre se hagan convenios con la Iglesia y no con otros servicios, programas o redes de comedores en todo el país”, planteó el obispo quilmeño Carlos Tissera.
La denuncia penal de Grabois –asesor del papa en el Vaticano- recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, quien ordenó distribuir de manera inmediata los alimentos retenidos en varios galpones de la cartera de Pettovello. La medida fue apelada por las autoridades gubernamentales, antes de la salida de De la Torre.
Casanello, quien este viernes volvió a reclamarle al Gobierno por el plan de distribución de alimentos tras el vencimiento del plazo para presentarlo, es considerado en pasillos de tribunales como un magistrado “cercano” al Papa Francisco.
Las fuentes judiciales consultadas por Letra P aseguran que Casanello tiene una comunicación “bastante cotidiana” con el pontífice, con quien intercambia mensajes por correo electrónico, la vía de comunicación que más utiliza Jorge Bergoglio.
El trato relacional entre el juez y el papa, estiman las fuentes, comenzó en 2016, cuando Francisco recibió a Casanello en una audiencia privada en momentos en que investigaba la causa conocida como “La ruta del dinero K”. “Desde entonces, tienen muy buen diálogo y conversan sobre temas de interés mutuo”, puntualizan.
El escándalo por la retención de toneladas de alimentos hizo que tres obispos de prédica bergogliana cuestionaran la “insensibilidad” gubernamental por la situación de millones de personas sumidas en la pobreza y les pidieran a Milei y a Pettovello la distribución inmediata de la comida acopiada en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo.
El primero fue el arzobispo Jorge Lozano (San Juan), quien durante el tedeum patrio y delante del gobernador Marcelo Orrego, advirtió: “La corrupción en la distribución de alimentos en algunos lugares del país son muy graves. No se debe malversar la comida destinada a los pobres. Eso es pisotear su dignidad y pudre el tejido social”.
Lo siguió el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, a través de su reflexión dominical. "Resulta preocupante que se vaya perdiendo esta sensibilidad frente a un derecho que es esencial y que es primario, como es el derecho al alimento", aseguró.
En la misma línea se pronunció el obispo Eduardo García, con jurisdicción pastoral en una de las diócesis del partido de La Matanza. "No hay que desproveer a la comunidad de aquello que es necesario para su vida y que es fundamental para la alimentación. Estamos en una situación de emergencia bastante complicada y está faltando el alimento", se quejó.
El prelado matancero se manifestó a favor de las auditorías a los comedores, pero planteó: “Parar todo mientras se lo haga, me parece que es una locura. La gente necesita comer".