Los prestadores reclaman fijar "aranceles razonables" que permitan cubrir los costos. La medida impacta a miles de jubilados y pensionados de la región.
Patagonia: las clínicas suspenden la atención de guardia a afiliados de PAMI y alarman a los gobernadores.
En medio de una fuerte escalada del conflicto con PAMI, clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro y Chubut suspendieron desde este martes la atención de consultas de guardia para afiliados. Según informaron, mantendrán únicamente la asistencia de emergencias por “razones de responsabilidad médica”, una medida que impacta a miles de jubilados y pensionados de la Patagonia.
La decisión se produce tras meses de reclamos por las condiciones económicas del convenio con PAMI. De hecho, como ya contó Letra P, el conflicto arrastra antecedentes de restricciones en la atención en el marco de una fuerte disputa marcada por el atraso arancelario. Ahora, el nuevo anuncio encendió las alarmas en las oficinas de los gobernadores patagónicos por las posibles consecuencias sanitarias y políticas de la medida.
Según informaron fuentes del sector a través de un comunicado, la protesta surge luego de “intentos infructuosos por mejorar las condiciones económicas del contrato con la obra social”, cuyos aranceles sufrieron “una depreciación real del 75% frente a la inflación en dos años y medio”.
“A pesar de que los prestadores mantuvieron inicialmente el servicio normal como gesto de buena voluntad, la falta de respuestas satisfactorias por parte de las autoridades centrales del Instituto ha vuelto insostenible la situación financiera de las instituciones”, agregaron.
De acuerdo con esta línea, a lo largo de la disputa, el conjunto de centros presentó diversas propuestas que incluyen el inicio de un proceso progresivo de recuperación de aranceles y alternativas de actualizaciones parciales para frenar la degradación de los precios.
Sin embargo, la última oferta oficial recibida en una reunión con las autoridades consistió en un ajuste potencial inferior al 4%, lo cual, según los prestadores, “no representa un principio de solución, sino que profundiza la crisis”.
El reclamo central de las clínicas es por "la fijación de aranceles razonables" que permitan cubrir efectivamente los costos básicos de prestación de los servicios médicos. La crisis se ve agravada por otros factores operativos, como los cupos impuestos por el propio PAMI a las prestaciones ambulatorias y la falta de provisión de materiales esenciales para cirugías complejas.
El sector de clínicas y sanatorios privados atiende aproximadamente al 65% de la población regional y sostiene más de 10.000 puestos de trabajo directos. De hecho, el impacto es particularmente sensible en una región donde el sistema privado cumple un rol central en la cobertura de salud de los adultos mayores.
Se estima que en las cuatro provincias patagónicas hay alrededor de 300 mil afiliados al PAMI. En este marco, los prestadores convocaron a los ministros de Salud de las cuatro provincias para analizar el impacto de la medida.