El senador libertario quiere voltear la ley de lemas y debilitar el andamiaje territorial del peronismo. El gildismo respondió con embargos. Las causas.
Formosa: con dos denuncias quirúrgicas, Francisco Paoltroni le apunta al corazón del poder de Gildo Insfrán
Francisco Paoltroni llevó a la Justicia federal dos denuncias que tensaron el mapa político de Formosa. El senador libertario apunta a dos pilares de la hegemonía del gobernador Gildo Insfrán en la provincia: la ley de lemas, el engranaje electoral que estructura al peronismo formoseño desde 1987, y el andamiaje territorial de los municipios, donde asegura que operan mataderos clandestinos con aval oficial.
De este modo, mientras el gildismo busca consolidarse rumbo a 2027 a partir de la reciente reforma constitucional, que habilita a Insfrán a pelear por otro mandato más, Paoltroni habla de un sistema que empieza a mostrar el desgaste de los años.
La combinación de ambos frentes tensó un ecosistema político acostumbrado a administrar la disidencia a puertas cerradas. La pulseada judicial tiene dos carriles. El primero es la impugnación de la Ley 653, el sistema de lemas que le dio al oficialismo una ingeniería electoral que multiplica boletas y consolida votos. El expediente, iniciado por Paoltroni como presidente del partido Libertad, Trabajo y Progreso, llegó a la Cámara Nacional Electoral, fue rechazado y terminó recalando en la Corte Suprema.
Sin embargo, el expediente volvió a abrirse. Según el fallo CNE 3635/2024/1/RH1, el máximo tribunal consideró inválida la denegatoria del recurso extraordinario por una omisión procesal —no se cumplió con el traslado que exige el artículo 257 del Código Procesal— y ordenó al tribunal de origen sustanciar correctamente la apelación antes de resolver.
Aunque parezca técnico, el tema tiene impacto directo en el poder. En Formosa, la ley de lemas funciona como un engranaje decisivo para el peronismo provincial.
El esquema permite que múltiples sublemas —en los comicios provinciales de junio fueron 78 en total— sumen sus votos al lema principal. Allí está el corazón del modelo: de esos 78, 56 eran sublemas espejo del PJ, todos con las mismas listas de diputados provinciales y convencionales constituyentes. Lo único que cambiaba eran las candidaturas municipales.
En la práctica, esa estructura multiplica boletas, capta votos por todos los canales posibles y termina consolidando, en la sumatoria, a la lista que responde a Insfrán. Por eso, cualquier movimiento judicial que abra la puerta a revisar el sistema no solo tiene alcance jurídico: pone en cuestión el mecanismo que reproduce el poder del oficialismo en cada elección.
Ahora, ese sistema vuelve a quedar jurídicamente expuesto. Si el caso avanza, cualquier revisión no solo implicaría un debate técnico, sino un movimiento sísmico sobre la arquitectura política del gildismo.
El segundo carril toca el territorio. En una denuncia de más de 25 páginas, Paoltroni afirmó que en al menos 14 localidades formoseñas funcionan mataderos clandestinos no habilitados, operados con una dinámica que él define como un “circuito paralelo de faena y recaudación” administrado por intendentes y verificado por comisarías locales.
La denuncia detalla presuntas violaciones a la Ley 12.317 de Salud Pública, al Decreto 4238/68, a la Ley Penal Tributaria y a normas sanitarias que, según argumenta, obligan a la intervención de la Justicia federal.
El documento al que accedió Letra P describe un modus operandi simple y eficaz: presencia policial para verificar marca y señal, permiso de faena asentado en “Libros de Faenas” administrados por comisarías, cobro municipal por derecho de faena y sacrificio de animales en instalaciones sin habilitación de Senasa ni controles sanitarios.
El escrito apunta además a riesgos ambientales, competencia desleal para frigoríficos habilitados, propagación de zoonosis y antecedentes de intoxicación fatal en General Manuel Belgrano.
La causa quedó en manos del juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas y bajo la órbita del fiscal Ramiro González, que deberá determinar si existe un riesgo real para la salud pública. Las localidades mencionadas en la denuncia —Pirané, Palo Santo, Laguna Yema, Misión Tacaaglé, El Espinillo, Ingeniero Juárez, Los Chiriguanos, Villa 213, El Colorado, Lucio Mansilla, Laguna Naineck, entre otras— forman parte del anillo de intendentes que hace décadas sostiene la vida política de la provincia, una red territorial que articula gestión, recaudación y gobernabilidad.
Si una causa federal avanza sobre ese ecosistema, la tensión no sería solo jurídica: afectaría la cadena de lealtades que sostiene al régimen territorial gildista. El caso mezcla riesgo sanitario, recaudación informal, controles laxos y potencial evasión, por lo que afecta un punto neurálgico del relato oficial: la idea de un Estado ordenado, homogéneo y capaz de regular cada tramo de la vida social.
El gobierno de Formosa no respondió sobre el contenido de la denuncia ni sobre los mataderos y las condiciones sanitarias, pero activó un contraataque centrado en la actividad privada de Paoltroni. El ministro de Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, confirmó que la Justicia federal y la provincial ejecutaron embargos sobre bienes del senador y que incluso se notificó al Senado como empleador del dirigente formoseño.
Rodríguez explicó que los embargos derivan de expedientes administrativos por desmontes no autorizados detectados mediante imágenes satelitales. "Se citó a las firmas asociadas al senador Paoltroni para que hicieran su descargo. No hubo respuesta. Se avanzó en la multa y, al no abonarse, la Fiscalía de Estado pidió su ejecución", sostuvo a la agencia de medios oficialista.
El ministro también apuntó al crecimiento patrimonial del libertario. Según datos del sector privado mencionados públicamente, Paoltroni habría pasado de poseer 141 cabezas de ganado a más de 3.000 en un período breve. El funcionario habló, incluso, de “fuertes versiones” sobre comercialización en negro.
El contraataque alcanzó además a Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas, aliado político de Paoltroni y diputado electo por La Libertad Avanza. Rodríguez enumeró desmontes ilegales supuestamente vinculados al jefe comunal en Ibarreta, Estanislao del Campo, Subteniente Perín, Colonia San Roque, Pozo Molina, Ruta 86, Laguna Yema y El Quemado Nuevo. Lo ubicó en el mismo esquema de sanciones.
En paralelo, el peronismo salió a bloquear la narrativa de Paoltroni sobre una eventual intervención federal. El diputado oficialista Rodrigo Vera calificó la propuesta como “antifederal” y de un “desconocimiento absoluto” de la provincia. Señaló que el artículo 6° de la Constitución solo habilita la intervención en casos de extrema gravedad institucional y acusó al senador de buscar “entrar por la ventana” a responsabilidades que la sociedad formoseña “le niega desde las urnas”.
Ese contrapunto funciona como tapón político, pero no como respuesta de fondo. El gobierno provincial no se pronunció sobre las acusaciones puntuales de la denuncia federal.
La ofensiva de Paoltroni —judicial, territorial y mediática— coloca al peronismo formoseño en un terreno incómodo. Si la causa avanza o si el tema se mantiene en agenda, Paoltroni podrá usarlo para sostener su ofensiva y su pedido de intervención federal. Si no prospera, igual habrá expuesto una zona gris que el oficialismo preferiría mantener fuera de escena.