El tratamiento del proyecto de Ficha Limpia enviado por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, marca el andar del período ordinario de la Legislatura provincial. Caratulado como “prioritario” para el oficialismo, tuvo su primer tratamiento en comisiones camino a una votación por la que emergen ciertas diferencias entre sectores aliados.
“El Poder Ejecutivo está dispuesto a escuchar sugerencias”, reconoció este martes el legislador Ernesto Novoa (Neuquinizate), en la reunión de comisión que dio tratamiento al proyecto anunciado por Figueroa el pasado 1 de marzo, en alusión a la bancada del PRO que ya había presentado su propio borrador en el período anterior.
La cocina de esta ley completa el mapa regional tras la aprobación en Chubut y Río Negro, con proyectos similares impulsados por sectores de la oposición en La Pampa y Tierra del Fuego, mientras en el Congreso la iniciativa aprobada en Diputados espera su sanción en el Senado.
Prueba de la blancura
Los diputados que se encontraron en el edificio de calle Leloir escucharon defender las bendiciones del proyecto a Novoa y a Carlos Coggiola, ambos titulares de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. La explicación de los voceros fue auspiciar la intención del Ejecutivo de que avance, en consenso, una ley que aparece en un contexto de año electoral.
Particularmente la movida toma vigor luego de un proceso traumático como la inhabilitación de Gloria Ruiz como vicegobernadora, mientras progresan sendas causas judiciales sobre los familiares de la exintendenta de Plottier y se trata en el Congreso lo que puede significar la imposibilidad de competir en una instancia electoral para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Ese espíritu reinó en los diálogos que fueron replicándose en la mesa de trabajo matutina, completada por figuras de casi todas las fuerzas con representación legislativa. En principio, la propuesta que envió Figueroa correría a una primera del PRO. El bloque amarillo, con Marcelo Bermúdez, robustece el interbloque Neuquinizate con otros sellos satélites y aportaría a las modificaciones.
“La idea es que tenga aprobación a la brevedad”, deslizó el jefe de la bancada del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Gabriel Álamo, apenas salió de la sala. El MPN, totalmente volcado en la construcción de un gran frente provincial, funciona de poderoso aliado del gobierno neuquino con diez escaños dentro de un cuerpo de 35 bancas.
Los ejes de Ficha Limpia
El equipo técnico de Figueroa elevó al ámbito legislativo a finales de enero un proyecto que el propio hijo descarriado del MPN impulsaría en el discurso inaugural. “La tolerancia cero debe ser plasmada en una ley, no solo para quienes quieran ser candidatos, sino también para quienes integren la planta política del Ejecutivo provincial”, dijo cuando ingresó por mesa de entradas.
Desde entonces, se observó a grandes rasgos el articulado que pretende darle un marco jurídico nuevo al sistema de representación. Su objeto es “establecer que las personas con antecedentes penales, condenas o causas judiciales en marcha, no puedan ser candidatos/as a cargos representativos como así tampoco designados/as para integrar el gobierno provincial”.
Esta movida arroja una extensa lista con causales que impiden acceder a candidaturas y a un lugar en el organigrama del funcionariado público. A la nómina de desplazados se le sumarían “inhabilitados por juicio político u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para el impedimento, la expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública; y las personas comprendidas por causales previstas por leyes especiales”.
"Es importante dejar un mensaje contundente a la sociedad", se sinceró una figura del gabinete rolista ante la consulta de Letra P. Lo que fue presentado en una coyuntura de descreimiento con la actividad política, repiten en el funcionariado neuquino, fue una bandera del gobernador en su idea de ordenar para redistribuir y suplir demandas históricas del interior profundo.
Chubut y Río Negro fueron las primeras provincias patagónicas en convertir esta propuesta en ley, detrás de Mendoza.
Donde manda Nacho Torres, en octubre del año pasado se aprobó con un respaldo notable el modelo para cargos públicos no electivos.
En el distrito gobernado por Alberto Weretilneck, se dio una instancia similar en diciembre. El cipoleño modificó el código electoral y avaló el proyecto que ingresó en acuerdo de ministros y fue aprobado en única vuelta. La iniciativa garantiza que personas condenadas por delitos dolosos, con sentencia judicial en segunda instancia, no puedan candidatearse a cargos públicos electivos ni ejercer cargos partidarios.