Todos los flashes apuntaban a Tepsich, el único vocal designado por Frigerio. Los jueces priorizaron el bajo perfil del elegido titular del Poder Judicial.
Germán Carlomagno fue elegido nuevo presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Germán Carlomagno, uno de los vocales más antiguos, fue elegido presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos. Su elección supuso un giro de los acontecimientos, ya que todos los flashes apuntaban hacia otra dirección, a partir de las intenciones de los jueces de hacerle un guiño al gobernador Rogelio Frigerio.
Carlos Federico Tepsich, el único vocal que fue designado por Frigerio parecía número puesto para esta nueva etapa en la relación del gobierno provincial con el Poder Judicial. Sin embargo, este martes fue elegido vicepresidente para el período 2026-2027. Las nuevas autoridades asumirán el 1 de febrero.
Germán Reynaldo Francisco Carlomagno, de 75 años, fue elegido por unanimidad. Es uno de los integrantes de la vieja guardia, aunque cultivó siempre un bajo perfil. Integra el STJ desde 1993, cuando fue designado en la Sala Laboral por Mario Moine, el exgobernador menemista que hoy es aliado de Frigerio, y es el segundo más longevo en el alto cuerpo, solo superado por Daniel Carubia.
Precisamente Carubia fue el artífice de su elección: en una reunión informal con Frigerio en los primeros días de noviembre le acercó el nombre de Tepsich para presidir el alto cuerpo; pero sugirió el nombre de Carlomagno como Plan B ante las dudas que expresaba Tepsich para dar el paso. Como ocurrió.
En los últimos meses, el gobierno provincial viene dando señales de una reconfiguración en la relación con el Poder Judicial, casi nula en los dos primeros años de gestión.
El primer paso fue la designación de Julián Maneiro al frente de la Secretaría de Justicia. A ese, le siguieron otros relacionados con reformas espinosas en el sistema judicial, desde el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la designación de jueces en la provincia, hasta la implementación de una comisión para la modificación del Código Procesal Penal con el ojo puesto en establecer límites de tiempo al Ministerio Público Fiscal para las investigaciones penales.
El gobierno también está trabajando en una reforma previsional que, se presume, ingresará a la Legislatura antes de fin de año y podría tener puntos que impacten en el Poder Judicial. Uno de ellos es la denominada ley de enganche, que ata los incrementos salariales de magistrados, funcionarios y empleados a los que otorga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para evitar confrontaciones, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, viene realizando un trabajo fino de seducción a los vocales.
Los nuevos vientos que soplan en los alrededores de la Casa Gris inspiraron cambios también en los tribunales. Leonardo Portela, el actual presidente del STJ, tenía posibilidades de reelegir, pero en el gobierno ven su figura asociada a Guillermo Michel, el diputado electo por el peronismo.
Portela y Michel tienen algo en común: ambos son oriundos de Gualeguaychú. No mucho más. Pero en la gestión ven el fantasma de Michel por todas partes.
El nombre de Carlomagno surgió ante la declinación de Tepsich. Desde su poltrona, Carlomagno vio pasar a seis gobernadores en más de tres décadas de vocal. Supo mantener un bajo perfil, en parte por su rol en la Sala del Trabajo, siempre alejada de los focos de conflicto y de los flashes, que suelen apuntar a la estratégica Sala Penal, a la que llegan los asuntos de interés público.
A pesar de eso, su nombre quedó en el ojo de la tormenta a mediados de 2023 cuando votó a favor de la candidatura de Mauricio Davico, que aspiraba a un tercer mandato como intendente, algo vedado por la Constitución Provincial.
Hace unos meses, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos lo reconoció por su trayectoria con un elogioso mensaje en el que mencionaba que “Carlomagno ha dejado una huella profunda en la jurisprudencia laboral entrerriana”. Y lo endulzó señalando que “sus votos se distinguen por la claridad de sus fundamentos, la sensibilidad ante las consecuencias humanas del conflicto y la convicción de que la misión del juez laboral consiste en resguardar la justicia material por encima de las formas”.