Jorge Macri presentó a la Legislatura su proyecto para endurecer penas unas tres horas después de que LLA enviara el suyo. La campaña de la ley y el orden.
En la recta final de la Legislatura porteña antes del año electoral, la tregua entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO sigue mostrando cortocircuitos. Ahora, el jefe de gobierno, Jorge Macri, y el partido de Javier Milei volverán a disputarse la agenda de "ley y orden" con dos proyectos para reformar el Código Contravencional de la ciudad de Buenos Aires.
Este miércoles, el Ejecutivo impulsó una iniciativa para sumar nuevas faltas y endurecer penas por contravenciones -que refieren a faltas de tránsito, acoso callejero y acciones que alteran la convivencia urbana- en el distrito. El texto ingresó al parlamento local, apenas tres horas después de que la bancada libertaria presentara su propuesta para modificar el código.
Ambos partidos esperan agravar sanciones y profundizar el control sobre el espacio público, pero sus proyectos difieren en algunos ejes clave como la tolerancia para reincidentes, las condenas en suspenso y la posibilidad de acceder a probations. Así, tal como ocurre con las iniciativas para formalizar la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la capital, ambos partidos volverán a disputar la letra chica del proyecto punitivista que deberá sancionar la Legislatura porteña.
La Libertad Avanza y el Ejecutivo porteño coinciden en agravar las penas para personas que vuelven a cometer una contravención en el corto plazo, pero discrepan respecto de las condiciones que debe cumplir para ser considerada reincidente. El proyecto del oficialismo advierte que todo aquel que reitere una violación al Código dentro de los dos años posteriores a la primera infracción será calificado como reincidente. En el caso de LLA, ese plazo se extiende hasta tres años.
De este modo, a priori, la iniciativa del bloque que conduce Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en el terruño de los primos Macri, pareciera mostrar una impronta más dura. Sin embargo, el proyecto del alcalde porteño impone penas más severas para quienes que recaigan en más de una oportuniad en contravenciones.
El proyecto macrista prevé agravar las sanciones en un 50% para la primera reincidencia, dos tercios para la segunda y duplicarla para las subsiguientes. En cambio, el texto suscrito por la bancada violeta las intensifica en un tercio para el primer caso y en un 50% en el segundo. Además, especifica que la graduación del agravamiento quedará en manos del juez, que deberá evaluar qué tipo de contravención fue cometida originalmente.
Otro de los puntos sobre los que divergen ambos proyectos refiere a la posibilidad de acceder a una condena en suspenso, es decir, el beneficio legal por el que se determina una pena, pero no se aplica de manera inmediata.
El oficialismo porteño decidió ir a fondo y estableció la imposibilidad de acceder, en ningún caso, a una condena en suspenso. La iniciativa de LLA, en cambio, contempla la posibilidad de que el juez otorgue este beneficio dependiendo de los antecedentes personales, modo de vida y tipo de contravención cometida, aunque fija algunas restricciones.
En este sentido, para el sello violeta, esta concesión quedaría prohibida para reincidentes y condenados por contravenciones que abarcaran violencia o intimidación contra terceros o implicaran conductas basadas en desigualdad de género.
El macrismo también muestra un mayor endurecimiento en lo que refiere a la posibilidad de acceder a una probation. Se trata de una suspensión del proceso judicial a prueba de que el imputado cumple con determinadas normas de conducta y repare el daño causado en un tiempo determinado por el juez.
En el artículo 48 del texto del Ejecutivo, se prohíbe la aplicación de soluciones alternativas al proceso judicial, ya sea algún tipo de conciliación, mediación o aplicación de la suspensión del proceso a prueba. Es decir, todo aquel que cometa una contravención deberá ser sometido a juicio. La bancada mileísta, en cambio, solo restringe este beneficio bajo las mismas condiciones que impulsa para la condena en suspenso.
Tanto el oficialismo porteño como el partido de Milei apuestan a profundizar el control sobre el espacio público y penalizar actividades callejeras informales. Los textos varían en el valor de las multas correspondiente a cada actividad, pero coinciden en sancionar con mayor severidad toda actividad lucrativa no autorizada en la vía pública, la ocupación indebida de la calzada (por fuera de los límites habilitados para comercios) y la conducción bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.
También prevén sanciones para aquellas personas que generen "ruidos molestos" en horas de descanso. De igual modo, actualiza el Código frente a nueva modalidades digitales como las estafas con datos personales, sistemas de cobro o interferencia de señales.
El proyecto de Jorge Macri, además, agrega sanciones para quienes ofrezcan, demanden o promocionen servicios sexuales en la vía pública, vandalicen bienes públicos o fijen afiches o publicidades en lugares no autorizados para tal fin.
Más allá de las discrepancias en términos punitivos, el proyecto de LLA también incorpora un diferencial en términos doctrinarios. El texto presentado en la Legislatura que lleva la firma de Solana Pelayo, presidenta de la comisión de Justicia, determina la autonomía del Código Contravencional porteño.
En su articulado, se estipula que las disposiciones del Código Penal de la Nación no podrán aplicarse ni de manera directa ni supletoria para resolver ninguna de las contravenciones. "Las situaciones no previstas expresamente se resuelven conforme a los principios generales de este Código, interpretados a la luz de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Constitución Nacional y los principios constitucionales que rigen el ejercicio del poder punitivo del Estado", plantea el proyecto.
