El asesor de Alejandra Ferrero fue detenido por abuso sexual. El Frente Cívico no pedirá su apartamiento como sí lo hizo con el peronista Flores. Otras voces.
Luis Juez y Rodrigo de Loredo, en tiempo de sociedad electoral en Córdoba.
La detención del asesor radical Omar "Manotas" Ludeña imputado por abuso sexual puso bajo la lupa Alejandra Ferrero en la Legislatura de Córdoba. Sin embargo, el Frente Cívico de Luis Juez optó por el silencio y envió un claro guiño político a Rodrigo de Loredo con el objetivo de sostener la unidad opositora.
Ferrero, además de ser una de las voces cantantes del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) conduce el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) y, pese a la gravedad de la imputación que recae sobre quien integraba su estructura, ni el arco opositor ni el oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba, con Facundo Torres Lima a la cabeza, activaron el protocolo de acorralamiento. Por el momento, desde todos los sectores manifestaron que no habrá pedido de apartamiento.
En la Unicameral, ensayan una distinción tajante para justificar el trato diferenciado respecto al antecedente de Ramón "Cañito" Flores, el legislador peronista cuyo colaborador, José Villarreal, también terminó tras las rejas por delitos sexuales contra menores en el norte provincial.
Mientras que con Flores la oposición en pleno, liderada por el Frente Cívico, exigió la "responsabilidad ética" y la cabeza del parlamentario, en el caso de Ferrero argumentan que las situaciones no son equiparables en la trazabilidad política de los contratos. Así, la vara procesal volvió a acomodarse según el color del despacho: "No tiene que renunciar, es un caso diferente al anterior", señaló Walter Nostrala a Letra P.
Por un lado, la bancada juecista y UCR se encuentran unidos frente al peronismo que lidera Martín Llaryora; por otro, no sueltan la mano a un socio que puede trascender los límites legislativos.
Así, detrás de la prudencia del Frente Cívico puede leerse como un gesto directo hacia De Loredo ya que es su armadora la que quedó en el ojo de la tormenta, pese a que pidió su desvinculación a la vicegobernadora Myrian Prunotto, apenas supo de la denuncia contra el empleado de planta permanente que trabaja para el bloque boinablanca.
Aunque el senador y el exdiputado radical atravesaron períodos de distanciamiento y ya no exhiben la sociedad perfecta de otros turnos electorales, mantienen canales de diálogo abiertos y una pragmática sintonía de fondo. Ambos comparten, además, un alineamiento estratégico con el ecosistema de La Libertad Avanza en la provincia.
Cuidarle la espalda a Ferrero implica no implosionar la mesa opositora ni dinamitar los puentes con el deloredismo.
Si bien el consenso transversal es evitar una cacería contra Ferrero, las lecturas dentro del recinto varían según la trinchera.
Desde otro sector de la oposición advierten que, tanto en la causa del oficialismo con Villarreal como en la que sacude a la UCR con Ludueña, existen antecedentes que "misteriosamente no saltaron en los certificados" o fallas graves en los filtros de contratación, ya que ambos empleados se mantuvieron en funciones sin contratiempos hasta que las denuncias tomaron estado público.
Frente a esto, reclaman resolver el problema sistémico de fondo sin quedar empantanados en chicanas de facción, impulsando en el recinto la interconexión automática entre la base de datos de la Legislatura y los registros policiales y judiciales.
Por otro lado, la cautela tiñó a los bloques de menor volumen y a las bancadas minoritarias donde optaron por la recolección previa de datos judiciales para "evaluar la causa antes de fijar una postura definitiva", mientras que en otras representaciones parlamentarias la consigna fue lisa y llanamente el silencio absoluto, eludiendo cualquier pronunciamiento público.
Con todo, la decisión de fondo permanece intacta en toda la cámara: obturar cualquier intento de pedir la renuncia o el apartamiento de la jefa del interbloque opositor.
