Se trata de los militares retirados Domingo Giordano y Gustavo Juárez Matorras, que participaron en la Masacre de la calle Corro.
Lesa humanidad: dos nuevos acusados en el juicio por el asesinato de Vicki Walsh.
El Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad de Buenos Aires incorporó a dos nuevos acusados al juicio de lesa humanidad por el asesinato de María Victoria “Vicki” Walsh y de otros cuatro militantes de Montoneros durante la Masacre de la calle Corro. Se trata de los militares retirados Domingo Armando Giordano y Gustavo Gilberto Tadeo Juárez Matorras.
Giordano y Juárez Matorras son exintegrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 (GADA 101), la unidad del Ejército que dirigió el ataque contra la vivienda del barrio porteño de Villa Luro el 29 de septiembre de 1976 en donde se encontraba reunido el grupo montonero.
Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli resolvieron que ambos fueran juzgados en el debate que comenzó en marzo y que ya tiene a otros seis integrantes del Ejército en el banquillo. De ese modo, el tribunal evitó la realización de un segundo juicio por el mismo operativo represivo, con las mismas víctimas y sobre la base de un conjunto común de pruebas.
Giordano y Juárez Matorras habían sido procesados con prisión preventiva por el juez a cargo de la instrucción de la causa, Daniel Rafecas, pero beneficiados con la falta de mérito por la Cámara Federal en 2022. El expediente regresó a primera instancia en donde la Fiscalía y las querellas aportaron nuevos argumentos que posibilitaron un procesamiento pleno, logrado a fines de 2025.
La incorporación había sido solicitada por el fiscal federal Félix Crous, responsable de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, el juzgamiento conjunto permitirá reconstruir integralmente el funcionamiento del operativo y valorar en un mismo debate las responsabilidades de los ocho integrantes del GADA 101.
Tras El TOF 7 entendió que entre los dos tramos existe una identidad de objeto procesal: en rigor, provienen de una misma causa que fue elevada a juicio en momentos diferentes. También consideró que sumar a los dos militares no demorará el proceso y permitirá una administración de justicia más rápida, además de evitar que víctimas, familiares y testigos deban atravesar otro juicio.
Durante la audiencia del miércoles pasado, que se pudo ver en vivo por el canal virtual de La Retaguardia, se leyó el requerimiento de elevación a juicio presentado por Crous. Giordano y Juárez Matorras fueron convocados a prestar declaración indagatoria, pero ambos se negaron a declarar.
“A casi 50 años del hecho, desde esta querella destacamos que hayan sido incorporados al juicio”, declaró a Letra P Matías Aufieri, abogado integrante de la querella de Patricia Walsh y Laura Coronel que encabeza Myriam Bregman y completan Cristina Fu y Lilen Reyes. “Hace décadas que venimos peleando con la familia Walsh y Coronel para que haya justicia integral para las familias Walsh y Coronel. Sabemos que no son solo los militares que integraron el GADA 101 los responsables de esta masacre, que también estuvieron involucradas la Policía Federal, la Gendarmería, la Inteligencia del Ejército”, completó.
La causa original aún tiene dos integrantes del Ejército beneficiados con el sobreseimiento, Hugo Pochón y Abel Re, “decisión que estamos discutiendo en Casación”, apuntó Auferi.
La Fiscalía acusó a Giordano y Juárez Matorras como coautores de los homicidios de Vicki Walsh, Alberto José Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel. Los cinco integraban el Secretariado Político Nacional de Montoneros.
La hija de Rodolfo Walsh se encontraba allí con su hijita, una beba de poco más de un año. Era periodista y estaba a cargo de la secretaría de Prensa Sindical de la agrupación guerrillera. El 28 de septiembre había cumplido 26 años y sus compañeros le habían organizado una pequeña celebración en la casa de Corro que, un día después, las fuerzas genocidas convertirían en un polvorín.
También deberán responder por los secuestros de Lucy Matilde Gómez de Mainer, Juan Cristóbal Mainer, Maricel Marta Mainer y Ramón Alcides Baravalle, integrantes de la familia que vivía en el inmueble o se encontraba circunstancialmente allí.
Los delitos fueron calificados como cinco homicidios agravados por el concurso premeditado de dos o más personas y cuatro privaciones ilegales de la libertad agravadas por haber sido cometidas mediante violencia o amenazas. Para la fiscalía, fueron ejecutados como parte del plan sistemático de persecución y exterminio de la última dictadura y constituyen crímenes de lesa humanidad.
Cuando advirtió que la casa estaba completamente cercada y que no tenía posibilidades de escapar, Vicky Walsh se quitó la vida para evitar ser capturada.
La acusación considera que esa muerte debe ser atribuida a los responsables del operativo. Vicki tomó la decisión ante la certeza de que sería asesinada o secuestrada, torturada y posteriormente eliminada. Por eso, la fiscalía incluyó su caso entre los cinco homicidios consumados imputados a Giordano y Juárez Matorras.
Los dos militares integraban la Batería de Tiro B del GADA 101, con asiento en Ciudadela. La unidad dependía del Primer Cuerpo del Ejército y estaba incorporada a la estructura represiva de la Zona 1 y la Subzona Capital Federal.
Según el requerimiento de elevación a juicio, la Batería B cumplió un papel decisivo en el ataque y en el destino de las personas que se encontraban dentro de la casa.
Giordano era teniente primero y jefe de la batería. La fiscalía sostiene que tuvo una intervención protagónica, impartió órdenes a sus subordinados y permaneció en un sector cercano a la vivienda durante el enfrentamiento.
Juárez Matorras era oficial educador de la misma batería. La acusación lo ubica en el frente donde se desarrollaba el tiroteo y le atribuye una participación activa en el operativo.
Frente a la falta de mérito dictada por la Sala I de la Cámara Federal, las partes acusadoras presentaron “nuevos argumentos”, explicó Aufieri. “Tomamos como antecedentes lo confirmado en otros juicios de lesa humanidad, como el que se llevó a cabo contra integrantes del Regimiento 6 de Mercedes o los responsables de lo sucedido en la quinta La Pastoril. En esos casos miembros del Ejército con funciones similares a los nuevos acusados fueron condenados por sus funciones, más allá de su participación acreditada”.
Por sus funciones, su ubicación y su capacidad de intervención, Giordano y Juárez Matorrás llegan al juicio acusados como coautores de cinco homicidios y cuatro privaciones ilegítimas de la libertad.
El ataque a la casa operativa de la Secretaria Política de Montoneros en Villa Luro fue ordenado por el Primer Cuerpo del Ejército, planificado y ejecutado por el GADA 101. La unidad movilizó a más de 200 hombres entre jefes, oficiales, suboficiales y soldados.
Durante la primera etapa se establecieron cercos alrededor de la manzana. Los efectivos ocuparon las calles y los techos de las viviendas vecinas. Después comenzó un tiroteo coordinado desde distintos puntos contra la casa.
La capacidad de fuego del Ejército era ampliamente superior a la de sus ocupantes. Los proyectiles perforaron paredes y puertas y destruyeron las ventanas. Gendarmería aportó tres vehículos blindados AMX-13 y la Policía Federal participó con personal y móviles. También intervinieron una dotación de la Superintendencia de Bomberos y un helicóptero.
Molina Benuzzi, Bertrán, Salame y Coronel fueron asesinados por las fuerzas que participaron del operativo. Algunas de las víctimas murieron dentro del inmueble y otras cuando intentaban escapar. Una fue alcanzada en las vías del ferrocarril Sarmiento y otra en un galpón situado en la misma manzana. Desde la terraza de la vivienda, y consciente de que la patota del represores la quería viva para secuestrarla y torturarla, se disparó a sí misma.
Una vez terminado el ataque, el Ejército realizó un rastrillaje y mantuvo durante varios días una guardia destinada a capturar a otras personas que pudieran acercarse a la casa.
Lucy Gómez de Mainer y su hijo Juan Cristóbal vivían en Corro 105. Maricel Mainer y Ramón Baravalle se encontraban allí circunstancialmente. Los cuatro fueron secuestrados y llevados al centro clandestino El Vesubio.
Después de permanecer 15 días en ese lugar, fueron trasladados a Coordinación Federal. Maricel y Baravalle recuperaron la libertad en noviembre de 1976. Lucy Gómez y Juan Cristóbal fueron enviados a la cárcel de Devoto, donde continuaron detenidos como presos políticos.
Dentro de la vivienda también estaba Victoria Costa, la hija de Victoria Walsh, que tenía un año y dos meses y había dormido allí con su madre. Durante el operativo fue retirada de la casa y trasladada a la comisaría 43 de la Policía Federal. María de los Milagros Mainer, de nueve años, vivía en el inmueble, pero esa mañana estaba en la escuela. Desde allí también fue llevada a la seccional. Una hermana de Lucy Gómez retiró a las dos niñas esa misma tarde. Victoria fue entregada posteriormente a su familia paterna en Los Polvorines.
Giordano y Juárez Matorras habían sido detenidos e indagados en diciembre de 2021. Rafecas los procesó en marzo de 2022 junto con otros ocho integrantes del GADA 101, pero la Sala I de la Cámara Federal les dictó falta de mérito seis meses después y ordenó profundizar la investigación.
La resolución no los desvinculó definitivamente. En noviembre de 2025, después de reunir nuevos elementos, la fiscalía pidió que fueran procesados otra vez. Rafecas hizo lugar al planteo el 10 de diciembre y la Cámara confirmó la decisión en mayo de 2026.
Crous presentó entonces el requerimiento de elevación a juicio. Cuando ese segundo tramo llegó al TOF 7, la fiscalía pidió que fuera acumulado al proceso iniciado contra Danilo Antonio González Ramos, Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Guillermo César Viola y Héctor Eduardo Godoy.
El tribunal aceptó. Casi medio siglo después del operativo en el que fue asesinada Vicki Walsh, los ocho exintegrantes del GADA 101 acusados por la Masacre de la calle Corro serán juzgados en un mismo debate.
