Salvador Di Stéfano es influencer financiero libertario. Cayó en los 90 por beneficiar a grandes terratenientes como empleado de Rentas de Santa Fe.
El gurú financiero oriundo de Rosario, Salvador Di Stefano, junto al presidente Javier Milei
Salvador Di Stefano, el consultor financiero de Rosario conocido como el “gurú del dólar blue”, cercano al presidente Javier Milei, estuvo preso en los 90 por participar presuntamente de una banda de empleados de la dirección de Rentas de Santa Fe y gestores impositivos que se dedicaba a reducir ilegalmente el cobro de impuestos a empresarios agropecuarios con grandes extensiones de tierra.
Di Stefano es uno de los más férreos defensores de Milei, con quien se reunió en reiteradas oportunidades, incluso en la Quinta de Olivos, y sus consejos, que publica a diario en la red social X, invariablemente van en línea con el programa económico del ministro Luis Toto Caputo.
El último de los encuentros entre Milei y el gurú fue en ExpoAgro, donde el mandatario lo mencionó en su discurso: “Recién en la previa a ingresar a esta sala hablaba con Di Stefano y me contaba que ayer en el Banco Nación había más de 100 metros de cola" para acceder a créditos, dijo el libertario.
Días atrás, el Presidente retuiteó un posteo en X del consultor en el que criticaba a los gobiernos provinciales por el cobro de impuestos a las fintech, un clásico libertario. Casi en simultáneo, Di Stefano también le apuntó en su red social al gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, por la reducción de Ingresos Brutos ejecutada por el chaqueño radical-mileísta Leandro Zdero.
A fines de la década del ochenta, el gurú del dólar blue era empleado del Departamento Impuesto Inmobiliario de la Dirección de Rentas de Santa Fe (hoy Administración Provincial de Impuestos) en Rosario. Gobernaba la provincia el peronista Víctor Reviglio y la exjueza de la Corte Suprema María Angélica Gastaldi se desempeñaba como directora de Rentas.
Fue ella quien denunció judicialmente a Di Stefano y a otros dos empleados del área impositiva tras una investigación interna por supuestos delitos cometidos centralmente entre los años 1986 y 1988. En un “informe personal” del 22 de marzo de 1990 pedido por Gastaldi, al que accedió Letra P, se explica que el sumario administrativo en curso se origina “en la incorrecta aplicación del artículo 95 del Código Fiscal, que facultaba a la dirección de Rentas a rectificar las liquidaciones del impuesto Inmobiliario ante la figura jurídica del condominio, trayendo aparejado la reliquidicación, una sensible y notable disminución en el tributo a oblar”.
Señala el documento que esta "defraudación impositiva" se configuraba "con la injustificada aplicación del artículo 95 del Código Fiscal" beneficiando con "notables bajas en el tributo a distintas sociedades comerciales, propietarias de significativas extensiones de campo o propiedad agraria". Según el informe, se detectó "una cantidad alarmante de rectificaciones de impuestos sin ningún tipo de antecedente administrativo, y en especial, catastral que lo avalen”.
Traducido: encuadraban grandes campos como condominios y con esa maniobra los propietarios pagaban mucho menos de impuesto inmobiliario. Evasión garantizada desde las entrañas del Estado.
En el informe elaborado a pedido de Gastaldi se precisaba que “de las declaraciones de la jefa del Departamento de Impuesto Inmobiliario de Rosario, de la supervisora general, de la supervisora impositiva y de la auditoría parcial de liquidaciones incorrectamente reliquidadas, surgen prima facie como responsables los agentes Salvador Di Stefano” y otros dos empleados de Rentas, “atento que en cada liquidación consta el Código de operador, quien a su vez utilizaba la clave secreta y efectuaba la rectificación impositiva".
Ante la denuncia de Gastaldi, el 30 de abril de 1990 fueron detenidos e incomunicados Di Stefano y sus presuntos compinches. La causa quedó a cargo del juez de instrucción Esteban Turcatti. Las vueltas de la vida: uno de los abogados defensores de los varios imputados –también estaban en la mira gestores impositivos y los propios empresarios beneficiados- fue Daniel Erbetta, hoy juez de la Corte santafesina, excompañero en el máximo tribunal de la denunciante Gastaldi.
En la declaración indagatoria, Di Stefano aseguraba que no recordaba "casos puntuales” y que “dadas las normas de seguridad imperantes", las claves eran "fáciles de ser violadas”. Señaló, además, en una posterior ampliación de indagatoria, que “durante su período de vacaciones se efectuaron en la DPR diversas liquidaciones con irregularidades, siendo que el mismo se hallaba en Villa Gesell, acompañando fotografías del residencial donde sostenía haberse hospedado, por lo que, no habiendo cambiado nunca su clave, alguien la utilizó. Que el 24 de octubre de 1986 viajó a Santa Fe e igualmente hay una liquidación con su código”.
En la argumentación de los imputados se incluyó también la posibilidad de que “por interferencia de línea telefónica se accediera a la clave y así el ‘pícaro’ luego accede al sistema”. O sea, que las comunicaciones de la Dirección de Rentas estaban pinchadas.
El 27 de agosto de 1990, el juez Turcatti procesó y dictó prisión preventiva a Di Stefano y a los otros dos empleados por “defraudación en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita”. En su fallo, el magistrado sentenció que “la actividad desplegada en conjunto por estos tres agentes se la advierte arbitraria y dolosa y, dado el poder concedido, comprometieron los intereses encomendados perjudicando notablemente las arcas fiscales en cifras astronómicas”.
Y enfatizó: “Sin duda, se advierte que la sección reprochada va de la mano de un provecho económico que se obtiene del tercero que evidentemente se beneficia”. Por ese mismo motivo, decidió embargar a Di Stefano por 2 mil millones de australes, monto que luego sería aumentado en una ampliación del procesamiento por detectarse nuevos casos de presunta rebaja ilegal de impuestos.
Con el paso del tiempo, Di Stefano logró salir de prisión y la causa prescribió, según reconstruyeron fuentes judiciales a Letra P. En ese contexto, el gurú financiero presentó el 13 de noviembre de 2008 un reclamo administrativo para pedir su reincorporación a Rentas, ya denominado API. En 2012 ingresó un “pronto despacho” para intentar acelerar la vuelta al área tributaria estatal. El expediente sigue abierto.