En poco más de una hora, el Frente de Todos logró dictaminar en el Senado el proyecto enviado por el ministro de Economía, Sergio Massa, para eliminar el pago de Ganancias a empleados y jubilados; como también los proyectos que crean cinco universidades nacionales. El oficialismo, como explicó Letra P, intentará que estas iniciativas, aprobadas en la Cámara de Diputados el martes, sean sancionadas el jueves 28 en una sesión que incluirá la reforma de la ley de alquileres y 75 pliegos judiciales.
El dictamen de Ganancias tuvo en el Senado una mayoría con la firma del entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal, la bancada integrada por cuatro exoficialistas y la cordobesa Alejandra Vigo (esposa del gobernador Juan Schiaretti), que resulta clave para llegar al cuórum.
Para garantizar el voto del cuarteto que estuvo en el FdT, Kueider pedirá en el recinto una compensación a las provincias, afectadas porque el impuesto es coparticipable. En Diputados, hubo un reclamo similar de los partidos provinciales, que se resolvió con la presentación de un proyecto de ley que propone girar a las provincias el 30% de lo recaudado por el impuesto al cheque.
La iniciativa enviada por Massa contempla la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que grava a empleados y jubilados, quienes sólo estarán alcanzados si ganan más de $1.770.000 brutos mensuales, equivalente a 15 salarios mínimos. Se contemplan alícuotas con una escala de 27% a 35%, dos actualizaciones anuales (enero y junio) y la continuidad del aumento del mínimo de 22% por zona desfavorable. "Esto es parte de una concepción de que el salario de los trabajadores en relación de dependencia no es ganancia. Es una remuneración al trabajo", sostuvo Ricardo Guerra, senador del Frente de Todos y presidente de la comisión de Presupuesto.
Según los cálculos del Ministerio de Economía, con esta modificación pagarán el impuesto 90 mil personas entre jubilados y trabajadores, cuando en la actualidad lo pagan 800 mil. Quedan excluidos del beneficio funcionarios, legisladores, ceos y directores de sociedades.
La oficina de Presupuesto del Congreso estimó un costo fiscal de 0,24% del PBI para el Tesoro y de 0,67% si se considera la merma que tendrán las provincias, que los aliados quieren compensar y también formó parte del reclamo de los senadores radicales para anunciar que, como en Diputados, no votarán el proyecto
"Sería muy importante que podamos invitar a los gobernadores para que nos den su opinión y que venga el ministro de Economía, para saber si esta medida es realmente la que hay que llevar adelante", propuso el chaqueño Víctor Zimermman, de la UCR. Calculó que su flamante gobernador, el radical Leandro Zdero, perdería $75 mil millones con esta ley.
Pablo Blanco, también de la UCR, estimó que su provincia, Tierra del Fuego, perdería otros $20 mil millones. "Comparto que el salario no es ganancia. Pero no es oportuno el momento para este proyecto, necesita de un estudio más profundo y conocer la opinión de los gobernadores, sobre todo de aquellos que estarán a partir del 10 de diciembre en funciones".
El jefe del FDT, José Mayans, no aceptó detener el trámite. "Estamos a favor de los 900 mil trabajadores, vamos a firmar el despacho para llevarlo al recinto y cumplir con el pedido de los trabajadores, el salario no es ganancia".
Universidades
En menos de una hora, un plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto dictaminó los proyectos para crear cinco universidades. Tres son bonaerenses y están ubicadas en el Delta (que abarca los municipios de Tigre, Escobar y San Fernando), Pilar y Ezeiza, donde se convierte una casa de estudios provincial. Hay una en Río Tercero (Córdoba), que fue propuesta por Gabriela Browning de Koning, del bloque Evolución, la línea interna de la UCR identificada con el senador Martín Lousteau. La restante es en la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Este martes, las universidades se aprobaron en Diputados con respaldo del bloque Córdoba Federal, identificado con Schiaretti, y de algunos miembros de Evolución, que resultaron claves. En el Senado, Lousteau sólo quiso firmar el dictamen de la de Río Tercero y no habló.
La kirchnerista Juliana Di Tullio defendió la universidad de Madres de Plaza de Mayo, que reemplazaría un instituto. "Tener una universidad con especificidad en derechos humanos es una de las mejores formas de celebrar estos 40 años de democracia ininterrumpida. Estamos dándole mejor calidad a la universidad pública en todo el país". Su compañero Martín Doñate destacó que "El Consejo Interuniversitario Nacional ha evaluado y aprobado estos proyectos de ley para la creación de nuevas universidades. Estamos trabajando con la garantía que da el paraguas federal más importante que tiene la educación universitaria argentina".