Un grupo de diputados del Frente de Todos viajó este miércoles a Jujuy para investigar el conflicto que hubo durante el debate de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales y finalmente aprobada, después de una fuerte represión policial. La visita, anticipada por Letra P, fue impulsada por los sectores cercanos al kirchnerismo y a movimientos sociales, que están decididos a llevar este tema al Congreso si es necesario, con un pedido de intervención de la provincia.
Ese día tuvieron el apoyo de personalidades destacadas de organismos de derechos humanos como Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo); Vera Vigevani de Jarach y Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo). Aunque todos los sectores del oficialismo repudiaron la represión en Jujuy, la reacción fue dispar: en el Senado el Frente de Todos no quiso tratar un proyecto del jujeño Guillermo Snopek para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, mientras que la Cámara baja se comprometieron a tomar medidas.
Quienes no fueron a la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales fueron los más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, como Oscar Parrilli y Mariano Recalde.
Este jueves la diputada jujeña Leila Chaher presentó un proyecto de ley para crear una comisión bicameral que investigue los incidentes, que incluyeron denuncias por heridos graves tras la represión policial; y el ingresó al predio de la Universidad Nacional de Jujuy mientras sesionaba su Consejo Superior.
Las posibilidades que se apruebe esa ley son mínimas porque el Frente de Todos no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, pero si puede ser tratado en comisiones, suficiente para iniciar el debate en plena campaña electoral.
Recorrida
La comitiva de diputados que viajó al norte la lideró la diputada Paula Penacca, secretaría parlamentaria del bloque y referente de La Cámpora. La acompañaron las kirchneristas Chaher, Mónica Macha y Mara Brawer; Natalia Souto (cercana a Victoria Donda), Marino (Partido piquetero) y Lía Caliva (CCC). No hubo representantes del oficialismo de otros sectores, como los gobernadores o al Frente Renovador de Sergio Massa.
La primera reunión que tuvieron fue en Salta con pueblos originarios enrolados en el III Malón de la Paz, que entregaron un petitorio para reclamar que el Congreso realice una sesión especial la semana próxima, para tratar lo que consideran es la violación sistemática del Convenio 169 de la OIT, que es la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
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Los convenios internacionales entran en vigor cuando los ratifica el Congreso nacional, que por lo tanto puede evaluar si se están cumpliendo.
En el petitorio, que tuvo la colaboración del rector de la Universidad Nacional de Salta Daniel Hoyos, denuncia la "profundización de la violencia institucional en Jujuy, la represión, persecución, las detenciones arbitrarias, los procesamientos con imputaciones absurdas, acusaciones falaces y multas exorbitantes”.
Sostiene además que la reforma aprobada en la carta magna jujeña es "violatoria de los derechos y garantías establecidas por la Constitución Nacional, implicando esto la violación de derechos humanos y tratados internacionales”.
Los integrantes del III Malón de la Paz anunciaron que el 1 de agosto estarán en Buenos Aires para pedir que el Congreso active las medidas para investigar la represión en Jujuy.
Recién el miércoles por la tarde los diputados partieron a la provincia gobernada por Morales, para reunirse con dirigentes políticos, sociales y sindicales de la provincia, entre ellos la titular de la Tupac Amaru Milagro Sala.
También tenían previsto visitar al abogado defensor de las comunidades indígenas Alberto Nallar, detenido en su domicilio tras ser acusado de sedición el 12 de julio, cuando la policía local ingresó a la universidad.
