Juzgan al expresidente bajo presión de Donald Trump. Horas de tensión y violencia política. El proceso importa en la Argentina de Javier Milei, con CFK presa.
Donald Trump y Jair Bolsonaro.
El juicio que se le sigue a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva es un caso testigo de la escalada de violencia que enrarece el clima político en la región de la mano de líderes de extrema como el expresidente de Brasil, Donald Trump y Javier Milei.
Las audiencias se desarrollan en un contexto explosivo que combina las represalias de la Casa Blanca sobre el gobierno izquierdista en el campo de batalla de la guerra comercial; la decisión del republicano de movilizar una flota de guerra en el mar Caribe como amenaza al régimen venezolano de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar un cartel de drogas, y el asesinato, en vivo y en directo, de un agitador trumpista conocido por su militancia en favor de la portación de armas.
Todo esto sucede cinco días después del final de una campaña electoral caliente, salpicada de episodios de violencia explícita, en la Argentina de Milei.
El proceso que se le sigue a Bolsonaro derivó este miércoles en un estallido de argumentos y posiciones en el Supremo Tribunal Federal (STF, la corte suprema de Brasil). Tras las exposiciones que realizaron el martes el magistrado instructor del caso, Alexandre de Moraes, y su par Flávio Dino, quienes se decantaron por la culpabilidad del expresidente, el voto absolutorio que emitió Luiz Fux dinamitó la unanimidad que se esperaba, hecho que, de acuerdo con lo que ocurra este este jueves y este viernes, podría afectar, en caso de que fuera condenado, las chances de apelación del ultraderechista, sus recursos ante tribunales internacionales y las modalidades de una eventual reclusión.
El marcador quedó ayer dos a uno en contra de Bolsonaro, y restan ahora los pronunciamientos de los otros dos magistrados que conforman la Primera Sala del STF, encargada del caso: Cármen Lúcia y Cristiano Zanin.
Un resultado de cuatro a uno dejaría firme una condena que, se sigue esperando, se producirá, mientras que una de tres a dos abriría la posibilidad de una apelación ante el pleno del cuerpo de once miembros.
Lo que está en juego es enorme.
En Brasil se trató ayer nomás del propio Lula da Silva y hoy de Bolsonaro. En Argentina, el artículo 36 de la Constitución establece la exclusión "de los beneficios del indulto y la conmutación de penas" a quienes hayan sido encontrados culpables de atentar contra la democracia, a la vez que equipara con ese crimen extremo a "quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento". Este sería, si el peronismo volviera al poder en 2027, un tema de encarnizado debate en torno al futuro de Cristina Fernández de Kirchner.
En sus artículos 53 y 102, la Constitución brasileña establece el "fuero por prerrogativa de función", popularmente llamado –y descalificado– "fuero privilegiado". Establece que ciertos funcionarios de alto rango deben ser juzgados sólo por tribunales de alzada por eventuales delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos. La idea es garantizarles una actuación libre de presiones político-judiciales.
Por ejemplo, el presidente, el vicepresidente, los ministros de Estado, los senadores y los diputados, los miembros de tribunales superiores y del Tribunal de Cuentas, así como los embajadores, son juzgados únicamente por el STF. Mientras, los más importantes funcionarios estaduales y municipales van al Superior Tribunal de Justicia (STF), la más alta instancia penal, equivalente a la Casación en Argentina.
¿Y el debido proceso, el doble conforme, la posibilidad de apelar? La jurisprudencia señala que todo eso está garantizado por tratarse ambos de tribunales colegiados, en los que vota más de un juez.
Mientras a nivel político la cuestión es parte de un debate creciente, el propio STF fue y vino reiteradamente en relación con sus atribuciones.
¿Un expresidente tiene "fuero por prerrogativa de función"? El último cambio, decidido por siete votos contra cuatro en marzo último, indicó que sí en tanto los delitos ventilados hayan sido cometidos en el ejercicio del cargo. Esto fundamentó el proceso contra Bolsonaro y es lo que cuestionó Fux. ¿Por qué, entonces, Lula fue juzgado por Sergio Moro, tuvo chance de apelar ante una corte de alzada de Porto Alegre –afín a la operación Lava Jato– y fue finalmente exonerado por fallas procesales por el Supremo? Porque la jurisprudencia del STF previa a marzo último así lo imponía.
Ahora bien, ¿Bolsonaro era presidente cuando se fraguó la trama golpista? Sí en los preparativos que no logró concretar antes del 1 de enero de 2023, pero no, por caso, en el episodio del asalto a la Plaza de los Tres Poderes, perpetrado una semana después.
Por si todo eso no fuera suficientemente enrevesado, no pasó desapercibido que, aunque Fux siempre fue adverso a la ampliación del "fuero privilegiado" a exfuncionarios, en su momento acató la doctrina de la mayoría y votó por la admisibilidad de los cargos contra Bolsonaro. Este miércoles, sin embargo, dijo que la alta corte es incompetente porque, al momento de ser denunciado, el excapitán ya no era jefe de Estado…
No hay que minimizar el problema, sobre todo porque en las elecciones de 2022 la extrema derecha demostró –vuelve a hacerlo en las encuestas de cara a la del año que viene– que representa a cerca de medio Brasil. Otro rasgo para pensar el futuro argentino.
Para colmo, Trump, que viene de apostar una flota de guerra frente a Venezuela, juega con desfachatez a favor de sus aliados regionales. Por eso acaba de sancionar comercialmente a Brasil, de castigar a De Moraes y, según dijo su vocera, Karoline Leavitt, consultada específicamente sobre el caso de Bolsonaro, "no tiene miedo de usar medios económicos o militares para proteger la libertad de expresión alrededor del mundo".
El asesinato a tiros del referente del movimiento MAGA Charlie Kirk durante un acto en Utah provocó este miércoles conmoción en Estados Unidos y no parece precisamente destinado a tranquilizar al trumpismo. "Lamentablemente, vale la pena tener algunas muertes por armas de fuego cada año para poder contar con la Segunda Enmienda y que proteja los derechos que nos dio Dios", había dicho el activista un tiempo atrás.
El último 7 de septiembre, día de la independencia de Brasil, se realizaron fuertes marchas de la izquierda gobernante y de la derecha opositora. En la primera, la multitud desplegó una enorme bandera verde-amarilla. En la segunda, los bolsonaristas salieron a reclamar una amnistía y marcharon en San Pablo bajo una Stars and Stripes gigante. Por allí entiende que pasa su protección el nacionalismo de derecha en estos nuevos, locos tiempos.