Desde este martes juzgan al expresidente por el intento de golpe contra Lula Da Silva. Postal de un país en vilo y parecidos que no son pura coincidencia.
Jair Bolsonaro, el presidente de las Fuerzas Armadas de Brasil.
BRASILIA El destino del líder ultraderechista se juega en una causa judicial de alto voltaje, cuyo desenlace tendrá efectos políticos duraderos y moldeará la naturaleza del poder en los próximos años. ¿La Argentina de Javier Milei? No, Brasil, donde este martes el expresidente Jair Bolsonaro comenzará a ser juzgado por el intento de golpe de enero de enero de 2023.
El país está en vilo y el temor a hechos de violencia es parte de los comentarios, sobre todo porque el fallo está previsto para muy pronto: el próximo viernes 12.
Escribo esta nota desde la capital brasileña, cuya Plaza de los Tres Poderes –aquí convergen el Congreso, el palacio presidencial del Planalto y el Supremo Tribunal Federal (STF), que juzgará al exmandatario– está vallada en todo su perímetro y, a modo de parcelas, también en su interior. En los últimos días se pudo circular o entrar a tomar algo en la encantadora Casa de Chá –"casa de té", un lugar de rosca por excelencia– que se ubica en su corazón, pero eso cambiará este martes. Será un día de cuidados.
El fuerte despliegue de seguridad en torno a esta postal de la capital brasileña está justificado. La plaza y las sedes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial fueron brutalmente asaltadas y vandalizadas el 8 de enero de 2023, apenas una semana después de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como parte de un movimiento destinado a generar una reacción militar que repusiera en el cargo a Bolsonaro, quien, cabe recordar, había perdido con nada menos que el 49% de los votos.
Ese episodio alucinante fue una adaptación de lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos, donde también un presidente de extrema derecha, Donald Trump, buscaba evitar la validación legislativa del triunfo que había obtenido Joe Biden.
Dos ultraderechistas, dos derrotas electorales, dos intentos de golpe. Esta nota no es ajena al interés nacional. Sobre lo nuestro, la nueva censura judicial de la Argentina mileísta y la flojedad de papeles del juez que se arrogó el poder de imponerla, Patricio Maraniello, tienen puentes entre Buenos Aires y esta capital.
El expresidente será juzgado junto a otros siete presuntos golpistas, todos altos cargos de su administración. De ellos, sólo uno, el teniente coronel y su edecán Mauro César Barbosa Cid, se declaró culpable y colaboró como arrepentido.
Según la acusación, el intento golpista comenzó con la difusión organizada de noticias falsas en las redes sociales por el llamado "Ministerio de Odio", la trolera bolsonarista de la que participó, aunque no fue procesado, el argentino Fernando Cerimedo, estratega digital de la campaña presidencial de Javier Milei y fundador de La Derecha Diario. Las casualidades no existen.
Según esas fake news, el sistema de votación, ya tradicional, de urna electrónica no era fiable y habría sido fraguado para que Lula da Silva, recientemente liberado y rehabilitado por la Justicia, lo sacara del poder.
Esa campaña ya le valió a Bolsonaro una inhabilitación hasta 2030 por parte del TSE, lo que lo dejará afuera de las elecciones de octubre-noviembre del año que viene y abre una interna político-familiar de alto impacto.
El Supremo apunta al intento de golpe, que a lo mencionado sumaron manifestaciones frente a varios cuarteles para provocar un movimiento militar, el asalto a los tres poderes y, afirma el juez instructor del caso en el STF, Alexandre de Moraes, incluso planes concretos para asesinarlo a él y al líder del Partido de los Trabajadores (PT), operativo llamado en clave "Puñal verde-amarillo". La asonada fracasó por falta de respaldo militar.
La expectativa amplia es que Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario con control reforzado en los últimos días, sea condenado. La pena máxima que podría recibir sería de 43 años de cárcel, además de la inhabilitación a perpetuidad.
Sin embargo, no se descarta que surjan diferencias sobre el tamaño de la condena y sobre la posibilidad de que se le otorgue arresto domiciliario debido a sus 70 años de edad y a las dolencias que padece como secuela del atentado con arma blanca que sufrió en la campaña de 2018. La gravedad de los crímenes que se le imputan son un elemento de peso en contra de esta posibilidad.
Que sea juzgado directamente en la corte suprema está motivado por una peculiaridad del sistema judicial brasileño, que establece esa instancia como "fuero privilegiado" para los altos dignatarios. En rigor, no decidirá el pleno del STF, sino su Primera Sala, compuesta por cinco miembros. Eso deja abierta la posibilidad de una apelación al cuerpo en caso de que el fallo salga con dos votos en disidencia. Si fuera unánime o incluso con una mayoría de cuatro a uno, esa chance caería.
Fuera de eso, no hay más posibilidades de apelación, la condena quedaría firme y sería de cumplimiento inmediato. En este punto surgen los temores a hechos de violencia, habida cuenta de los antecedentes de 2023 y de las multitudinarias manifestaciones bolsonaristas que tuvieron lugar en varias ciudades en los últimos meses.
El "fuero privilegiado" fue pensado como un instituto destinado a darles a los presidentes o expresidentes una instancia de juzgamiento más benigna, en la que hay cabida para los enjuagues políticos. Sin embargo, ciertas criaturas políticas cobran vida propia, como las también creaciones brasileñas del cumplimiento anticipado de condenas y la ficha limpia, genios que se salen de la lámpara y se terminan alzando contra ciertos poderosos.
El "fuero privilegiado", podría decirse, es objetable no sólo por el sesgo presente en su creación, sino, cuando se torna hostil, por reducir las instancias de defensa a lo largo de un proceso.
Las iras del bolsonarismo están puestas en Alexandre de Moraes, quien parece haberse tomado este caso como una cuestión personal. Sus detractores lo acusan de ser funcional a los intereses políticos de la izquierda. También lo tildan de autoritario y abusivo.
Sin embargo, el juez supremo no es el "comunista" que describen. Fue ministro de Justicia del derechista Michel Temer, el vicepresidente de Dilma Rousseff que piloteó el complot y juicio político que terminó con la destitución de la sucesora de Lula en 2016.
Fue Temer quien lo llevó al STF en 2017. Antes, había sido secretario de Seguridad del estado de San Pablo durante la gobernación del conservador Geraldo Alckmin –hoy vice… ¿motivo para las suspicacias?–.
Convertido en bestia negra de Bolsonaro y motivado por lo que considera un momento de peligro para la democracia, investigó varias causas y el año pasado se peleó nada menos que con Elon Musk, a quien le llegó a bloquear Twitter en Brasil por la negativa del magnate a moderar contenidos falsos y de ultraderecha.
Esos antecedentes motivaron a Trump a prohibir el ingreso de De Moraes a Estados Unidos y a poner a Brasil en la lista negra de los países más perjudicados por la suba de aranceles, que elevó al 50%, medida que no justificó por comercio injusto, sino por la supuesta "persecución" contra su aliado Bolsonaro.
Hay que prestar atención a lo fuerte que está jugando Washington en su patrocinio de las derechas sudamericanas. Argentina votará su renovación presidencial en octubre de 2027; Estados Unidos, en noviembre de 2028…
El Supremo ha puesto la mira en las actividades de uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo, quien se ha instalado en Estados Unidospara hacer lobby pesado a favor de su padre. No debería sorprender que eso también avance en forma de proceso porque es delicado, en caso de ser cierto, que un hombre –además, diputado– promueva sanciones de un país extranjero.
Lula da Silva viene llevando la economía de manera razonable: el real se devaluó fuerte hace algunos meses, pero volvió a su cauce y hoy cotiza por debajo de 5,50 por dólar.
El mercado prevé una inflación menor al 5% este año y que la economía crecería en torno a un poco impresionante 2% en 2025 y en 2026. En la calle, sin embargo, hay una sensación de estancamiento, producto acaso de cierta decepción con el Lula 3.0, que no encuentra en el contexto internacional el motor de la expansión de los buenos viejos tiempos.
Con esos más, que se suman a haber vuelto a sacar a Brasil del "mapa del hambre", y esos menos, sigue siendo, a sus 79 años, el candidato más competitivo de la izquierda. Probablemente, el único.
El hombre se muestra sano, activo y en buena forma. Instruye al PT a mantener la política de alianzas amplísimas, incluso hacia el centroderecha, con la que regresó al poder. Sin embargo, no todo le sonríe.
La última encuesta de Latam Pulse para la agencia Bloomberg mostró que la suba de popularidad que le provocaron los ataques de Trump duró poco y que su imagen negativa ya supera levemente a la positiva: 51 a 48%, pero, sin Bolsonaro enfrente, ¿quién podría hacerlo peligrar?
Lula da Silva sería, según la consultora AtlasIntel, favorito para el primer turno, pero sin mayoría. Así, en un escenario de segunda vuelta, coincidió con el estudio de Bloomberg en que, si se votara hoy, sería vencido por casi dos puntos, 48,4% a 46,6%, por el gobernador derechista de San Pablo y exministro bolsonarista Tarcísio de Freitas, que cuenta con una popularidad del 60% en el principal colegio electoral de Brasil y ya se declaró dispuesto para el desafío. "Si Dios nos dio esta misión es porque nos dará los medios para superarla", dijo, místico.
De Freitas siempre dice que debe al apoyo de Bolsonaro el haber llegado a la gobernación paulista. Por eso recogió el guante lanzado por otro hijo del expresidente, el senador Flávio Bolsonaro, y afirmó que su primer acto de gobierno sería firmar un indulto.
Tal acto sería motivo de polémicas jurídicas y nueva decisión del Supremo, por pretender perdonar delitos tan graves como los mencionados. En Argentina, sería imposible merced al artículo 36 de la Constitución.
El gobernador hace los deberes para ser el elegido, pero otros de sus colegas se anotan en la carrera por ser bendecidos por el acusado de golpismo: el de Goiás, Ronaldo Caiado, y el de Paraná, Ratinho Júnior. Otro, más agazapado, es Romeu Zema, quien manda en Minas Gerais, segundo colegio electoral de Brasil.
A la derecha le sobran alternativas, más si se combinan dos de esos nombres poderosos como parte de una fórmula. Mientras, a la izquierda le faltan, más allá de su héroe, quien será octogenario cuando se vuelva a votar.
Sin embargo, no todo es optimismo en la derecha. Eduardo Bolsonaro querría ser el sucesor designado y no le perdona a su padre los coqueteos con Tarcísio de Freitas.
No sólo piensa renunciar al Partido Liberal si esa alianza prospera. Según chats a los que accedió la Policía Federal en su investigación preliminar sobre el lobby en Estados Unidos, el diputado le dijo a su padre que es "un ingrato del carajo" y lo instó a hacerse "romper el culo".
La interna aquí es feroz. Igualito que en casa.