DERECHOS HUMANOS

El hachazo de Javier Milei en áreas clave de las políticas de memoria, verdad y justicia

Echó a la mitad de los trabajadores del Ruvte, una herramienta fundamental para echar luz sobre los efectos del genocidio. Crónica de un vaciamiento.

En el plan de ajuste deJavier Milei, las políticas públicas de memoria, verdad y justicia fueron de las más perjudicadas. En el recorte de planta, recursos y planificación con el que La Libertad Avanza (LLA) castiga a la Secretaría de Derechos Humanos, hay un área que es fundamental y que quedó diezmada: el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (Ruvte). Su vaciamiento pone en riesgo su funcionamiento y es el primer paso para su eliminación.

Formalmente, el Ruvte nació en 2014, con la función de relevar y sistematizar información vinculada a la gente que sufrió el accionar represivo ilegal del Estado argentino entre el 28 de junio de 1966 y el 10 de diciembre de 1983: el resultado es una base de datos de víctimas que reúne el trabajo realizado por la Conadep en 1984, los legajos de denuncias registradas por la SDH a lo largo de décadas y décadas y el registro de personas asesinadas durante los años bajo análisis. La tarea, sobre todo vinculada a analizar los legajos de la Conadep, venía realizándose dentro de los límites de la SDH desde una década antes, con el requerimiento que significaron las leyes reparatorias –Leyes n° 24321 y N°24411–.

El registro fue una de las bases documentales que sirvieron para enlistar víctimas en el monumento que, en el porteño Parque de la Memoria, las recuerda. Su contribución es importante, además, para la identificación de personas desaparecidas así como de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, escenarios de operativos represivos y lugares de enterramientos clandestinos.

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La base de datos, no obstante, no es estática: está en permanente actualización, desarrollo y crecimiento a la luz de nuevas hipótesis de investigación y preguntas, de relecturas que se realizan de la documentación, de testimonios y de datos que se incorporan. El vaciamiento del equipo que lo mantiene activo significaría su desactivación.

“El Ruvte es una herramienta que garantiza el derecho a la verdad, a la memoria y a la Justicia”, resume en diálogo con Letra P Silvia San Martín, quien hasta el 2 de enero de 2025 fue la coordinadora técnica del programa y es una de las centenas de trabajadores despedidos de la Secretaría de Derechos Humanos en el marco del plan de ajuste y aniquilamiento de lo público que aplicó Milei y su troupe desde que asumieron el gobierno nacional.

Alberto Baños asumió a las pocas semanas su rol al frente de la Secretaría de Derechos Humanos. Aún hoy no cuenta con una estructura jerárquica formalizada ante los trabajadores, que sufrieron desde el minuto cero persecución y “el caos de no contar con lineamientos de trabajo, de no conocer autoridades”, describió San Martín. Baños recibió a coordinadores del Archivo Nacional de la Memoria, la estructura que abraza al Ruvte y una de las áreas más golpeadas por el plan de ajuste oficialista, solo una vez durante todo 2024.

Víctimas de Javier Milei

En medio de la incertidumbre, el área siguió funcionando. A lo largo del último año, fueron registradas casi 300 nuevas víctimas, en su inmensa mayoría personas que al momento de los hechos eran menores de 16 años y que resultaron secuestrados o separados de sus familias –las “víctimas invisibles” al momento del trabajo de la Conadep, por ejemplo–, se respondieron decenas de requerimientos judiciales y de la comunidad internacional, se ampliaron legajos existentes a partir de información de expedientes judiciales, se tomaron nuevos testimonios, se realizaron investigaciones, se aportaron nuevos elementos a causas de lesa humanidad y se articuló con otras áreas de la SDH.

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Sin embargo, el fin de 2024 significó el desguace del programa que desde entonces subsiste con la mitad del equipo de expertos y expertas que posibilitaban su funcionamiento pleno. Además de San Martín, otros cuatro trabajadores fueron despedidos –incluido el técnico responsable de la base de datos–.

Los nueve que quedan tampoco dejaron de sufrir la incertidumbre de no saber qué ocurrirá con sus fuentes de trabajo ni con el rol social del programa: cuatro están empleados bajo otro ente cooperador del Estado que, se cree, correrá la misma suerte que Acara; dos integran la planta transitoria, pero serán más precarizados; otros dos la planta permanente, pero sus sueldos fueron reducidos a la mitad y tampoco tienen garantías de que no vayan a ser despedidos.

Con un equipo descabezado y diezmado, el Ruvte seguirá funcionando, pero a menos que a media máquina. “El trabajo es permanente y las tareas son muchas”, planteó la excoordinadora. Además de llevar a cabo una relectura de los legajos de denuncias ante la Conadep y la SDH, ya que “siempre surgen preguntas que impulsan nuevos análisis” –en la actualidad lleva abiertas unas 74 investigaciones–, el Ruvte tiene entre sus funciones atender a la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, la campaña liderada por el Equipo Argentino de Antropología Forense, desde la que recibe y responde consultas diversas y requerimientos de la Justicia en el marco de los cientos de causas que permanecen en investigación sobre crímenes de lesa humanidad de la última dictadura y sus años previos. El equipo del Registro, además, toma muestras de sangre a familiares de víctimas y notifica las identificaciones.

“Somos parte de una derrota ensordecedora. Sin cerrar el programa, pero con pocos trabajadores que la pongan en práctica, la política pública queda casi desactivada. Claramente el equipo reducido a la mitad no puede funcionar como si estuviera al 100 por ciento, sobre todo porque los despedidos fuimos los integrantes de mayor experiencia”, analizó San Martín.

Crónica de un vaciamiento

Cada tres meses, la planta de la SDH se estremeció ante la política de revisión de contratos, a través de la que LLA regó de temor a toda la estructura de empleo público. Así, fueron recortando de a decenas los contratos en marzo, junio, septiembre y continuaron en diciembre. El foco, aquellos meses, fueron principalmente los espacios de memoria y la estructura de comunicación.

En septiembre comenzó a diseñarse la estocada final. Las autoridades notificaron que a partir del 31 de diciembre, Acara dejaría de funcionar como ente empleador del Ministerio de Justicia, desde hace poco más de un año a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Hasta entonces, la mitad de los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos estaban empleados a través de esta vía.

El mensaje que bajó la gestión fue que quien quisiera evitar el despido debía atenerse a un plan de retiro voluntario que ofrecía menos porcentaje de indemnización, su pago en cuotas y una supuesta recontratación bajo una modalidad más precaria que aún no se cumplió. La presión para vaciar las estructuras de la SDH incluyó negociaciones “personales” con funcionarios y funcionarias –el viceministro de Justicia, Santiago Amerio, y la jefa de Gabinete de la cartera, María Florencia Zicavo–, una estrategia que solo sirvió para intentar romper estrategias de resistencia colectivas.

“No están haciendo un recorte de gastos. No hay una planificación para volver más eficiente la estructura del Estado. Están desactivando una política pública, porque cercenar los equipos de trabajo que la accionan es cerrar sin cerrar”, opinó San Martín. De más de 400 trabajadores de la SDH empleados a través de Acara quedaron unos 100. El centenar restante fue despedido a comienzos de 2025. Varias áreas quedaron sin gente, el Centro Cultural Haroldo Conti está cerrado por supuesta "reestructuración". Continuó la excoordinadora: “El 31 de diciembre a las 14 recibimos un mail de la secretaria del exjuez Baños en el que nos deseaba felices fiestas y nos comunicaba a quienes teníamos contrato Acara que el 2 de enero no nos presentáramos a trabajar. El 2 fuimos y no nos dejaron pasar. El telegrama llegó a mi casa ese día”.

Victoria Villarruel. 
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