La Cámara Federal ordenó reabrir la investigación por la explosión de una bomba en la sede de la Policía en 1976. Indagatoria a Firmenich.
La Justicia se adelantó a la Navidad y le concedió uno de sus más fervientes deseos a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que llegó al gobierno montada en la insistencia para juzgar y condenar a los militantes de las agrupaciones guerrilleras setentistas que sobrevivieron al exterminio de la última dictadura.
A días del receso estival, un flamante fallo de la Cámara Federal ordenó la reapertura de la causa por la explosión de una bomba en lo que se conoció como “Coordinación Federal”, la sede de la Policía, en 1976, y recomendó que se cite a indagatoria a Mario Firmenich, máximo dirigente de Montoneros.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional definió como “grave violación a los derechos humanos” el estallido de una bomba que el 2 de julio de 1976 destruyó el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, en Moreno al 1400 de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, en aquel tiempo y desde 1974, funcionaba un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. La explosión, que la agrupación Montoneros se adjudicó a través de un comunicado, dejó un saldo de 22 personas muertas y 112 heridas de diferente gravedad, según registra la resolución de alzada. En su inmensa mayoría, las víctimas integraban la fuerza policial.
Los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi cambiaron la lectura que hasta ahora había hecho el Poder Judicial del hecho, que desde hace más de dos décadas denuncian organizaciones autodenominadas “memoria completa” y de abogados defensores de represores en busca de que se investigue, enjuicie y condene a exmilitantes montoneros, y lo declaró imprescriptible. Consideraron que si bien el acto delictivo denunciado “es atribuido -en principio- a particulares, la omisión de investigarlos, juzgarlos y sancionarlos es estrictamente una deuda del Estado, cuya omisión provoca responsabilidad internacional”.
En ese marco, revocaron los sobreseimientos dictados por la jueza de primera instancia María Servini para los otrora militantes denunciados: Mario Firmenich, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Lila Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznares, en su inmensa mayoría sobreivvientes de campos de concentración durante el terrorismo de Estado.
En la causa figuran mencionados otros militantes que habrían participado del operativo, como José María Salgado o Rodolfo Walsh, ambos asesinados durante la dictadura. También indicaron que se practiquen “todas las medidas de prueba que, pese al tiempo transcurrido, permitan dilucidar lo que aconteció” aquel 2 de junio de 1976, con especial hincapié en que se prevea la citación a Firmenich por su “pública y notoria posición de mando” en Montoneros.
Por último, los camaristas admitieron en calidad de querellantes en la causa a la “Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica” y a Eduardo Kalinec, expolicía y represor con varias condenas por su accionar genocida en el circuito represivo “Atlético-Banco-Olimpo” (ABO), y a Alicia de León, algo que también había rechazado Servini.
A pesar de que el juez Llorens, cuyo voto dirige la flamante resolución, se esfuerce por aclarar que no es tan así, el fallo de la Cámara Federal es el regreso cantante y sonante de la "Teoría de los dos demonios" como versión oficial de lo que ocurrió en los 70 en Argentina. Y es, también, un mensaje a favor de las banderas que enarboló Villarruel desde el minuto cero de su carrera política: redefinir a los represores como "presos políticos", descalificar a sobrevivientes y familiares de víctimas de la última dictadura como "terroristas y familiares de terroristas", instalar a familiares de víctimas del accionar guerrillero como "víctimas de terrorismo".
En julio pasado, la vicepresidenta habló durante la conmemoración de la explosión. En agosto encabezó un acto en el Senado con la reapertura de ésta y otras causas que apuntan contra exmilitantes guerrilleros: "Los montoneros tienen que estar presos por ensangrentar a la Nación", sostuvo entonces.
El fallo de la Cámara Federal apunta al mismo horizonte. “La brutal represión ilegal que desplegó la dictadura militar fue el episodio más oscuro, cruel y aberrante de la historia argentina. No hubo porción de la historia argentina previa a ese período que se le compare. Pero, aun así, su barbarie no absuelve ni exculpa a quienes planearon el atentado -la conducción de la organización “Montoneros”-; a las distintas células encargada de su logística y realización ni a los que lo ejecutaron materialmente. Las atrocidades de unos no neutralizan los crímenes de los otros”, inauguró Llorens su exposición, que ocupa la mitad de las 47 fojas en las que la Sala que integra esboza su decisión.
El voto conjunto de Bruglia y Bertuzzi es una versión reducida de la misma línea: flexibilizar la categoría jurídica de “extinción penal por prescripción” que decidió Servini en tres oportunidades. Para los camaristas –que ya en una ocasión anterior instaron a la jueza de primera instancia a profundizar en la causa–, los efectos del estallido en “Coordinación federal” –como se conocía a la sede policial en dictadura– “proyectan una importancia y trascendencia que no puede quedar eclipsada por una definición. La cantidad de personas que resultaron fallecidas y otro tanto lesionadas, la carga comunicativa del evento y la nula repercusión investigativa son circunstancias que prima facie alertan sobre su necesaria investigación”, planteó Llorens, para quien tal cuestión es “saldar una histórica deuda con las víctimas y la sociedad”.
Desde que recibió la denuncia por el estallido en “Coordinación Federal”, en 2003, Servini –magistrada a cargo del Juzgado Federal número 1 de la ciudad de Buenos Aires– rechazó investigar a los exmontoneros denunciados en tres oportunidades, todas por la misma razón: el paso del tiempo y la naturaleza del hecho, un delito perpetrado por particulares hace más tiempo del que marca la ley para investigarlo. Es ella quien, en este marco, deberá cumplir con las órdenes de los camaristas. El fiscal de la causa es Guillermo Marijuan.
La primera denuncia la presentó un expolicía, Hugo Biazzo. El contexto lo marcaba la nulidad de las leyes de impunidad para genocidas y la reanudación del proceso de su juzgamiento. Años después se sumó como denunciante la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, un nudo de letrados que representa a varios represores en juicios de lesa humanidad y que juega allí y en el lobby político por reinstalar la impunidad para los responsables de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebés, abusos sexuales y demás crímenes cometidos durante el genocidio de la última dictadura. Sus referentes instigaron la visita de diputados a represores presos en Ezeiza e impulsaron una audiencia judicial para rogar por prisiones domiciliarias para sus defendidos.
Montados en el “silencio total” que, consideraron, la Justicia mantuvo hasta hoy sobre las víctimas del estallido en “Coordinación Federal” –hecho al que vincularon con la voladura de la AMIA–, Llorens, Bruglia y Bretuzzi buscan escribir el punto y aparte en el proceso de juzgamiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura. No solo plantean que los juicios de lesa humanidad “obturaron” modos diversos de leer, entender y transmitir el genocidio desplegado por las fuerzas armadas y de seguridad durante la última dictadura; son los primeros en ubicarlos en el “ayer” de la historia, a pesar de su continuidad. Sin ir más lejos, el martes pasado hubo sentencia condenatoria para un exjuez y un exfiscal en Neuquén por no investigar secuestros y torturas, desapariciones y robo de bebés.
“Los horrores de la dictadura se llevaron, por lejos, el primer lugar en la competencia de atrocidades y barbarie. Pero una vez que ese resplandor pudo ser apaciguado, los contornos se definieron, dejando ver que también había otras crueldades para analizar”, sostuvo Llorens en su exposición, y continuó: “Ahora tal vez haya llegado el momento de iluminar alguno de esos espacios de sombra; de traerlos al centro de atención y anunciar que con el silencio no hubo ninguna remisión de responsabilidades, solo una gestión de tiempos”.