Afirman que el ministro no eliminó el convenio con la asociación de concesionarias y sólo restringió el modo de fichar personal. Manejo de fondos sin control.
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, echó a 2.400 trabajadores de su cartera porque cobraban a través de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), pero no eliminó el convenio marco que sostiene jurídicamente este traspaso de fondos nacionales y, en la práctica, se queda con una caja millonaria para manejar a discreción.
“Cuneo Libarona no dio de baja el convenio, sólo eliminó la posibilidad de que ACARA sea empleador y dejó vigente un fondo multimillonario del que nadie habla”, explicó a Letra P un trabajador que integra la lista de 2.400 personas despedidas de la cartera judicial con único argumento de que estaban a convenio con este ente de cooperación técnica y financiera.
A la angustia de perder su fuente laboral, el personal le suma el desconcierto de escuchar que los echaron por cobrar a través de ACARA.
“Como si nosotros, algunos con dos y tres décadas de trabajo en el Estado, hubiésemos elegido nuestra forma de contratación y pago con el Gobierno nacional”, planteó una de las personas despedidas.
Cúneo Libarona y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, enmarcaron los despidos en su “lucha contra los curros”.
La vigencia del convenio permite, sin embargo, sostener una masa de dinero que según denuncia el personal despedido “se utiliza para pagar viáticos dentro del ministerio e incluso se han llegado a utilizar para comprar inmuebles sin pasar por los organismos de control”.
En rigor, el convenio con ACARA y la “caja paralela” que mantuvieron los funcionarios libertarios se sustenta en dos leyes que se sancionaron durante el gobierno del expresidente Raúl Alfonsín ( 23.283 y 23.412). Estas normas permitieron el convenio con ACARA, que percibe la recaudación de los Registros del Automotor, se queda con una comisión y le gira el resto de los fondos al Ministerio de Justicia.
Es así que los trabajadores son empleados del Ministerio de Justicia, enmarcados en la Ley de Contrato de Trabajo como parte de la cooperación técnica y financiera que realiza ACARA.
“Lo que nos pagaban a nosotros es lo único que podemos dar fe. Está documentado de este fondo, porque cobramos en blanco el 100% de nuestro salario. Los controles que se hacen sobre el resto de los gastos, nos excede”, puntualizaron las fuentes.
El mecanismo fue perfeccionado durante el menemismo y ningún gobierno posterior lo cortó, incluso la administración de Javier Milei. Todas las gestiones nacionales dispusieron de estos recursos que recaudan los registros automotores a partir de los trámites de transferencia y patentamiento de vehículos y que no exigen rendición de cuentas ni los requerimientos legales que sí se imponen para el presupuesto del ministerio que surge del Tesoro Nacional.
Quienes entienden el marco jurídico aseguraron a este medio que “todo el convenio es irregular, porque los formularios y las chapas patentes sobre los que recauda ACARA son instrumentos nacionales, producidos por el Estado y la Asociación sería intermediaria innecesaria”.
Trabajadores judiciales aseguran que el “monto que se destina a los sueldos implica el 40% de los millones que se recaudan a través del convenio”.
De este fondo se pagaban complementos de sueldos para otros trabajadores del Ministerio de Justicia, que también fueron suprimidos. Así, en enero, personal por modalidades de la Administración Pública Nacional que no fueron despedidos, cobrarán el 40% del sueldo que venían percibiendo hasta diciembre.
En octubre, Cúneo Libarona firmó la Resolución 331/24 que instruye a ACARA a implementar retiros voluntarios para los 2.400 trabajadores contratados. A los que no aceptaron, en diciembre, les ejecutó el despido con media indemnización.
A los 1.300 trabajadores que aceptaron el retiro voluntario les pagan en cuotas. A los que se quieren reincorporar, sin reconocerles antigüedad, les ofrecieron un contrato denominado Artículo 9, que es renglón de la estructura de trabajadores del Estado, en el que la administración libertaria pasó con mayor potencia la motosierra. Así les ofrecen un contrato trimestral de renovación dudosa.
La negociación de la crisis con trabajadores quedó a cargo de la jefa de gabinete de Cúneo Libarona, Florencia Zicavo y del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quienes mantienen una interna descarnada. El motivo: Amerio responde directamente al asesor del triángulo de hierro presidencial Santiago Caputo.
Según detallaron las fuentes, la mayoría de las personas despedidas del Ministerio de Justicia por cobrar a través de ACARA, trabajan en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, en la sede central; en la Secretaría de Justicia y en la Secretaria de Derechos Humanos, la que atraviesa "un verdadero desguace" por los casos del Archivo Nacional de la Memoria, el RUVTE y el Centro Cultural Conti, entre otros.
El Ministerio de Justicia y la administración nacional tiene vigentes otros convenios marco similares al de ACARA, entre ellos los suscriptos con el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), el Consejo de Ciencias Económicas de Ciudad de Buenos Aires, la Cámara del Comercio Automotor, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic).