El Ejecutivo exige la sanción del paquete antes de fin de año. Acepta cambios, pero no que se alteren los ejes. La presión coordinada al socio de la coalición.
Santa Fe: la Casa Gris se cansó de esperar las leyes de seguridad y apunta contra el socialismo
El gobierno de Santa Fe se impacienta por el tratamiento en la Legislatura de las leyes de seguridad que impulsa Maximiliano Pullaro. En la Casa Gris reclaman que el paquete sea aprobado antes de fin de año, responsabilizan al socialismo por las demoras y advierten que no aceptarán modificaciones que desnaturalicen las reformas.
La paciencia del Ejecutivo llegó a su límite después de cinco meses de discusiones legislativas y una sucesión de postergaciones. La orden política, cuentan, es acelerar y cerrar una negociación que, hasta ahora, no consiguió alinear a todos los socios de la coalición.
En el entorno del gobernador consideran que el asunto no admite nuevas dilaciones. La gestión reivindica los resultados de su política de seguridad, pero advierte que, sin nuevas estrategias para combatir el crimen organizado, los avances conseguidos podrían quedar en riesgo.
"El delito está contenido, no quebrado", resumen.
Las once iniciativas ingresaron a la Legislatura en mayo y quedaron prácticamente congeladas mientras la reforma electoral copaba la agenda política. Recién en octubre el oficialismo retomó las negociaciones, aunque sin haber resuelto las diferencias que habían dejado los proyectos paralizados.
El paquete incluye medidas sensibles como la ampliación de las facultades policiales para realizar allanamientos, cambios en la obtención de pruebas, el juicio en ausencia y nuevas restricciones para presos de alto perfil. Son herramientas que el Ejecutivo considera necesarias para dar una segunda vuelta de tuerca a su política contra el delito.
"Este es el gobierno de la seguridad pública", reivindican en la Casa Gris. La frase tiene una segunda lectura que explica también el malestar oficial: después de haber hecho de la lucha contra el crimen organizado su principal carta de presentación, Pullaro no quiere que su propia coalición le ponga un freno.
El primer examen será este jueves 29 de octubre. Diputados tiene previsto avanzar con tres proyectos del paquete, pero la falta de acuerdos internos todavía amenaza con frustrar el objetivo de llegar al recinto con dictámenes.
En el Ejecutivo no andan con vueltas a la hora de identificar al responsable de las demoras. Todas las miradas apuntan al Partido Socialista, uno de los principales socios de Unidos y el espacio que concentra las mayores objeciones a las iniciativas.
Como ya contó Letra P, las diferencias pasan por el alcance de las facultades que se pretende otorgar a policías y fiscales, los controles judiciales y las garantías constitucionales.
En el PS consideran que algunos artículos no superan ese filtro y rechazan que la Legislatura se limite a levantar la mano para convalidar los textos enviados por el gobernador.
En la Casa Gris, de todos modos, están dispuestos a negociar, pero con condiciones. La posición que transmiten desde el Ejecutivo es que los diputados pueden modificar la redacción, incorporar observaciones y corregir artículos, siempre que respeten los ejes de las reformas.
El endurecimiento de la postura de la Casa Gris tuvo su correlato en una seguidilla de declaraciones de alto voltaje. Martín Rosúa, José Corral y Virginia Coudannes subieron el tono en los últimos días para defender las reformas, reclamar su tratamiento y advertir sobre la necesidad de contar con nuevas herramientas para combatir el delito.
Sin embargo, la intervención que más llamó la atención llegó desde el Senado. El jueves pasado, Felipe Michlig aprovechó una sesión atravesada por las ausencias de legisladores oficialistas para repartir reproches entre los propios y, especialmente, apurar a Diputados por las leyes de seguridad.
Lo que pareció un exabrupto del presidente provisional de la cámara alta tuvo, sin embargo, poco de espontáneo. Según confiaron fuentes de la Casa Gris, la embestida contra Diputados estaba preparada como parte de la estrategia de presión política para destrabar el paquete.
"No se puede jugar a ver qué pasa", insisten en el Ejecutivo. La advertencia tiene destinatarios dentro de la propia coalición, donde los acuerdos todavía no aparecen. Con el plazo de fin de año sobre la mesa, el gobierno espera que el socialismo termine de definir hasta dónde está dispuesto a acompañar las reformas que reclama Pullaro.
