Son propuestos como miembros no permanentes. Villarruel, sólo para reemplazar a Milei. Monteoliva podrá intervenir si la llaman. Sigue la negociación y se demora el dictamen.
María Ibarzabal Murphy y Santiago Caputo, a cargo de la gestión del proyecto sobre Malvinas.
El Gobierno continúa la negociación con la oposición para dictaminar el proyecto sobre la soberanía de Malvinas. Este lunes llegó a los despachos de la oposición de Diputados un borrador con las propuestas de cambios, elaborado por el asesor presidencial Santiago Caputo. El texto acepta la incorporación de autoridades legislativas al Consejo de Seguridad, pero con funciones restringidas.
Se trata de un órgano clave para intervenir ante posibles ataques externos. Por pedido de los aliados, se incorpora una comisión bicameral de seguimiento de ocho miembros, que deberá ser informada en caso de acciones como hundimiento de buques o vuelos. Los cambios aún o fueron estudiados por la oposición y es por eso que este martes no habrá dictamen. El oficialismo evalúa que sea el jueves con la expectativa de llevar el texto al recinto el 18 de noviembre.
La novedad es que el Consejo sumaría como miembros no permanentes al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. También a los gobernadores, el jefe de Gobierno y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que podrá actuar si existen acciones de seguridad interior. Victoria Villarruel no tendría un lugar propio en el Consejo y sólo participará si reemplazará al Presidente. Estos funcionarios participarán de las reuniones del Consejo si lo dispone el presidente de la Nación, que será el titular del organismo.
El resto de la integración no cambió y tiene al asesor presidencial en una posición central. La completan el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti, el de Economía, Toto Caputo, la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal Murphy y el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra.
Los dos últimos son leales a Santiago Caputo, quien de esta manera se reserva un rol protagónico en este organismo. El texto propuesto por el asesor presenta algunas lagunas que dificultan un acuerdo rápido con la oposición. Por caso, no se precisa la definición de infraestructuras críticas, cuya protección puede permitir al Consejo realizar acciones bélicas. La única aclaración es que habrá "reguladores sectoriales" para determinar su localización y se respeta la jurisdicción de cada provincia y los municipios en las regulaciones.
Además, el Consejo es empoderado para revisar operaciones de inversión realizadas por un Estado extranjero o una persona jurídica controlada por éste, vinculadas a los sectores de defensa, telecomunicaciones, actividades espaciales, energía, hidrocarburos o minería, o que involucren Infraestructuras Críticas declaradas de interés nacional.
Otros cambios propuestos son una reducción de las penas previstas a las empresas por operar en las inmediaciones de las Islas Malvinas, una medida que buscaría acallar las críticas a las empresas de Estados Unidos. El mínimo penal para proveedores baja de 5 a 2 años. La exploración de recursos no renovables se tipifica con prisión de 8 a 12 años. La escala de 12 a 15 años quedaría reservada para los delitos vinculados con hidrocarburos.
Además, se aclara que se trata de explotación de recursos no renovables, de extracción de hidrocarburos, transporte o almacenamiento. Se plantean atenuantes, como en los casos de personas humanas con participación del 2% de capital social, los vehículos de inversión, así como sus administradores, gestores, depositarios, o ser ser controlante, directa o indirectamente de sociedades comerciales.
Las sanciones en especie también cambian. No serán de 1.000 a 20.000 barriles de petróleo sino de "cuatro veces el beneficio indebido obtenido o que hubiese podido obtener, sin perjuicio de las demás sanciones que pudiesen corresponder", señala el borrador.
Por pedido de la oposición y de sectores del oficialismo se reformuló el artículo que establecía penas por compañas de desinformación, con penas de hasta 12 años. La sanción cabrá para una “campaña de injerencia extranjera” definida a partir de actuaciones planificadas, sistemáticas o sostenidas, clandestinas, engañosas, coercitivas, ilícitas y con ocultamiento del vínculo extranjero.
Se exige conocimiento del nexo con agente extranjero y se excluyen expresamente actividad diplomática, periodismo, investigación académica y representación abierta de intereses. En la oposición no conformó. Aún deben analizar cuestiones para examinar de taxatividad penal, libertad de expresión y prueba de la intención y del nexo con el exterior. Por eso el dictamen se demora. Al menos unos días más.
