El gobierno, con la pólvora mojada, no logra cerrar la puja salarial que lleva casi 50 días. La oposición se ordena detrás de la tropa sublevada.
El gobierno de Claudio Vidal en Santa Cruz tiene la pólvora mojada. No logra zafar de la sensación de debilidad que le aparece por distintos flancos, con la extendida protesta policial como metáfora de ese tiempo de tropa desordenada. Mientras tanto, la oposición patrulla el conflicto y acomoda sus filas.
La fragilidad en la Legislatura provincial, la puja territorial cada vez más intensa, el extendido reclamo de los uniformados que no logra cerrarse y que además salta al terreno de la política y se nacionaliza, se suman a la falta de recursos, que es queja permanente de la administración provincial.
En la previa del año electoral recrudecen los pases de factura y se potencian las operaciones. La sublevación de las fuerzas policiales y de las intendencias es el escenario más visible, pero que no difiere tanto de lo que al gobernador le toca sufrir en el frente interno, en la Legislatura, en el Poder Judicial o ante los gremios, especialmente los que nuclean docentes.
“No hay gestión, el gobierno de Vidal no tiene proyección política ni proyección de provincia”, resume ante la consulta de Letra P la diputada Moira Lanesan.
La legisladora de Unión Por la Patria participó esta semana de un encuentro con referentes de la Policía que sostienen el reclamo de mejoras salariales, que comenzó hace 48 días y que ya experimentó distintos climas e intensidades.
También participaron de esa cumbre el diputado provincial Eloy Echazú y los concejales de Río Gallegos Martín Chávez y Julio Arabena. A su vez, el gobernador mira de reojo todos los movimientos del intendente de la capital, el kirchnerista Pablo Grasso, uno de los que viene pavimentando el camino para ir por la gobernación en 2027.
Grasso y el peronismo tienen clara la debilidad de Vidal, que en 2025 quedó tercero en las elecciones. “El reclamo es justo, el gobernador no lo puede seguir ignorando y respondiendo con silencio o amenazas”, se plantó Echazú. El Ministerio de Seguridad provincial, a cargo de Pedro Prodromos viene advirtiendo con la aplicación de sanciones, pero no logra disuadir a la tropa policial que sostiene su reclamo.
Lanesan nacionalizó la problemática en un proyecto que acompañan Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Emir Félix, Ernesto “Pipi” Alí, Ana María Ianni, Marianela Marclay y Juan Carlos Molina. La iniciativa le pide al Ministerio del Interior que informe respecto de “la situación institucional, social y de seguridad derivada del conflicto que actualmente involucra al personal policial de la Provincia de Santa Cruz”.
El gobierno de Vidal dio por cerradas las negociaciones con la Policía, pero el conflicto que comenzó formalmente el 8 de junio está latente. En ese proceso, Vidal pactó con el gobierno nacional, le pasó la gorra al ministro de Economía Toto Caputo, consiguió fondos frescos y anunció la solución que no llegó.
El gobierno provincial se trajo de ese encuentro adelantos de coparticipación por $20.000 millones, destinados a apagar incendios y tapar baches. La Resolución Nº 342/26 del Ministerio de Seguridad, ratificada por el Decreto Provincial Nº 660/2026, aumentó los salarios policiales. Aunque el piso de $1.700.000 no conforma a los efectivos, que piden llegar a $2.200.000.
El ministro de Economía santacruceño, Ezequiel Verbes, dice que el nuevo esquema implica entre $3.500 y $4.000 millones mensuales. La plata no está y Santa Cruz ya es una de las provincias más endeudadas del país.
Detrás de toda jugada hay una mirada sobre las elecciones que se vienen. En el fondo, Vidal sueña con salir de esa crisis y que la estrategia electoral de Karina Milei de pactar con gobernadores dialoguistas a cambio de votos en el Congreso le termine dando una mano. Para eso tiene que demostrar que hay diputados y senadores que le responden en las grandes ligas.
En ese camino de espinas, el gobernador también quemó sus cartuchos para que le aprueben en la Legislatura un endeudamiento por 600 millones de dólares para hacer frente a inversiones de infraestructura. Chocó no solo con el kirchnerismo que se le para de manos, sino con oposiciones de distintos colores. El oficialismo tiene diez bancas y para aprobar el endeudamiento necesita 16 votos.
El gobernador interpreta los guiños de Caputo y el mileísmo como garantías. Pero ese puente de Vidal con La Libertad Avanza en el nivel nacional se detona en el territorio. "Piden deuda, ¿para qué? Para robársela con más obra pública. Le están mintiendo a la gente”, torpedeó el diputado libertario Jairo Guzmán, principal referente de La Libertad Avanza en la provincia.
Con el acuerdo policial, a Vidal el tiro le salió por la culata. El trámite administrativo con el que pretendía dar un cierre a las manifestaciones no logró unanimidad, e incluso disparó un movimiento que generó mayor volumen político para los opositores, empujando el encuentro de las referencias de la protesta con dirigentes de los espacios con los que se cruzará en la campaña por venir.
La realidad es que las posturas adquirieron distintos tonos según el territorio del que se trate. Ante una consulta de Letra P, el gobierno provincial dio por hecho que “los autoconvocados están levantando los acampes, fueron deponiendo su protesta y la dieron por concluida”. No es así en todos los puntos de la provincia.
Las medidas de fuerza se desactivaron en localidades como Perito Moreno, Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado. Decayeron en Puerto San Julián y Comandante Luis Piedra Buena. Pero parecen firmes en Río Gallegos y El Calafate, dos distritos gobernados por el peronismo
Según la vocería de Vidal, los reclamos que quedan están “completamente politizados”. Desde ya, las elecciones de 2027 están en todos los radares. En la capital el ruido se hace más visible porque el acampe cambió la postal de la Casa de Gobierno. Aún con el frío extremo de las últimas semanas, el reclamo se mantuvo activo.
Lo concreto es que el gobierno provincial logró dividir y reducir territorialmente la protesta, pero no recuperó la interlocución política. Además de la discusión salarial, ya se instaló una generalizada desconfianza en la cadena de mandos. Por eso el reclamo policial es que se concrete una audiencia directamente con el gobernador.
En ese marco, Vidal denuncia un interés por desestabilizarlo políticamente. “Ve fantasmas”, dice Echazú ante la consulta de este medio. El gobernador se siente contra la pared y ya no controla la botonera.
El bloque legislativo que lo respalda, Por Santa Cruz, apuntó directamente a intendencias enemigas. Grasso y Javier Belloni, jefe comunal de El Calafate, fueron los señalados. "Utilizaron y expusieron a efectivos, retirados y a sus familias para obtener un rédito político", dijo el bloque que comanda Santiago Aberastain.
De paso, el oficialismo legislativo refregó una multimillonaria deuda que esos dos municipios tienen con las cajas de Previsión Social y Servicios Sociales. La oposición legislativa no tuvo el peso necesario cuando quiso obligar al ministro Prodromos a dar explicaciones en el recinto.
Las referencias del sector policial son la comisaria Lidia Mario, el suboficial escribiente Víctor Cortés y los retirados Julio Niancanianco y Diego Rodríguez.
Además del conflicto con la Policía, Vidal tiene otros frentes abiertos. Las medidas de fuerza docentes se llevaron unos 40 días sin clases, Vialidad Provincial rechazó la última oferta oficial, el sector de Judiciales y la Asociación del Personal Legislativo (APEL) están en pie de guerra. Y ya se sabe: la economía en general tampoco da buenas señales.
