Atado con alambre. Así quedó el sistema público de transporte automotor que traslada 3,8 millones de pasajeros por día en la zona metropolitana (AMBA), después del levantamiento del paro que se concretó el viernes por la tarde. Sobre ese equilibrio inestable, directamente tóxico para la campaña electoral del ministro precandidato Sergio Massa, comenzarán a trabajar esta semana todos esos actores que defienden intereses muy concretos y -en muchos casos- contrapuestos.
Los involucrados son el ministerio de Transporte nacional, los empresarios dueños de los colectivos, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, los sindicalistas de la UTA y los gobernadores del resto del país, que también reclaman más subsidios. En el Ministerio de Transporte están trabajando para hacer la convocatoria a las cinco cámaras de empresarios de colectivos en la Secretaría de Articulación Interjurisdiccional, a cargo del riocuartense, Marcos Farina.
Los empresarios están organizados en la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (A.A.E.T.A), que lidera La nueva Metropol; la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A), liderada por DOTA; la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P), liderada por la empresa Ideal San Justo, y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUBA), liderada por MOTSA.
“Las provincias recibimos la misma cantidad de subsidios que en enero, como si no hubiera inflación en el país”, dijo a Letra P Franco Mogetta, ministro de Transporte de Córdoba y presidente del Comité Federal de Transporte (COFETRA-que integran todas las provincias). El transporte del interior recibe en subsidios 7 mil millones de pesos por mes.
En pleno festejo de la Independencia, en Tucumán, el gobernador electo de esa provincia, Osvaldo Jaldo, reclamó por el conflicto de colectivos locales y dijo que “debe involucrarse el Gobierno nacional": "No podemos seguir con estas asimetrías, con que el 85% de las compensaciones se quede en la Capital Federal y sólo el 15% se distribuye en 23 distritos”.
Empresarios versus Gobierno
El Gobierno asegura que los empresarios de Transporte “sólo plantean su margen de ganancia” y busca “transparentar el sistema por el que el Estado les envía $32.500 millones por mes”. Esa es la cifra actual de los subsidios o compensaciones que sostienen el negocio: el 85% de la operatoria la banca el Estado y el 15% restante surge de las pasadas de la SUBE en cada viaje.
En el Ministerio de Transporte de la Nación, que conduce el santafesino Diego Giuliano, tienen más reproches para los empresarios: “Hay más de cuatro mil colectivos, de los 18.500 que supuestamente integran el sistema, que no están funcionando,”.
El dato es determinante si se tiene en cuenta que, para pagar los subsidios, el Estado hace un cálculo de costos operativos por cada unidad y los multiplica por los 18.500 que aseguran tener en la calle los empresarios todos los días. Los dueños de los micros aseguran que “esa diferencia de 4 mil unidades se da porque hay coches en los talleres o en las cabeceras de línea. Nunca la totalidad de la flota está andando, pero que hay que hacerles mantenimiento, como a todos”.
Diego Giuliano Transporte
El ministro de Transporte, Diego Giuliano
Transporte busca contener el gasto en subsidios, y también “generar un reordenamiento del sistema, todo está en discusión, no sólo cuántos millones les falta a los empresarios”. A fines de julio vence el plazo que impuso Transporte para que cada empresa presente todos los datos de cada servicio, recorridos, número de pasajeros, horarios, funcionamiento de las validadoras de la SUBE, etc.
Así buscan revisar las más de 350 líneas que recorren el AMBA. En mayo pasado, Giuliano firmó una resolución por la cual, -en caso de un lock out patronal como el del viernes pasado- el Ministerio pueda terminar con la concesión de la firma y habilitar a otras empresas a ocupar esos recorridos a título precario y provisorio.
Los dueños de los colectivos afirman que el gobierno “miente con los montos de los subsidios que envían y nos deben 7.000 millones de marzo”. “Todavía no nos convocaron a ninguna reunión, vienen amagando hace meses con esa Mesa de Trabajo”, dijo a Letra P Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), a la vez que reclamó: “Las empresas necesitamos que el Estado reconozca los costos operativos reales para el funcionamiento de los colectivos y fijar el monto de los subsidios con esos cálculos”.
Según las empresas, el aumento paritario (abril, mayo junio y el medio aguinaldo) cuesta 16 mil millones de pesos. Y por mes, les costará 6.200 millones extras a los 32.500 que se reparten mensualmente en todas las empresas. "Transporte no quiere modificar el monto que les envía a las empresas. Sólo anticipan subsidios para que con ese excedente se pague el aumento paritario”, remarcó Fusaro.
UTA Paro Fernández Transporte
El Gobierno de la Ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta -otro precandidato presidencial-, se defendió de las acusaciones de Nación por no hacerse cargo de la parte que les corresponde a CABA: fuentes de la cartera de Transporte que dirige Manuela López Menéndez aseguraron que: “Desde la Ciudad nos hacemos cargo del 100% del subsidio del subte y de una gran parte de las 32 líneas con origen destino en CABA que representan solo el 10% del total de líneas que circulan en AMBA”.
Por su parte, los trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) esperan recibir el aumento prometido a partir del martes, y recién el 26 de julio y el 15 de agosto se pondrían al día con los retroactivos que les deben desde abril, que incluye también la suma fija de $32 mil por única vez. Los choferes acordaron un sueldo básico en abril de $262.000, en mayo $284.000, junio $320.000, julio $346.000, y agosto $374.000.
Faijá y las lunetas amarillas
Primero fue Massa el que habló de “parásitos y extorsionadores”. Después, el ministro de Transporte bonaerense, el massista Jorge D'onofrio, relacionó directamente a los empresarios con la “política”: “Las publicidades de las lunetas de las unidades del Grupo Dota, que me cuentan que son todas de Juntos por el Cambio. Vayan a ver los colectivos”, dijo en declaraciones a Radio Perfil.
Así, Massa y D'onofrio apuntan en primer lugar a los hermanos Ángel y José Faijá, dueños del Grupo DOTA, que gestionan casi 180 líneas y tienen una integración vertical del negocio: son fabricantes de chasis de colectivos con Megacar (representante Agrale) y de carrocerías con la empresa Todo Bus. Todo asegurado con la Compañía Argentina de Seguros Generales, también de su propiedad.
En Transporte aseguran que, con DOTA, los Faijá desvían subsidios hacia otros negocios, que tienen sobredimensionada la flota en recorridos sin usuarios, solo para mantener los subsidios.
El otro grupo apuntado es el de los misioneros Eduardo y Javier Zbikoski, son dueños del Grupo Metropol que maneja 27 líneas, ocupan a 4.500 personas y ganaron licitaciones para gestionar líneas en Santiago de Chile. Tienen unidades de negocios como la concesionaria de vehículos Toyota en Misiones o plantaciones nogales para la exportación en Valle de Uco, Mendoza.
