Los tres protagonistas que articulan el funcionamiento del transporte público de colectivos del área metropolitana -las empresas, el gobierno nacional y la Unión Tranviarios Automotor (UTA)- tendrá esta semana para buscar una solución al conflicto que amenaza con paralizar el servicio de pasajeros. Las partes deberán resolver de dónde sacarán los fondos para pagar el aumento salarial que reclama el gremio.
El núcleo de la discusión gira en torno al aumento salarial que exigen los trabajadores del sector. La UTA reclama un salario básico de 320.000 pesos en junio y un suma fija, por única vez, de 32.000 pesos. Las empresas, por su parte, argumentan que para otorgar ese incremento necesitan elevar a 6.200 millones de pesos el monto de los subsidios que paga el Estado. La otra opción que las empresas le plantean al Gobierno para solucionar el problema económico y financiero del sector consiste en la aplicación de un mayor ajuste tarifario para subir los boletos.
La necesidad del ministro de Economía, Sergio Massa, de sujetar el drenaje de subsidios o compensaciones tarifarias al sector -43.000 millones de pesos por mes- desencadenó acciones en el equipo del ministro de Transporte, Diego Giuliano, que tensionaron aún más la relación con los empresarios del sector.
Giuliano volvió de China este domingo, a donde viajó con el titular del Palacio de Hacienda, y este martes se reunirá con los empresario y los representantes de la UTA para avanzar en las negociaciones y evitar una escalada del conflicto. El lunes 12 de junio vence la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo y el gremio ya amenazó con convocar a un paro si no acuerdan un aumento. La alternativa más directa es actualizar la planilla de costos operativos del sistema de subsidios, que le llegan a cada empresa.
El sector empresario está conformado por grupos económicos fuertes que concentraron la actividad y que tienen poder de presión concreto sobre la política, fundamentalmente por lo que significa un cese de actividades en la Capital Federal y el conurbano bonaerense.
A principios de este año, el Ministerio de Transporte le pidió a las empresas que actualicen los recorridos reales de los colectivos, la cantidad de pasajeros que viajaban en cada unidad y los permisos de recorridos de las líneas. La cartera de Giuliano reclama “un sinceramiento del sistema para saber a dónde va cada peso de las compensaciones”. Las empresas tienen tiempo hasta agosto.
En Transporte sostienen que hay muchas líneas que están sobredimensionadas y tienen unidades que corren el AMBA vacías. Los empresarios aseguran que hay 18.500 colectivos en funcionamiento diario. El ministerio afirma que con 14.500 unidades y un rediseño de servicios el sistema funciona bien.
En mayo pasado, el Gobierno decidió que, ante un lock out patronal o un paro sin representación gremial, le podrá suspender la licencia a las empresas y darle, de forma temporal, el recorrido de las líneas afectadas a otras compañías para garantizar la continuidad del servicio.
Dentro del ministerio, hay quienes sospechan de una “derivación de subsidios” por parte de los grandes grupos concentrados del transporte que, mientras reclaman por la falta de dinero, expanden sus áreas de negocios. En la mira están los hermanos Ángel y José Faijá dueños del grupo DOTA que gestionan casi 180 líneas. Los empresarios tienen una integración vertical del negocio: son fabricantes de chasis de colectivos con Megacar (representante Agrale), de carrocerías con la empresa Todo Bus. Todo asegurado con la Compañía Argentina de Seguros Generales, también de su propiedad.
En tanto, los misioneros Eduardo y Javier Zbikoski son dueños del Grupo Metropol que maneja 27 líneas, ganaron licitaciones para gestionar líneas en Santiago de Chile. No paran de diversificarse, tienen unidades de negocios como la concesionaria de vehículos Toyota en Misiones y plantaciones nogales para la exportación en Valle de Uco, Mendoza.
En tamaño, le sigue la empresa Ideal San Justo y Moqsa, que están agrupadas en cinco cámaras. La semana pasada firmaron un comunicado donde advirtieron la “inminente paralización del sistema". "Las empresas se encuentran totalmente descapitalizadas y endeudadas, inmersas en una situación de extrema gravedad conducente a la quiebra del sector. Resulta imposible continuar en esta situación”, advirtieron.
Las cámaras del sector están integradas por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor - A.A.E.T.A (lidera Metropol), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires-C.E.T.U.B.A (liderada por DOTA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros – C.E.A.P (liderada por la empresa Ideal San Justo) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires CEUTUBA (liderada por MOTSA)