El crimen del colectivero Daniel Barrientos, perpetrado el lunes en Virrey del Pino, distrito de La Matanza, puso en jaque a la dirigencia política y también a las empresas de transporte público de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por la falta de cámaras de seguridad en las unidades. El gobierno de Axel Kicillof destinó $2.500 millones para la instalación de esos dispositivos, pero los empresarios advirtieron que ese dinero fue utilizado para pagar otros gastos, como combustible y sueldos de los trabajadores. Al mismo tiempo, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, quedó en el centro de la escena: un sector del empresariado del transporte lo acusa de no controlar la ejecución de la medida.
El vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, reconoció que desde octubre de 2021 las empresas de colectivos “cobraron 2.500 millones de pesos en concepto de instalación de cámaras”. Sin embargo, el dispositivo funciona en muy pocas unidades. “No se pueden instalar cámaras si hoy las empresas tienen un déficit mensual de $26.000 millones, que les impide pagar el gasoil y los sueldos”, explicó.
Fusaro responsabilizó a la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien puso en vigencia la ley 14.897, bajo la cual se estableció la obligatoriedad de cámaras de seguridad en los transportes de pasajeros. “Nos tiró por la cabeza esa responsabilidad y ni siquiera aportó los fondos”, apuntó el gerente del Grupo Metropol, una de las firmas que concentra la mayor cantidad de líneas de colectivos que circulan en el AMBA.
En 2021, el gobernador Axel Kicillof otorgó por decretó un subsidio para que las empresas instalaran los dispositivos y las patronales empezaron a cobrar un ítem específico para pagar las cámaras y su funcionamiento. De esa manera, se destinaron $2.500 millones a las empresas, que no los usaron para esa finalidad. Tras el asesinato del colectivero, el gobierno bonaerense exigirá que cada colectivo que pase por la Verificación Técnica Vehicular (VTV) cuente con una cámara.
El presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados bonaerense, Martín Domínguez Yelpo, referenciado en el intendente radical Gustavo Posse y vinculado a la UTA, dialogó con Letra P y recordó que en 2017 impulsó el proyecto para que la VTV controlara la instalación de cámaras de seguridad en los colectivos. “Por negligencia del sector empresarial y del Estado provincial sólo 1.500 unidades, de 8.700, tienen el sistema en funcionamiento”, señaló el diputado provincial.
El Estado nacional aporta casi $40.000 millones mensuales para mantener el costo del pasaje accesible para los diez millones de pasajeros que se trasladan en los 18.500 colectivos que circulan en el AMBA. En diciembre pasado, depositó $39.000 millones. El sector empresario asegura que esa cifra no le alcanza y reclama un ajuste en el subsidio.
El director del grupo Dota, Marcelo Pasciutto, aseguró que su empresa sí cuenta con las cámaras en sus unidades y apuntó contra el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, por “no controlar” al resto de las patronales. DOTA pertenece a los hermanos Ángel y José Faijá, quienes fueron concentrando el manejo del sector hasta llegar a 73 líneas de colectivos.
El titular de Transporte y su par de Seguridad, Sergio Berni, fueron los voceros designados tras la reunión que mantuvieron con el gobernador Kicillof el lunes por la tarde, a horas del crimen y el posterior microestallido. Allí reiteró la apuesta a las cámaras y la inteligencia artificial para combartir aquel tipo de delito.
El Gobierno calcula la “estructura de costos del transporte” y les paga a las empresas, como complemento, la diferencia de dinero entre el costo de funcionamiento del sistema y lo que las empresas recaudan por los pasajes.
