Por qué presentaron proyectos distintos. Detrás de escena de la decisión. Selección y remoción de jueces e independencia del fiscal general, ejes en disputa.
Lisandro Enrico, radical, y Lionella Cattalini, socialista, presidente y vice de la comisión de Poder Judicial de la Convención constituyente de Santa Fe.
Aunque hicieron el esfuerzo de construir un relato amable que maquillara la tensión, la ausencia de un proyecto unificado de reforma constitucional indica que las diferencias conceptuales están lejos de ser saldadas puertas adentro de la alianza Unidos. En ese sentido, el capítulo judicial es el que más enfrenta a los socios mayoritarios del oficialismo de Santa Fe.
En el socialismo no niegan que, cuando se dio la discusión interna en la coalición, pugnaron por la opción de que cada partido presentara su propio proyecto. Las diferencias eran muchas como para apurar un texto en conjunto. Coincide, en lo troncal, con la versión que dan en otros espacios de Unidos para Cambiar Santa Fe como el PRO. “Lo mismo de siempre, se hacen los rebeldes”, explicó un operador macrista. La frase refleja cierto hastío en el resto de la alianza con las estrategias de negociación que utiliza el partido de la rosa.
La versión repetida es que, en plena discusión, lo que inclinó la balanza en favor de la opción de que cada partido presentara su proyecto de reforma fue un hecho casual: el Partido Demócrata Progresista avisó que, sin saber que iba a ser un tema a discutir, se había adelantado y había presentado su iniciativa. Un regalo que le cayó del cielo al socialismo para aferrarse y forzar los proyectos separados. Haya sido una casualidad o no, lo que terminó sucediendo cristalizó las discrepancias. En la conducción del bloque, que ejerce Fabián Bastia, confían en lograr unificar criterios a futuro.
Aunque los desacuerdos aparecen en todas las aristas de lo que llaman la sala de máquinas del poder, el capítulo judicial es el que más tensión genera entre el socialismo y la UCR. Hay cuestiones del proyecto radical que para las principales figuras del partido de la rosa son indigeribles, por ejemplo, en torno a la selección y remoción de jueces, fiscales y defensores. Según el texto boina blanca, el proceso de selección de magistrados debe estar a cargo de un Consejo de la Magistratura presidido por un representante del Poder Ejecutivo.
Ese órgano se encargaría de realizar los concursos y elevaría al gobernador, luego, “una nómina con las personas que hayan superado satisfactoriamente las etapas del procedimiento y acrediten idoneidad para el cargo”, para que seleccione luego el pliego a enviar a la asamblea legislativa. Es decir, sin orden de mérito. En rigor, el gobierno provincial lo eliminó hace ya tiempo. Es una de las cuestiones que miran de costado los socialistas.
Otra de las diferencias importantes surgen con respecto a la remoción de jueces, fiscales y defensores. Para ello, el proyecto radical contempla un jury de enjuiciamiento presidido por un representante del Poder Ejecutivo. El problema que señalan desde el socialismo es que, en el mismo diseño, el rol acusador lo ejerce el Consejo de la Magistratura, también presidido por una persona seleccionada por el gobernador. “Terminaría estando de los dos lados del mostrador, como juez y parte”, remarcan, con un dejo de indignación.
¿Qué propone el socialismo? Para seleccionar jueces, la creación de una autoridad técnica especial e independiente de tres miembros, seleccionados por la asamblea legislativa, encargados de llamar a concurso y constituir un tribunal ad hoc -un académico, un abogado y un juez, fiscal o defensor, que puede estar retirado- que llevará adelante el proceso y confeccionará una terna vinculante para elevar al gobernador. Para la remoción, un jurado de enjuiciamiento con representantes judiciales, legislativos, un abogado y un ciudadano, sin presencia del Ejecutivo.
Por el lado del control de la persecución penal también asoman diferencias. Los radicales quieren que el Ministerio Público esté constituído por el ala fiscal y el ala de la defensa, independientes entre sí y conducidos por un fiscal general y un defensor general respectivamente. Esos dos cargos jerárquicos serían designados por la asamblea legislativa a propuesta del gobernador y durarían cuatro años con una sola reelección. El detalle es que el gobernador tendría que proponer ambos nombres al inicio de su mandato.
Esa coincidencia temporal preocupa al partido de la rosa. Para el socialismo, que el gobernador eleve los pliegos al comenzar su mandato y que los mandatos tengan las mismas limitaciones de tiempo -cuatro años y una reelección- significa abrir la puerta a que los candidatos a la Casa Gris hagan campaña acompañados por sus postulantes al Ministerio Público, lo que jaquea la independencia que se pretende para ese órgano. Es un diseño más cercano al de Estados Unidos, en donde el procurador es elegido directamente por el presidente.
De fondo, con lo que choca el socialismo es con la obsesión del gobierno de Maximiliano Pullaro de asegurarse más herramientas para tener bajo su control todos los aspectos vinculados a la política de seguridad, algo que ya se observó en el proceso de conformación de la estratégica Cámara de Ejecución Penal. Para el gobernador, son modificaciones clave en pos de sostener y profundizar los buenos resultados en el operativo de pacificación. Algo que plasmó en el proyecto de coalición que conduce y que lo llevó hasta la Casa Gris.