La convencional socialista marca distancia con la UCR sobre cómo debe ser la selección de la jefatura de fiscales. El círculo rojo judicial, a comisión.
Lionela Cattalini, convencional de Santa Fe por el socialismo.
Uno de los puntos más calientes de la reforma constitucional en Santa Fe será la discusión por la independencia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), hoy bajo la órbita del poder judicial. El tema es particularmente sensible dentro de Unidos, la alianza oficialista, porque el socialismo y el radicalismo no saldaron aún diferencias sobre el alcance de esa independencia.
Tanto el PS como la UCR parten de la idea de que el MPA no puede depender de la Corte para administrar sus recursos y de que se deben ajustar los mecanismos de evaluación del desempeño para garantizar transparencia y control. Sin embargo, para el socialismo la autonomía debe ser total, y propone que el fiscal general sea elegido mediante concurso público, con una terna vinculante que el Ejecutivo eleva a la Legislatura. En cambio, el radicalismo defiende un modelo inspirado en el sistema estadounidense, en el que el gobernador define el perfil del fiscal general y envía directamente el pliego al Poder Legislativo para su aprobación.
En esta entrevista con Letra P, la convencional Lionella Cattalini explica la postura socialista: una defensa firme de la independencia total del MPA, sin subordinación política, con límites a los mandatos, concursos transparentes y control ciudadano.
–¿Qué propone el Partido Socialista respecto al MPA?
–Queremos un Ministerio Público de la Acusación totalmente independiente, no sólo del Poder Ejecutivo, sino también de la Corte Suprema de Justicia. La reforma constitucional es una gran oportunidad para dejar atrás prácticas del pasado. No se puede hablar de cambios verdaderos si se hacen a medias. Hoy el sistema penal distingue claramente las funciones: los fiscales investigan, los jueces juzgan. Entonces, ¿por qué pretender que sus autoridades máximas confluyan en un mismo poder? Eso sería una contrarreforma, una regresión.
–Sectores del radicalismo proponen que el MPA tenga vinculación con el Ejecutivo para definir la política criminal. ¿Qué opinan de esa idea?
–Pensamos distinto. Proponemos que quien encabece el MPA, ya sea un fiscal o una fiscala general, tenga un mandato de cinco años, renovable por cinco más, pero que no coincida con el del gobernador. Una Constitución que redistribuya el poder necesita garantizar independencia real.
–¿Esa postura no dificulta la implementación de políticas de seguridad por parte del Ejecutivo?
–No. Hoy tenemos una fiscala general elegida por un gobierno anterior, que trabaja con el actual gobernador con coordinación y respeto institucional. Eso demuestra que no se necesita alineamiento político para que las instituciones funcionen. Al contrario: cuando hay reglas claras y organismos de control eficaces, la colaboración es posible sin poner en juego la autonomía.
–¿Puede esa independencia convertir al MPA en un “súper poder”?
–No hay que tenerle miedo a que otros órganos tengan poder. El problema es la concentración de poder en pocos. Durante décadas vimos funcionarios judiciales que permanecían eternamente en sus cargos, inamovibles. Eso tiene que terminar. Queremos una Justicia con límites a los mandatos, empezando por los ministros de la Corte. Y también un MPA que tenga poder, pero con control y evaluación periódica.
–¿Cómo se concreta eso institucionalmente?
–Planteamos un sistema con evaluaciones cada cinco años para jueces, fiscales y defensores. Todos los funcionarios deben rendir cuentas. Así como los cargos electivos se renuevan por voto popular, quienes tienen mandatos prolongados también deben demostrar que siguen siendo idóneos, que se capacitan, que cumplen sus funciones. Y si no lo hacen, que eso tenga consecuencias.
–¿Qué modelo proponen para la selección de funcionarios judiciales?
–No queremos hablar más del Consejo de la Magistratura, porque no ha funcionado. Proponemos un nuevo modelo, con una autoría técnica. Un órgano pequeño, de tres personas con funciones administrativas, que convoque jurados ad hoc para cada concurso. Esa autoría eleva una terna vinculante al Ejecutivo, que elige uno de los tres nombres, y luego la Legislatura aprueba.
–¿Y qué pasa con la Corte Suprema de Justicia? ¿Plantean límites al ejercicio de los cargos?
–Sí. Proponemos que sus integrantes duren un máximo de 20 años o hasta los 75 años, lo que ocurra primero. Ya hay antecedentes en otras provincias, como Salta. Esto no contradice la Constitución Nacional, porque serían inamovibles mientras dure su mandato. Cada provincia tiene autonomía para organizar sus poderes y establecer reglas que aseguren democracia y rendición de cuentas. La inamovilidad no puede ser sinónimo de impunidad.
–¿Cómo cree que estas diferencias se van a sintetizar dentro del espacio Unidos?
–Va a ser un gran desafío, pero la diversidad de miradas en Unidos demuestra que la Constitución no está cerrada desde antes. Hay muchas propuestas con sustento, y desde el socialismo llegamos con una historia de trabajo serio. Hermes Binner fue pionero en limitarse en la designación de magistrados. Queremos llevar adelante una reforma que esté a la altura de esas convicciones.