Las molestias que brotan desde el campo contra las promesas incumplidas de Javier Milei ofrecen una oportunidad para que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, resalte las diferencias que necesita exhibir para mostrarse como potencial opositor al gobierno de la motosierra y el ajuste.
Sobre el cierre del año legislativo, las voces que responden al Partido Cordobés en el Congreso están obrando como amplificadores de los reclamos que, con creciente intensidad, siguen expresando las entidades del agro.
Las quejas son ya conocidas y apuntan a compromisos que el gobierno nacional no ha cumplido, pese a innumerables promesas que remontan hasta épocas de campaña proselitista: la eliminación de los derechos de exportación a los productos del campo (retenciones), una nueva ley que impulse el uso de biocombustibles y un plan de inversión específicamente vinculado al sector agropecuario.
Montarse a estos reclamos permite al gobierno provincial consolidar su vínculo con un aliado estratégico, clave para la consolidación del peronismo cordobés como un actor que, aún de relativo peso en el tablero nacional, es ofrecido como modelo por muchas voces que piden federalismo.
También ofrece una de las pocas posibilidades para realizar críticas al gobierno nacional evitando el forzado clivaje kirchnerismo/antikirchnerismo al que suelen acudir los libertarios y sus aliados. La trayectoria de los voceros del agro y el apoyo que aún expresan a los resultados mediatos de la gestión mileísta despejan cualquier sospecha al respecto.
La banca a Javier Milei
El mensaje del Partido Cordobés llegó de boca de Carlos Gutiérrez, principal espada parlamentaria en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.
“Cerramos el año legislativo sin tener novedades ni definiciones sobre temas fundamentales para el campo argentino. Más aún, sin tratar un solo tema productivo”, expresó el dirigente de raigambre schiarettista.
Su alocución recorrió los tres ejes mencionados: la continuidad de las retenciones, según lo establece el proyecto de Presupuesto nacional para el 2025; la morosidad del poder central para avanzar en una nueva ley de uso de biocombustibles, con porcentajes de corte mayor al actual; la escasa receptividad para las propuestas de un RIGI para el sector, definido como Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA).
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Ya dicho, son promesas cuyo cumplimiento demandan las entidades agrarias. Por el momento no contienen una convocatoria a acciones directas de protesta. Pero algunos reconocen un clima de época con similitudes a marzo del 2008, antesala del lock out patronal con que el campo respondió a la resolución 125.
“El presidente sigue repartiendo elogios, pero no resuelve los pedidos del agro. Lo de las retenciones lo viene diciendo desde hace un año. Lo volvió a prometer en la Rural. Ni siquiera contemplan variantes como una escala según niveles de productividad. Los productores no bancan más que los jodan”, reconoce una voz de tránsito parlamentario.
La misma fuente remarca que por el momento predomina el apoyo a Milei. Pero también subraya la reactividad que genera la reiterada afectación del “bolsillo” del sector. “Los productores cordobeses dejan 4.000 millones de dólares por año en concepto de retenciones”, sentencia.
El perfil productivista de Martín Llaryora
Las diatribas contra la gestión libertaria resaltan el perfil productivista con que el gobernador proyecta su Partido Cordobés. Además de pedir una revisión a los impuestos, pide inversiones para consolidar la agroindustria en momentos en que emerge un nuevo círculo rojo vinculado a la minería y la energía.
Tales inversiones no parecen prioritarias para una gestión libertaria que, a ritmo de ajuste y motosierra, sostiene el superávit fiscal como meta obligada.
“Hay una sacralización del déficit cero a cualquier costo. Congelar la economía no puede ser el único camino. Nosotros acercamos otras formas, pero no las aceptan. Parece que sólo receptan los pedidos que llegan desde las petroleras o desde sus socios en la secretaría de Energía”, despotrica una voz cordobesista.
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Martín Llaryora le prometió a la Mesa de Enlace de Córdoba que presionará en el Congreso para la modificación de la ley de biocombustibles.
El análisis sustenta otro concepto clave para el peronismo cordobés, que refiere al agro como “Vaca Viva”, en claro contraste con la centralidad asignada por algunos funcionarios a las reservas de Vaca Muerta.
La comparación con el kirchnerismo cae por su propio peso. “El campo sigue siendo el sostén. Es el sector que sigue financiando este proyecto, como los anteriores. En muchos aspectos, Milei se maneja igual que los K”, fustigan desde el Parlamento.
El presupuesto 2025 y la mirada desde Córdoba
Los alfiles legislativos no dan por caída la discusión sobre el Presupuesto 2025. Pese a la decisión de planchar las negociaciones, comunicada por José Luis Espert este lunes, los mediterráneos guardan fichas para las sesiones extraordinarias a las que se convocaría.
La confianza alberga esperanzas institucionales, dado que no creen al líder minarquista capaz de reconducir por segunda vez un presupuesto. “No hay antecentes. Lo dejaría muy mal parado ante los propios líderes mundiales a los que dice admirar”, reflexionan.
También hay un componente pragmático. Aunque la ley de presupuesto provincial no contemple giros de la Nación, el cordobesismo no se resigna a perder la batalla por los fondos para solventar el déficit de la Caja de Jubilaciones.
Tampoco la puja por la deuda por la realización de obra pública, piedra de toque para evaluar la promesa de transferir a la Provincia la continuidad de proyectos necesarios para sostener una mirada productiva, presentada como contracara del "déficit cero a cualquier costo".