TIEMBLA EL CAPITÁN VETO

Dura derrota de Javier Milei: Diputados aprobó la emergencia en discapacidad con dos tercios

Se impuso el dictamen del kirchnerismo, que contempla mejoras en prestaciones y nuevo esquema de pensiones. La Libertad Avanza votó en contra.

Javier Milei completó una jornada para olvidar en la Cámara de Diputados: la oposición aprobó la declaración de emergencia en discapacidad hasta 2026, con la obligación de actualizar las prestaciones y aplicar un nuevo sistema de pensiones. La votación fue con dos tercios justos: 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.

Esta mayoría, de repetirse, impediría aceptar un eventual veto presidencial, que quedaría a merced de los 55 ausentes en la votación de este miércoles, varios de la UCR, el PRO y partidos provinciales que prefirieron no estar en el recinto para no rechazar el proyecto. Otros miembros de esos bloques votaron a favor, pese a no haber dado cuórum.

Como ocurrió con la moratoria previsional, el kirchnerismo logró imponer su dictamen, impulsado por Daniel Arroyo, que ahora deberá tratarse en el Senado. “Las familias están accediendo a pocos servicios, o casi ninguno. Por eso hay que recomponer el nomenclador y mejorar las prestaciones básicas”, planteó el diputado.

Así se denominan los valores que reciben los profesionales que atienden a personas con discapacidad, regulados por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), a cargo de Diego Spagnuolo, amigo personal de Milei y uno de los funcionarios más cuestionadas durante la sesión.

Las organizaciones denuncian retrasos de hasta seis meses y valores retrasados, que no se actualizaron este año. “Un acompañante cobra 180 días tarde, tres mil pesos por hora. Están buscando trabajo todo el tiempo. Los hogares o centros de día están por cerrar, haciendo rifas, con deudas en la AFIP, que les dio plazo hasta el 30 de junio”, explicó Arroyo.

Javier Milei, en minoría

El proyecto aprobado contempla indexar las prestaciones por el índice de movilidad jubilatoria, que contempla la inflación. Se incluye una compensación con retroactividad a noviembre de 2023, en función de la evolución de precios que hubo desde esa fecha. Además de los pagos que realiza el Estado (a través de Incluir Salud), la iniciativa involucra a las obras sociales y prepagas que siguen los valores de la Andis. No toca los beneficios que otorgan en las provincias.

El texto que debatirá el Senado contempla además una revisión de las pensiones por discapacidad, que el Gobierno dejó sujetas a una auditoría que nunca finalizó. “Eligieron hacerla mal. Hay que ir a ver al médico y a las localidades que dieron prestaciones por encima del promedio. Pero no desacomodar la vida de la gente. Terminemos con el experimento: no hagamos ensayo y error. El Estado no puede maltratar. Un funcionario de esta área tiene que tener humanidad”, reclamó Arroyo.

La iniciativa aprobada también crea una pensión no contributiva por discapacidad para protección social, con un haber equivalente al 70% de la jubilación más baja. Sólo se cortaría el beneficio si perciben ingresos equivalentes a dos salarios mínimos. Se suma un aporte similar a personas con estas condiciones mayores de 70 años.

Estos beneficios tuvieron rechazos de sectores de la oposición, pero la cantidad de ausentes permitieron que fueran aprobados. También se agregaron artículos para garantizar las auditorías con mayores precisiones.

Después de un largo debate, prosperó un apartado propuesto radicales Natalia Sarapura y Martín Tetaz (UCR) y Martín Maquieyra (PRO) para incorporar un sistema de inclusión laboral con rebaja a las contribuciones patronales por contratar personas con discapacidad. Los sindicalistas de UP lo rechazaron, pero no tuvieron compañía plena de su bancada y el artículo fue aprobado.

Entre los objetos del proyecto se encuentran garantizar el funcionamiento de la Andis, actualizar la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente; y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816), que están congelados en 28 mil pesos por mes.

Oficialismo en minoría

Los bloques aliados se mostraron incómodos con el debate y en varias ocasiones dejaron en soledad a La Libertad Avanza. Por caso, la indexación de las prestaciones tuvo apoyo de la totalidad de las fuerzas durante el debate, a excepción del oficialismo. “No hubo actualización este año. El responsable es el Gobierno. No puede estar 90 días un prestador esperando. Tiene que haber un control”, sostuvo Luis Picat, radical del bloque Liga del Interior, aliado de Milei.

Al cierre del debate el fueguino Santiago Pauli, de LLA, defendió el ajuste. "En 2024, bajaron 18%; en 2023 un 100%. Ustedes fundieron a los prestadores. No es serio", le dijo a Unión por la Patria.

El oficialismo justificó los recortes en la cantidad de pensiones otorgadas durante el kirchnerismo. "Quieren cargarle a este Gobierno el desastre que ocasionaron: había 77 mil pensiones en 2023, 1 millón 155 mil en 2015 y con Alberto Fernández se agregaron 300 mil. Hubo un fraude de 3400 millones de dólares solamente en 2023", sostuvo Lilia Lemoine.

El PRO también cuestionó la cantidad de pensiones de las últimas décadas, pero le exigió a Spagnuolo hacer una revisión certera y terminar de una buena vez. "Esa auditoría tiene que hacerse bien no puede haber errores", sostuvo Martín Maquieyra. El peronista Pablo Yedlin aportó un dato: "La auditoría la está haciendo el PAMI. ¿Los afiliados lo autorizaron?", preguntó.

Como era de esperar, la campaña electoral se sumó a la sesión: Pablo Juliano, de DPS, reprochó la ausencia del libertario José Luis Espert. "¿Con qué cara van a salir a pedir el voto para octubre en la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué clase de política queremos construir? ¿Hasta dónde llega el jueguito de la motosierra? No es gracioso que lo pague un padre, una madre, una abuela que tienen que lidiar con una criatura discapacitada. No vale todo", cerró el radical.

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