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Dólar colchón: La Libertad Avanza patea el debate una semana porque faltan firmas para dictaminar

El oficialismo no tiene avales en la comisión de Presupuesto, donde es clave el respaldo del bloque de Martín Lousteau. Las opciones.

La Libertad Avanza patea una semana el debate en la Cámara de Diputados del proyecto de "inocencia fiscal", que permite usar el dólar no declarado para gastos corrientes. La demora se debe a que no están las firmas necesarias para dictaminar en la comisión de Presupuesto, que tendrá a cargo la discusión junto a la de Legislación General y la de Legislación Penal.

Presupuesto es la comisión "tapón" de la cámara, porque es el filtro de los proyectos que implican gastos e ingresos. La preside José Luis Espert, quien sólo la convoca por instrucciones del Gobierno o en caso de ser emplazado en el recinto. Tiene 49 miembros y son necesarios 25 para tener una mayoría.

Es difícil que el oficialismo alcance ese número ya que hay vocales que migraron de bloques aliados a díscolos como Fernando Carbajal y Mariela Coletta, radicales que integran Democracia Para Siempre, la bancada identificada con Facundo Manes y Martín Lousteau. Integra la lista gris Paula Oliveto (Coalición Cívica) y Nicolás Massot (Encuentro Federal).

Ese grupo pedirá explicaciones para avalar la iniciativa. El Gobierno necesita que, al menos, firmen dictámenes de minoría o en disidencia para trasladar el debate al recinto, donde podrían ser firmados. La adhesión de varias provincias vaticina una mayoría similar a la que hubo para aprobar el acuerdo con el FMI.

Dólar pisado

Antes de llevar el proyecto al recinto es necesario dictaminar. Un debate reglamentario repetido es qué ocurriría si en una de las comisiones no reúna la mitad más uno de las firmas, pero entre las que conforman el plenario si hubiese una mayoría. Una parte de la biblioteca indica que no sería válido el despacho porque una de las comisiones no registraría el cuórum.

Para no caer en esa discusión, el oficialismo quiere escuchar propuestas de la oposición para sumar firmas. En DPS todavía no dan señales de colaborar: Fernando Carbajal prepara esta semana un informe jurídico del proyecto; y Danya Tavela, otro técnico. Los primeros borradores que intercambiaron generan dudas sobre el "afloje" de los mecanismos de detección de evasores.

En Encuentro Federal no cayó bien que el proyecto incluyera un capítulo de la iniciativa de Oscar Carreño sobre regulación de activos, que había sido dictaminada como parte de un acuerdo para que avanzara la ley "antimafia", impulsada por Patricia Bullrich.

El debate tendrá tres coordinadores oficialistas: además de Espert, se sentarán sobre el estrado la bullrichista Laura Rodríguez Machado (presidenta de Legislación Penal) y el libertario Santiago Santurio, a cargo de Legislación General. Son 111 miembros y serían necesarias 56 firmas totales para ser válidos, con la salvedad de que en todas deberían existir la mitad más uno de los miembros tomando alguna posición.

Inocencia fiscal

El proyecto propone modificaciones en la Ley Penal Económica y en el procedimiento tributario para limitar la persecución penal a contribuyentes. Una de las claves es la reducción del plazo de prescripción de delitos de evasión tributaria a tres años, con la posibilidad de que baje a dos durante el mandato presidencial.

También se modifica el piso a partir del cual se establece el delito de evasión simple: sube de $ 1,5 millones a $ 100 millones, un cambio que en toda la oposición consideran razonable, a excepción de UP. También se eleva el umbral del delito de evasión agravada, de $ 15 millones a $ 1000 millones, y por utilización de personas interpuestas y utilización fraudulenta de exenciones, de $2.000.000 a $200.000.000.

La iniciativa, además, modifica el delito de utilización de facturas o documentos apócrifos: pasa de $1.500.000 a $100.000.000. Se toma a la misma cifra para el delito de aprovechamiento Indebido de beneficios fiscales monto.

En el caso de los delitos de la Seguridad Social la evasión simple pasa de $200.000 a $7.000.000; agravada de $1.000.000 a $35.000.000. Para el delito de apropiación indebida se eleva de $100.000 a $3.000.000 millones.

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