El prefecto de la ESMA que huyó a Brasil y se convirtió en pastor evangélico fue declarado culpable de 178 capturas. Le dieron 16 años y ocho meses de prisión.
De nada le sirvió a Gonzalo Sánchez, represor de la ESMA en la dictadura, ser el “mejor ingeniero naval de Argentina, quizá de Suramérica”, como lo definió su hijo. Tampoco, fugarse a Brasil, construir una nueva vida, convertirse en pastor evangélico y “transmitir la palabra de Dios”. Medio siglo después del golpe del 76, todo su pasado le cayó encima.
El Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires lo condenó a 16 años y ocho meses de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. La Justicia argentina consideró probado que “Chispa”, como se hacía llamar en el centro clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada, fue parte de la patota que secuestró al periodista y militante Rodolfo Walsh (el resto de ese grupo ya había sido condenado) y otras 177 personas.
El fallo fue dictado por unanimidad por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Germán Castelli. Además del encierro, le impusieron la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Sánchez fue, entre mediados de la década del 70 y mediados de la del 80, agente de Inteligencia de Prefectura naval.
Tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas habían solicitado una pena de 25 años de prisión. A simple vista, resulta llamativo el monto de la pena. Años atrás, el mismo tribunal impuso una condena de 15 años de prisión a un represor –Mario Sandoval– por el secuestro de una sola persona, Hernán Abriata. “Se supone que deberían fallar acorde a la extensión del daño. Una víctima no es lo mismo que 178, pero bueno, esperaremos los fundamentos”, indicaron fuentes de las querellas. Los fundamentos se conocerán el 22 de octubre.
El juicio, noveno tramo de la megacausa ESMA, comenzó el 22 de octubre de 2025 y tuvo a Sánchez como único acusado. Entre los casos examinados estuvieron los secuestros de Walsh, Norma Arrostito, Dagmar Hagelin, Patricia Roisinblit y Carlos Poblete. Diecinueve de las víctimas están relacionadas con las búsquedas de Abuelas de Plaza de Mayo.
“De la prueba producida en este juicio podemos afirmar, sin ninguna duda, que Sánchez integró el Grupo de Tareas 3.3.2 y que actuó en el centro clandestino que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada, bajo el apodo de Chispa u Omar”, sostuvo el fiscal Félix Crous durante su alegato.
Sánchez ingresó en la Prefectura Naval Argentina a los 23 años, el 1° de enero de 1975. Aunque pertenecía al escalafón técnico general como constructor naval, pronto fue destinado al área de inteligencia.
Durante 1977 realizó y aprobó el curso de ingreso al Servicio de Inteligencia Naval, área a la que se sumó completamente en 1978. La Prefectura dispuso su baja a partir del 1° de junio de 1985. Para entonces, su legajo acumulaba elogios. Sus superiores lo describían como un miembro “sumamente valioso, disciplinado, criterioso y siempre dispuesto a cumplir con su deber”, describió el fiscal Crous durante el alegato de juicio. Entre sus calificaciones, Crous remarcó que los superiores de Sánchez destacaban “su vocación de servicio, su capacidad para integrar equipos y su estabilidad emocional frente a situaciones de riesgo”.
Entre sus evaluadores figuran el represor Héctor Febres, quien supo resaltar de Sánchez sus “excelentes condiciones” para las funciones policiales y operativas. Para la estructura represiva era, en síntesis, un hombre confiable.
Aquellas calificaciones adquirieron otro significado durante el juicio. La fiscalía señaló que la inteligencia de la Armada y la Prefectura resultaba indispensable para identificar a quienes eran considerados “elementos subversivos”, reunir información sobre ellos y organizar los operativos destinados a secuestrarlos y eliminarlos.
Los procedimientos dependían de la información que circulaba dentro de la denominada “comunidad informativa”, de la que Sánchez, como agente de inteligencia, formaba parte.
El destino de Sánchez en la ESMA no aparece consignado en su legajo. Tampoco figuró en los documentos administrativos de otros prefectos que integraron el Grupo de Tareas 3.3.2, como Juan Antonio Azic y Jorge Manuel Díaz Smith. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que su pertenencia a la estructura represiva quedó demostrada mediante documentos, testimonios y reconocimientos oficiales de la propia Armada.
Al menos 33 sobrevivientes dieron cuenta de su presencia y de las funciones que cumplió en el centro clandestino. Sus testimonios, de manera presencial o incorporados por lectura, formaron parte de la prueba producida durante el juicio en su contra. Sánchez tenía acceso al sótano, El Dorado, Capucha, Capuchita y La Pecera. Graciela Daleo, Ricardo Coquet, Ana María Martí, Miriam Lewin, Víctor Basterra, Carlos Lordkipanidse, Silvia labayru, Susana Burgos, Miguel Ángel Lauletta, Carlos Muñoz, Carlos Loza, Andrés Castillo y otros sobrevivientes lo ubicaron en distintos sectores.
Pasaba buena parte de su tiempo en el sótano, donde funcionaban las salas de tortura, pero circulaba por toda la ESMA. También subía a Capuchita y hablaba con prisioneros como Pablo Míguez, que tenía 14 años cuando fue secuestrado y continúa desaparecido. A Graciela García Romero, mientras permanecía cautiva, le enseñaba cómo se construía un barco. También le contó sobre los vuelos de la muerte.
Horacio Maggio lo mencionó en una de las cartas que escribió después de escapar de la ESMA. Lo describió como un oficial de Prefectura, ingeniero naval, que utilizaba los apodos “Chispa” u “Omar”.
La fiscalía sostuvo que actuaba como enlace entre el Grupo de Tareas y el servicio de inteligencia de la Prefectura. Así lo habían reconocido los represores Jorge “Tigre” Acosta y Roberto “Federico” González, con quien el recien condenado se conocía desde la escuela secundaria.
Otra prueba fue la resolución secreta 745 de 1978, entregada por el médico de la Armada y partero de la maternidad clandestina de la ESMA Carlos Capdevila, que contiene los nombres de quienes fueron condecorados por la fuerza por haber participado en “operaciones reales de combate”. Entre todo el personal distinguido aparecían solamente dos oficiales de Prefectura: Febres y Sánchez.
A esa documentación se sumó la lista de integrantes del grupo de tareas confeccionada por Ricardo Coquet a pedido de Acosta para organizar aquellas condecoraciones y entregada a la Justicia en febrero de 1987.
Los testimonios reconstruyeron el papel operativo de Sánchez. Sara Solarz de Osatinsky contó que él mismo se presentó ante ella, en medio de su sesión de tortura. “Yo soy uno de los que te secuestró”, le dijo. Susana Burgos recibió una confesión similar. Ana “Rosita” Soffiantini reconoció a “Chispa” entre sus secuestradores. También declaró que “Chispa” había intervenido en el operativo contra Walsh, al igual que Martín Grass. Sus testimonios fueron la base de la causa que empujó a la Justicia argentina a buscar a Sánchez.
Martín Gras, Miguel Ángel Lauletta, Ricardo Coquet, Lidia Veyra y otros sobrevivientes lo ubicaron participando regularmente en procedimientos destinados a capturar personas, pero los testimonios también lo colocaron en sesiones de tortura. María Eva Bernst recordó a Sánchez como uno de sus torturadores, al igual que Elisa Tokar.
Lauletta relató que, en una oportunidad, Sánchez se le acercó llorando y le dijo que lo habían obligado a torturar a una persona. “Yo no estudié para eso, estudié para construir barcos”, se lamentó. Según el sobreviviente, aquella fue la última vez que lo vio llorar: después continuó torturando e interrogando.
Su intervención no terminaba dentro de la ESMA. Según declararon los sobrevivientes, “Chispa” integró las patotas que los controlaron en el período de “libertad vigilada” al que fueron sometidos. Controló a Daleo durante una visita a la casa de una tía. Llevaba a Burgos hasta Mar del Plata para que pudiera ver a su hija pequeña. Vieyra denunció, además, que Sánchez habría cometido delitos sexuales contra una compañera cautiva en una de las quintas utilizadas por el grupo de tareas.
Sánchez vivía en Brasil desde principios de los años 2000. Figura en la causa que lo investigó por el secuestro y el asesinato de Rodolfo Walsh una breve intervención suya: designó como abogado defensor a Gonzalo Torres de Tolosa, quien años después sería condenado por crímenes de lesa humanidad en ESMA.
En 2005, cuando el juez Sergio Torres lo citó a indagatoria, no lo encontró. Lo declaró en rebeldía, pero Sánchez andaba ocupado inventándose una vida nueva en la zona de la Costa verde de Río de Janeiro, donde volvió a ejercer su profesión de ingeniero naval y participó de la creación de un importante astillero. En 2009 se emitió una notificación roja de Interpol.
La primera detención se produjo el 7 de febrero de 2013, cuando la Policía Federal brasileña e Interpol lo encontraron en Paraty. Dio su verdadero nombre y no ofreció resistencia. Mientras se tramitaba la extradición solicitó asilo político, pero el pedido fue rechazado. En 2016 obtuvo prisión domiciliaria, que terminó violando a la espera del avance del expediente. Un año después, el Supremo Tribunal Federal brasileño autorizó parcialmente su extradición parcialmente: sólo permitió que fuera juzgado por delitos de privación ilegítima de la libertad, pese a las pruebas sobre torturas y asesinatos. De allí que aquí solo haya sido condenado por esos crímenes.
A principios de 2020, cuando la Policía Federal fue a buscarlo, Sánchez había vuelto a fugarse. Interpol organizó entonces un operativo que se extendió durante tres meses. Los investigadores siguieron a integrantes de su entorno familiar y religioso: para ese momento, el exintegrante del grupo de tareas era pastor evangélico en una congregación llamada Ministerio Vida.
El 11 de mayo de 2020, los agentes supieron que varias personas cercanas a Sánchez, entre ellas su hijo de siete años, viajaban hacia Taquari, una zona rural de Paraty. Lo encontraron en una casa, acompañado por familiares y allegados. Nuevamente fue detenido sin resistencia.
Tres días después, ante la ausencia de vuelos comerciales entre ambos países, un avión de la Policía Federal brasileña lo trasladó hasta Foz do Iguaçu. El 14 de mayo fue entregado a las autoridades argentinas en Puerto Iguazú y llevado a Buenos Aires. Entre las autoridades del gobierno argentino que coordinaron la entrega estuvo Ezequiel Rochistein Tauro, hijo de detenidos-desaparecidos, nacido en la ESMA y apropiado por el agente de Inteligencia de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento. Tras años de resistencia, Ezequiel se sometió al análisis genético y restituyó su identidad en 2010. En 2020 era funcionario del Ministerio de Seguridad nacional.
Uno de los testigos de la defensa de Sánchez fue su hijo mayor. Santiago debió presentarse con nombre y apellido que, casualmente, es el de su madre. “La vida misma: tuve un distanciamiento con él y luego nos volvimos a reencontrar”, explicó cuando la Fiscalía le preguntó por qué no usaba el apellido paterno.
Contó que su padre había sido gerente de una flota pesquera en Buenos Aires, ingeniero naval, profesor de la Escuela Nacional de Pesca de Mar del Plata y fundador de un astillero en Paraty. También explicó que era pastor evangélico en Brasil y que lo seguía siendo ahora, en la unidad penal 34 de Campo de Mayo, donde permanece encerrado desde su extradición.
Antes del veredicto, Sánchez dijo que deseaba “finalizar esta etapa que tanto dolor le causa" a su familia. Insistió en que jamás había lastimado a nadie.
“Jamás le hice daño a nadie, absolutamente a nadie”, sostuvo. Inmediatamente después agregó: “No obstante, por todo lo que se ha expuesto, me obligo a pedir disculpas, a pedir perdón”. El tribunal no le creyó.
